El PP gira en redondo para acabar en el mismo sitio

Menudo susto se debió de llevar el votante medio del Partido Popular si vio el domingo la portada de La Razón: “El PP da por agotada la amnistía y usará otros temas”. Es el fin de la igualdad de los españoles y el inicio de un nuevo procés, según el argumentario del partido, pero llega un momento en que hasta ellos son conscientes de que no queda más vino en la bota por mucho que la estrujen.

El monotema da evidentes muestras de agotamiento y luego hay cosas que es difícil que la gente se trague. Presentar a Salvador Illa como el nuevo arquitecto del procés independentista requiere de tal salto de fe que lo más normal es que acabes haciendo un agujero en el techo.

Toca tormenta de ideas en el PP. Según ese periódico, los asuntos que de entrada tienen más posibilidades de centrar el nuevo discurso son vivienda y conciliación. El lector tiene derecho a levantar las cejas hasta el punto de fractura. Las instituciones autonómicas y locales gobernadas por el partido ni siquiera aplican la ley de vivienda aprobada en la anterior legislatura.

Hasta este verano sostenían que el problema no era tan serio y que la abundancia de pisos turísticos, la mayoría ilegales, sólo demostraba la pujanza del turismo. Ahí queda como símbolo la respuesta que dio José Luis Martínez Almeida en 2021 –“Exacto”– a la acusación por Más Madrid de que no hacía nada “para regular los precios del alquiler de Madrid”. Por ahí no pasan, por lo que permanece la duda sobre los métodos más efectivos que se les ocurren.

Lo cierto es que el PP ha ofrecido mensajes contradictorios en sus ideas sobre vivienda. Ahora reconoce la existencia de un problema estructural que afecta en especial a los jóvenes, pero plantea soluciones que se han utilizado antes con mayor o menor intensidad y que no han supuesto cambios significativos en los precios. Por ejemplo, “un aval de hasta un 15% del total del precio de la vivienda para completar la financiación de la hipoteca de la vivienda de los jóvenes” (esto suena similar al tipo de medidas que favorece el PSOE). El mercado es rápido y cruel. Tiende a subir los precios para compensar este tipo de ayudas por más que estén reservadas a un colectivo.

Marcar distancias sobre Catalunya permitiría en teoría intentar entablar relaciones con Junts específicamente para tumbar iniciativas del Gobierno en el Congreso. Cuanto menos ruido haya sobre amnistía, más fácil será que ambos partidos voten en la misma dirección. En todo caso, esa alianza a la contra se basa sobre todo en la disposición del partido de Carles Puigdemont de castigar al PSOE después de haberse quedado en la oposición en el Parlament. El debate sobre la financiación de Catalunya y de las demás comunidades autónomas continuará haciendo que un pacto PP-Junts sea una quimera a día de hoy.

Luego está la realidad de que no puedes evitar que los periodistas pregunten cosas o que otros grupos o instituciones tomen medidas que te afectan. Primero, dices que ya estás lleno con el menú catalán y a los dos días pides que te sirvan más. El lunes, preguntaron a Alberto Núñez Feijóo qué le parecía que el Tribunal Constitucional (TC) haya pedido a sus letrados un informe sobre si está obligado a aceptar los recursos contra la ley de amnistía planteados por 14 gobiernos autonómicos del PP y casi todos sus parlamentos.

Como era de esperar, a Feijóo le parece intolerable que se pueda dudar del derecho a recurrir de las comunidades autónomas. De entrada, afirma que los presidentes de sus gobiernos son “representantes ordinarios del Estado” en sus regiones y tienen el deber de “salvaguardar los intereses del Estado” en ellas. Con ese argumento, las comunidades autónomas tendrían derecho a presentar recursos ante el TC contra cualquier ley aprobada por el Congreso. Quizá el Constitucional no quiera sentar este precedente –cuando la amnistía no afecta a las competencias autonómicas– a menos que un informe jurídico le diga que no tiene más remedio.

El caso es que vuelta a lo mismo. Feijóo se ve forzado a hablar en público sobre el raca raca de siempre, esta vez por las preguntas de los periodistas.

Los dirigentes autonómicos no van a dejar de hablar de financiación y de los catalanes. En eso está muy metido el presidente de la Junta andaluza. No puede permitir que sea Ayuso la que monopolice la ofensiva autonómica. “No voy a aceptar que un catalán tenga más que un andaluz”, dijo Juanma Moreno, estableciendo la polémica en los términos que más le favorecen. Él será quien defienda a todos los andaluces para que los catalanes no se queden con el dinero mientras que los socialistas de la región estarán detrás sin atreverse a ir tan lejos como él.

En ese empeño, los hechos son prescindibles. “Los independentistas catalanes han gastado decenas de miles de millones de euros en embajadas y en el procés. ¿Y eso, ahora, lo vamos a tener que pagar entre todos los españoles?”, se preguntó Moreno a cuenta del debate sobre la cancelación de la deuda. ¿Decenas de miles de millones? Si tiene pruebas de eso, lo mismo podría habérselas pasado al Tribunal Supremo.

Se nota que Moreno se despista con las cifras. Gracias a un informe de CCOO que recoge los datos publicados en el portal de transparencia de la comunidad, se acaba de saber que su Gobierno disfruta de 700 funcionarios de libre designación más que los que existían en 2019 cuando llegó al poder. Comparado con los nombrados a dedo por el Gobierno de Susana Díaz, la cifra ha aumentado un 30%. No sólo los jefes de servicios son elegidos como cargos de confianza, sino que el método se emplea también en puestos inferiores.

Su programa electoral decía en 2018: “La libre designación debe dejar de ser en Andalucía la forma más común de provisión de puestos de mayor categoría y responsabilidad”. Seguro que Moreno no ha podido cumplir su programa por culpa de los catalanes.