“La defensa de nuestro sistema judicial no es una cuestión privada, es una cuestión de Estado”. El presidente del Gobierno ha zanjado el debate sobre la asunción por parte del Estado de la defensa en Bélgica del magistrado Pablo Llarena por la demanda interpuesta por Carles Puigdemont. Pedro Sánchez ha asegurado que “no es una cuestión de defender a un juez u otro juez con nombres y apellidos” sino que el “Estado tiene que atender su soberanía jurisdiccional”.
Varios días después de que se desatara la polémica por el anuncio del Ministerio de Justicia de que no asumiría la defensa del magistrado del procés en Bélgica por la demanda presentada por Carles Puigdemont y a miles de kilómetros, Sánchez ha confirmado el giro del Gobierno: “El Estado tiene que atender su soberanía jurisdiccional cuando esta se ve puesta en cuestión. Desde el primer momento, el Gobierno ha tenido claro que no es una cuestión privada sino que es una cuestión de Estado”.
La defensa de Llarena ante la demanda presentada en Bélgica por Carles Puigdemont y cuatro exconsellers de su Govern ha sido objeto de polémica para el Gobierno de Sánchez. En un inicio, el Ministerio de Justicia aseguró que estaba preparando las actuaciones para proteger la “jurisdicción española en la causa penal abierta por el procés”, pero subrayaba que la contratación de un despacho de abogados belga “en ningún caso” supondría la defensa del magistrado “por los actos privados que se le atribuyen”. Así lo hizo en un comunicado el pasado jueves en el que aseguraba que “la demanda presentada incluye referencias a expresiones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar”. Esa línea fue la que defendió la vicepresidenta, Carmen Calvo, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministras.
Tras la jornada de reflexión del Ejecutivo en la finca toledana de Quintos de Mora y múltiples críticas, fundamentalmente del mundo judicial y de la derecha política, el Gobierno matizó sus palabras en un comunicado ambiguo emitido el domingo desde Presidencia del Gobierno en el que incluía a Llarena en las actuaciones que ya había emprendido para la defensa del Estado ante la demanda de Puigdemont. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, fue más clara en una entrevista en RNE en la que abrió la puerta a defender al magistrado en sus “actos privados”.
En Moncloa admiten la incomodidad que ha generado la situación y ha dejado en manos del presidente cerrar la discusión. Sánchez ha asegurado, además, que el Gobierno “escucha” y lo que ha hecho es atender a los requerimientos que ha ido haciendo el Consejo del Poder Judicial.
La decisión del Gobierno de defender a Llarena ha levantado suspicacias en los aliados parlamentarios de Sánchez (Unidos Podemos, ERC y PCeCAT). “Sentaría un precedente gravísimo”, expresó el expresident catalán.
Los independentistas catalanes también han criticado la decisión de la Fiscalía de investigar a los Mossos que identificaron a personas que eliminaron lazos amarillos en Catalunya. Sánchez ha defendido esa actuación del Ministerio Público al considerar que “está obligada a pedir esa información” y ha subrayaso su respeto a la “autonomía” de los fiscales.
Consejos de Ministras en Barcelona y Andalucía
De hecho, ha acusado a las fuerzas independentistas de “confundir a la ciudadanía” al “aprovechar el lógico desconocimiento de los ciudadanos del proceder de los fiscales”.
En una rueda de prensa en Santiago de Chile en la que el presidente y su homólogo chileno, Sebastián Piñera, han aceptado cuatro preguntas de los periodistas, Sánchez ha reivindicado que tiene un proyecto para Catalunya así como la defensa de su autogobierno. El presidente ha anunciado que una de sus medidas para acercarse a los problemas de los ciudadanos será la celebración de un Consejo de Ministras en Barcelona y otro en Andalucía en los próximos meses. Su compromiso es que ambos se celebren antes de que termine el año.
Preguntado por el plazo que está dispuesto a prorrogar los presupuestos de Mariano Rajoy sin tener las cuentas públicas de 2019, Sánchez ha evitado concretar y ha asegurado que lo importante no es el tiempo que correrá hasta que se apruebe la modificación de la ley de estabilidad que ha pactado con Unidos Podemos para cabr con la “anomalía” de que el Senado tenga en este caso capacidad de veto sobre el Congreso sino que salga adelante la nueva senda de déficit para que haya una mayor flexibilidad de gasto del previsto por el Gobierno del PP.
Sánchez ha comparecido junto a su homólogo chileno, Sebastián Piñera, apenas tres horas después de aterrizar en Santiago, primera parada de la gira que ha emprendido por Latinoamérica y que le llevará en los próximos cuatro días a Bolivia, Colombia y Costa Rica.
Sánchez aboga por “un diálogo entre venezolanos”
A su llegada al aeropuerto internacional, Sánchez ha sido recibido con honores, al igual que en el Palacio de la Moneda, sede del Gobierno en la que se ha reunido con Piñera durante una hora aproximadamente antes de compartir una cena oficial. El presidente chileno ha bromeado sobre el breve tiempo que Sánchez lleva en Moncloa y su aspecto físico: “Cuando termine su mandato va a poder ver que gobernar es una actividad (...) que deja huella, pero vale la pena”.
Ambos mandatarios han sellado acuerdos en materia de educación -los títulos universitarios serán reconocidos en ambos países y se potenciarán los intercambios de estudiantes- y España ayudará a Chile en desarrollo de ciberseguridad, según han anunciado.
Además, Sánchez ha hecho una mención especial a la comunidad española que vive en Chile -se reunirá este martes con representantes así como con empresarios- y ha agradecido al país que acogiera a los emigrantes durante la crisis. “Encontraron aquí su casa, su país de oportunidades”, ha dicho antes de aprovechar para recordar su compromiso con la eliminación del voto rogado que complica el derecho al voto de los emigrantes españoles: “Quiero pedir a los grupos que lleven a un acuerdo para que se modifique la ley de voto exterior y se acabe con el voto rogado”.
Tal y como el Gobierno tenía previsto, la crisis de Venezuela ha acaparado buena parte del interés de los medios ante el encuentro. No obstante, las posiciones de ambos presidentes han diferido ligeramente. Mientras que Sánchez ha asegurado que España “no aspira a ser un país con vocación de injerencia en la política latinoamericana”, Piñera ha asegurado que sí tiene “un rol muy importante que jugar en ayudarnos a los países que tenemos una herencia histórica y cultural con España a resolver nuestros problemas”.
Además, el presidente español ha abogado por que Venezuela abra un “diálogo interno”, un “diálogo entre venezolanos” que sea “acompañado” desde la comunidad internacional en la que ha incluido a España. Sin embargo, Piñera ha asegurado que los países de la Unión de Naciones Sudaméricanas (Unasur) “firmaron una cláusula” para la defensa “activa y diligente” de la democracia: “Creemos que Venezuela dejó de ser una democracia”, ha zanjado.