El Parlamento griego aprobó la madrugada de este viernes la nueva ley de asilo del Gobierno conservador, que pretende acelerar los exámenes de asilo y las devoluciones a países de origen, y ha generado una ola de críticas entre las organizaciones sociales por las trabas que pone para obtener protección internacional.
“La ley de asilo envía un mensaje claro a aquellos que saben que no tienen derecho al asilo pero intentan ingresar a nuestro país: Volverán a su tierra”, afirmó el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, que hizo hincapié en que “abrir las puertas” no es una opción.
Tanto el análisis de las peticiones de asilo como las devoluciones enmarcadas en el acuerdo conjunto Unión Europea (UE)-Turquía de marzo de 2016 se hacen de forma muy lenta y, en ocasiones, han estado bloqueadas, lo que ha complicado el proceso y dejado a miles de personas esperando una decisión.
Con esta ley, el Gobierno quiere disuadir a los llamados “migrantes económicos” para agilizar el proceso de los que sí califican para recibir asilo.
Desde marzo de 2016 hasta ahora se han realizado cerca de 2.000 devoluciones a Turquía. El Gobierno de Mitsotakis ha prometido deportar a 10.000 personas hasta finales de 2020 para descongestionar las islas. En septiembre devolvieron 7 personas.
Una disposición de la Ley muy relacionada con las expulsiones es la creación, por primera vez en Grecia, de una lista de “terceros países seguros”.
Aún no se conoce cuáles estarán incluidos aunque sí que prevé que otorguen “protección adecuada” a las personas que se envíen desde Grecia en lugar de “protección efectiva”, como se define en el derecho internacional. Varias ONG han mostrado su preocupación por que esta diferencia no garantice la seguridad de los trasladados.
Además, se rechazan las demandas de asilo presentadas antes de marzo de 2016 aún pendientes de resolverse. Sólo se examinarán si los demandantes confirman que siguen interesados en recibir protección internacional en Grecia en un plazo de 6 meses.
Según el Servicio de Asilo griego, en los primeros 8 meses del año más de 11.100 personas recibieron el estatus de refugiados o la protección subsidiaria en Grecia. Desde 2015, unas 45.300 personas han visto aceptadas sus demandas de asilo.
El ministro de Protección Ciudadana, Mijalis Jrisojoidis, de cuyo ministerio depende la gestión migratoria, explicó hoy en el Parlamento que la reforma es necesaria porque hay 70.000 solicitudes de asilo pendientes de ser examinadas y que el proceso toma unos dos años y medio en completarse. Además hay 14.000 apelaciones por examinar y este trámite tarda también más de dos años.
Aunque muchas organizaciones sociales coinciden en que se debe agilizar el proceso de examen de las demandas, se ha criticado que las medidas introducidas desprotegen a los demandantes por ser especialmente punitivas y facilitar que se rechacen casos sin ser completamente estudiados.
Mitsotakis defendió en el Parlamento que esta reforma es la primera ley compacta sobre protección internacional que reúne leyes, un decreto presidencial y distintas disposiciones y directivas al tiempo que las armoniza con el derecho comunitario.
Desde que fue elegido en julio, el Gobierno conservador ha insistido en que el problema que enfrenta Grecia viene de “presiones migratorias” y no por llegadas de refugiados o personas con derecho a este tipo de protección. Sin embargo, la mayoría de las acogidas tras desembarcar en el Egeo provienen de Afganistán (37 %), Siria (19 %) e Irak (8 %).
En este momento hay más de 35.000 migrantes y refugiados viviendo en las islas del Egeo en lugares con capacidad para acoger a unas 7.000. Más de 10.000 llegaron sólo en el pasado mes de septiembre.
Los que llegaron este verano también son mayoritariamente afganos y sirios, presumiblemente por el aumento de la tensión e inestabilidad en dichos países.
A este respecto las decisiones de Turquía son especialmente delicadas para Grecia, sobre todo después de que su presidente, Recep Tayyip Erdogan, amenazase con que si la UE o sus Estados miembros criticaban su operación en Siria daría por terminada la declaración conjunta y permitiría a unos 3,6 millones de personas llegar a territorio europeo.
Aunque el gran éxito de la declaración fue la reducción drástica de llegadas a las costas griegas, en los últimos meses estas han aumentado exponencialmente hasta las 10.000 del pasado septiembre.
“El tiempo apremia. Estamos corriendo contrarreloj porque no paran de llegar embarcaciones a las islas. Con el paso de los días llegan más y más, porque así lo ha decidido el país vecino”, aseguró Jrisojoidis. Ana Mora Segura