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La Justicia ordena seguir investigando al exjuez Presencia por sus bulos contra jueces, fiscales y políticos

Fernando Presencia, en una imagen de archivo.

Alberto Pozas


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La Audiencia Nacional investiga desde hace meses la difusión de bulos y denuncias supuestamente falsas del exmagistrado Fernando Presencia y del ultraderechista Santiago Royuela contra fiscales, magistrados y políticos. Recientemente la sala de lo penal ha tomado cartas en el asunto y ha avalado la decisión de abrir la investigación contra Presencia y sus bulos, mientras los investigados han dirigido sus invenciones contra Joaquim Bosch, magistrado de Juezas y Jueces para la Democracia. Después de atribuirle falsamente durante semanas la posesión de cuentas bancarias en paraísos fiscales, ahora han pasado a atribuirle más de estas cuentas falsas con una supuesta “esposa” que es igualmente inventada por los imputados.

Expediente Royuela: un juez prevaricador y un ultraderechista te cuentan lo que nadie quiere que sepas

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El juez Fernando Presencia, antiguo decano de Talavera de la Reina, fue expulsado de la carrera judicial después de ser condenado e inhabilitado dos veces distintas por prevaricación al haber intentado favorecer a amigos y conocidos en distintos casos tramitados en su juzgado de la ciudad toledana. Desde hace años denuncia ser víctima de una persecución por parte de sus antiguos compañeros de la judicatura, de determinados políticos así como por parte de vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y en los últimos tiempos ha unido sus fuerzas a la de los ultraderechistas Alberto y Santiago Royuela, padre e hijo, canalizando algunas de sus denuncias y documentos del conocido como 'Expediente Royuela' acusando sin pruebas a todo tipo de personalidades públicas de tener cuentas bancarias ocultas o, directamente, de participar en una red de asesinatos a gran escala.

Uno de los magistrados del juzgado 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, finalmente abrió diligencias el pasado mes de junio tras una denuncia de la Fiscalía e investiga desde entonces la difusión masiva de estas informaciones falsas de Presencia y Royuela sobre magistrados, fiscales y políticos por posibles delitos de injurias o calumnias y otro más contra las altas instituciones del Estado. El juez ordenó, además, el cierre de la página web de su asociación ACODAP y encargó un análisis de las donaciones que supuestamente recibe de sus seguidores para luchar contra la corrupción que denuncia.

En su última batería de denuncias y notas de prensa, Presencia ha cargado contra prácticamente toda la sala de lo penal del Tribunal Supremo –que tiene que tomar una decisión sobre una condena de cárcel del exmagistrado– así como contra el juez Gadea que le investiga y, sobre todo, contra la exfiscal general Dolores Delgado y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. A estos últimos les acusan no solo de tener dinero oculto en paraísos fiscales, sino de participar de una red de asesinos que durante años han acabado en secreto con la vida de cientos de personas. Las pruebas que presentan siempre son las mismas: extractos bancarios y notas manuscritas de procedencia desconocida.

Presencia recurrió ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional la decisión de abrir una causa contra él tras las denuncias de la Fiscalía y los magistrados del Tribunal Supremo, y los magistrados acaban de rechazar el recurso. Tras analizar la documentación, los magistrados destacan la “plena acomodación a la legalidad” de las actuaciones contra él y rechazan todos sus argumentos: que se vulnera su libertad de expresión y la normativa sobre denunciantes de corrupción, que las medidas cautelares que pesan sobre su asociación son nulas y, finalmente, que en todo caso la causa debe estudiarse por la jurisdicción civil y no por la penal.

En las últimas semanas distintos afectados por estas notas de prensa, denuncias y comunicados –que ahora difunden, sobre todo, a través de distintos canales de Telegram– se han personado como potenciales perjudicados en esta causa, apuntando tanto a Fernando Presencia y su asociación como al canal de difusión de los documentos que, supuestamente, proceden de Santiago Royuela. Un Santiago Royuela que, según fuentes del caso, no ha comparecido por el momento ante el juez Gadea: tal y como explica él mismo en su canal de YouTube, se ha ido al Líbano, país con el que España no tiene convenio de extradición. “En el exilio y protegiéndome de la narcocélula terrorista que nos quiere encausar en la Audiencia Nacional”, explicó.

Uno de sus últimos objetivos ha sido el magistrado Joaquim Bosch Grau. Con gran exposición mediática y un perfil progresista asociado, entre otras cosas, a la asociación Juezas y Jueces para la Democracia a la que pertenece y de la que ha sido portavoz a nivel nacional, Bosch se ha personado en la causa abierta en la Audiencia Nacional para exigir responsabilidades por estas afirmaciones que, entre otras cosas, le atribuyen falsamente y sin ningún dato una cuenta bancaria en el extranjero. Se lo atribuyen, además, de forma conjunta con una pareja que tampoco existe.

Denunciante de corrupción

Desde hace más de un año, Fernando Presencia y su Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP) presenta denuncias y emite comunicados alertando tanto del hallazgo de cuentas bancarias en el extranjero de personalidades públicas que, por norma general, le han perjudicado en el pasado, así como también sobre la supuesta pertenencia de juristas como José María Mena o Dolores Delgado a un grupo de asesinos responsables de cientos de muertes clandestinas en España.

Lo hace a través de esta asociación, investigada ahora por la Audiencia Nacional, y alegan que se trata de una acción de denuncia de corrupción protegida, entre otras cosas por la directiva europea de 2019 que llama a defender a los 'whistleblowers' o denunciantes de corrupción.

Para la Audiencia Nacional, esta directiva “tampoco resulta aplicable al caso” ya que, entiende, precisamente a través de esta investigación “se descubrirá o no la conducta presuntamente típica del denunciado, sin que pueda ser considerado de inicio ”alertador“ de casos de corrupción”.

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