Juan Ignacio Campos, el fiscal que aplazó su jubilación para investigar al rey emérito

Juan Ignacio Campos (Ciudad Real, 1950) acudió este miércoles a su puesto de trabajo en la Fiscalía General del Estado en su sede de la calle Fortuny de Madrid. El teniente fiscal del Tribunal Supremo se había reincorporado al Ministerio Público hace varias semanas después de recaer del cáncer que arrastraba desde hace años y que, recientemente, le había llevado al quirófano. Él mismo se permitía bromear con la gente sobre el peso que había perdido en los últimos tiempos y no había dejado de acudir a sus citas con el Consejo Fiscal o en unas jornadas sobre criminalidad informática en la Dirección General de la Guardia Civil.

Campos era uno de los fiscales de mayor confianza de Dolores Delgado y de los más respetados del Tribunal Supremo, adonde llegó en 1996 después de pasar por Barcelona, Madrid y la secretaría técnica. Asociado a la Unión Progresista, como la Fiscal General, con sus 71 años recién cumplidos era uno de los más veteranos del escalafón del Ministerio Público junto con Pilar Fernández, José Ramón Noreña o Bartolomé Vargas y desde 2012 se encargaba de los delitos económicos. Con su perfil discreto y alejado de los micrófonos dejó su huella en algunos de los casos de corrupción que han monopolizado las portadas en la última década.

Fue Juan Ignacio Campos, por ejemplo, quien alzó la voz ante la sala de lo penal del Supremo en 2014 para denunciar el “buenismo”, dijo, de la primera sentencia del caso Malaya, la corrupción masiva del ladrillo marbellí. El tribunal le hizo caso y aumentó la condena de Juan Antonio Roca, el cabecilla de la trama. Interrogó a la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Cinco años antes, en los albores del caso Gürtel, fue él quien preguntó al entonces senador Luis Bárcenas. Bajo su coordinación la Fiscalía pidió al Supremo que confirmara la condena del Partido Popular a título lucrativo en esta trama y solicitó también un aumento de pena para Iñaki Urdangarin por su papel en el caso Nóos. En 1994 fue el fiscal que denunció que el asesinato de Lucrecia Pérez fue un crimen racista, dijo, por ser “extranjera, negra y pobre”.

Su nombre salió de las sombras de la calle Fortuny de Madrid cuando el 8 de junio de 2020 la Fiscalía enviaba un comunicado explicando que el Ministerio Público del Tribunal Supremo se hacía cargo de la investigación a Juan Carlos I y sus comisiones millonarias por el AVE a La Meca que hasta ese momento llevaba Anticorrupción. El comunicado era escueto y explicaba así que Campos había sido puesto al frente del caso: “Al conocimiento exhaustivo de lo que se denomina Derecho penal económico, suma su dilatada experiencia como Fiscal Jefe de una de las secciones penales de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Dada la trascendencia institucional de esta investigación, se designa a quien dentro de la más alta categoría de la carrera fiscal, reúne una extraordinaria cualificación y experiencia”.

Le quedaban entonces unos meses para llegar a la edad de jubilación. Pocos dudaban en la Fiscalía de que era el más indicado para asumir el encargo, y no sólo por su trayectoria en el Ministerio Público. Su aversión a los focos, el protagonismo y los medios - a salir en ellos, no a leerlos - era el perfil idóneo para la investigación: discreto, técnico y al borde de la jubilación, sin necesidad de hacer méritos en la carrera. Durante más de un año mantuvo un secretismo casi hermético sobre lo que hacía y dejaba de hacer con su equipo de fiscales mientras enviaba comisiones rogatorias, pedía documentación, escuchaba con pocas expectativas las explicaciones de Álvaro de Orleans, a quien en Suiza se identifica como testaferro del rey emérito, y lamentaba que unos países colaboraban más y mejor que otros en la causa.

A algunos allegados les contó cómo se quedó petrificado cuando supo de la marcha de Juan Carlos de Borbón, el mismo día que había concertado una cita con su abogado, Javier Sánchez-Junco, con la esperanza de llegar a una acuerdo para que el monarca accediese a una declaración de culpa, pese a que los delitos estuvieran prescritos.

Según su entorno, Campos tenía claro que la triple investigación al emérito ya no daba más de sí, pero su intención y la del equipo de fiscales que le acompañaron en el caso era archivar la investigación sin denuncia al emérito pero dejando por escrito en un informe todas aquellas cosas que escapaban, por los pelos, al derecho penal y un contundente reproche a su conducta. Ese informe, pendiente todavía, estaba previsto para las próximas semanas aunque los fiscales todavía estaban examinando varios gigas de información llegados de las autoridades de Jersey.

Campos y su equipo manejaban dos argumentos principales para vislumbrar el archivo del caso. El primero, que todo lo que ocurriera antes de la abdicación del monarca el 19 de junio de 2014 estaba protegido por el artículo 56.3 de la Constitución Española. El segundo, mucho más controvertido y que critican numerosos expertos en Hacienda, que las sucesivas regularizaciones fiscales presentadas por la defensa del rey emérito para hacer las paces con Hacienda bloqueaban las acusaciones por delito fiscal y fueron regulares. Eso, tras afirmar en una comisión rogatoria la Fiscalía que Juan Carlos I podría haber incurrido en un ramillete de delitos relacionados con la corrupción y que hizo fortuna, aseguraba, con “comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales”.

Los avisos al rey

La investigación que asumió Juan Ignacio Campos se triplicó y pasó del AVE a La Meca a las tarjetas opacas y finalmente a un fondo oculto en la isla de Jersey mientras el rey emérito y su defensa también movían ficha. A lo largo del caso la Fiscalía fue notificando a su defensa, con un grado de concreción desconocido por ahora, la apertura de las distintas investigaciones. El diario El País reveló que habían existido tres avisos por escrito: en junio, en noviembre y en diciembre de 2020. Las dos primeras antes de que el abogado del monarca anunciase la primera regularización de casi 700.000 euros y la tercera con carácter previo al desembolso de 4,4 millones de euros.

La opacidad de las diligencias de la Fiscalía mantienen en el terreno de la incógnita cómo de específicos fueron esos avisos y si pusieron sobre aviso al monarca de por dónde iban los tiros de la investigación. El Tribunal Supremo ha dicho en una sentencia reciente que pagar a Hacienda después de saber que hay una investigación en marcha no exime de ser acusado de un delito fiscal, pero la falta de detalles del caso de Juan Carlos I hace imposible saber qué clase de aviso recibió. Lo que está claro es que para la Fiscalía no hay dudas de que las regularizaciones son correctas toda vez que su intención es archivar el caso.

El equipo que lideraba Juan Ignacio Campos tiene ahora entre sus manos la misión de seguir examinando la documentación llegada de la isla de Jersey y después terminar el informe con el que dará carpetazo a las pesquisas sobre el monarca emérito. Una investigación anormalmente larga en comparación con otros casos de comisiones internacionales llevado por la Fiscalía y en la que el Ministerio Público todavía tiene muchas incógnitas por despejar ante la opinión pública. El último encargo al reputado teniente fiscal es también el que más sombras deja a lo largo de una vida donde se ganó el respeto de toda la carrera.