Carmen Rodríguez-Medel es el nombre de la jueza que investigará el máster falso de Cristina Cifuentes. Ha ordenado ya que le envíen toda la documentación e interrogará como imputado al responsable del Instituto en el que se impartía, Enrique Álvarez Conde. También ha pedido que declaren como testigos tres profesores y todos los alumnos que se sacaron el máster con las notas convalidadas con un acta falsificada. Todos menos la expresidenta madrileña, cuya citación queda a expensas de cómo avance esta primera fase de la investigación.
La jueza es titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid. Ahí ha ido a parar la investigación, hasta ahora en manos de la Fiscalía de Móstoles, que ha decidió en la mañana del viernes desprenderse del caso. El argumento es que al haber una investigación abierta por un juez, la Fiscalía tiene que apartarse para evitar una “duplicidad”.
Lo cierto es que la Fiscalía de Móstoles apenas ha practicado diligencias sobre este caso desde que se hizo cargo de él. Recibió una denuncia de asociaciones universitarias el pasado 22 de marzo, pero no la admitió a trámite hasta el 5 de abril, el mismo día que el rectorado de la Universidad anunció que iba a trasladarle documentación tras haber advertido irregularidades en el máster.
Desde entonces, la Fiscalía solo ha interrogado a una de las tres profesoras que firmaron el acta de evaluación de Trabajo de Fin de Máster de Cristina Cifuentes. Alicia López de los Mozos declaró que no había participado en la evaluación de la expresidenta y que su firma en el documento estaba falsificada. La Fiscalía ha intentado interrogar a las otras dos integrantes del tribunal evaluador, Cecilia Rosado y Clara Souto, pero no lo ha conseguido porque alegan estar de baja médica.
Según fuentes de la investigación, ya se ha encargado un informe pericial a los médicos que firmaron esas bajas. Mientras tanto, la Fiscalía no ha ordenado ninguna de las diligencias que le pedía la denuncia de las asociaciones. Ahora es la jueza quien ha reactivado esa investigación con la imputación de Enrique Álvarez Conde, el antiguo responsable del Instituto de Derecho Público, en el que se impartió el máster, en el mismo auto por el que admite la denuncia. Ese documento tiene fecha de 22 de abril, cinco días después de que recibiese la denuncia por turno de reparto.
La jueza, que investiga un posible delito de falsedad documental, le escuchará el próximo 6 de junio. Ese día también declara la profesora que ha presentado la denuncia, Ángela Figueruelo, cuya firma aparece en un acta que convalidó las notas de tres asignaturas a una decena de alumnos del máster. Ella sostiene que esa no es su rúbrica, que está falsificada.
Para aclararlo, la jueza ha pedido que se le envíe el documento original. Además interrogará a Alfredo Allué, otro profesor que aparece como firmante pero que negó a eldiario.es que hubiese participado en la convalidación, y a la profesora Laura Nuño, alegó que no lo recordaba y luego presentó su dimisión. Un informe realizado por un perito caligráfico para eldiario.es confirmó que todas las firmas eran falsas, salvo la de Cecilia Rosado.
La magistrada también quiere escuchar a los nueve alumnos que integran esa lista junto a Cristina Cifuentes, todos los que se beneficiaron de la convalidación en tres asignaturas del máster. Entre ellos está José Ignacio Sanz Cerezuela, exgerente entre 2012 y 2014 de la Agencia EFE, que dijo a eldiario.es que no sabe por qué su nombre aparece en esa lista: “Yo no pedí ninguna convalidación y solo se realizan cuando se solicitan [por el alumno]”.
“Yo no he hecho ningún trámite para convalidar asignaturas, no fui nunca al máster, no conozco a los profesores y no realicé los exámenes”, dijo otro de los alumnos, el catedrático de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá José Antonio Gurpequi Palacios. Entre los testigos también está el exconcejal del Ayuntamiento de Madrid Pedro Calvo, que reconoció que ni había ido a clase, ni había obtenido el máster. La jueza les escuchará a todos después de analizar sus expedientes académicos, que ya ha reclamado a la Universidad.
A partir de ahí, la magistrada tendrá que decidir si llama a declarar a Cristina Cifuentes, y en calidad de qué lo hace. Por ahora es la única alumna del máster que no ha sido citada como testigo. En caso de la jueza entienda que tiene que ser imputada, no podrá hacerlo ella misma, porque la expresidenta mantiene por el momento su acta de diputada en la Asamblea de Madrid, y por tanto sigue aforada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Si una vez que ha acabado esta primera fase de la investigación, la jueza entiende que debe imputarse a Cifuentes y esta continúa siendo diputada, tendrá que elevar un escrito a ese tribunal. Pero para eso habrá que esperar a si las diligencias e interrogatorios aclaran por qué se convalidaron tres asignaturas con firmas falsas a una decena de alumnos, muchos de ellos vinculados al PP, para facilitar que aprobasen el máster.