El Gobierno tiene más socios en el Congreso de los que puede digerir

Aunque no fuera Bismarck quien la utilizó, la frase no ha perdido vigencia. Las leyes son como las salchichas. Es mejor no ver cómo se hacen. El espectáculo no es bonito. En ocasiones, puede ser hasta espantoso. Vale para cualquier norma aprobada por el Parlamento y es más apropiada cuando debe ser pactada por partidos políticos con ideas muy diferentes. No es sólo una cuestión de imagen, que también. Puede ser un síntoma de algo peor, como desvelar la impotencia de un Gobierno en el juego parlamentario.

La prórroga de los impuestos a la banca y a las grandes eléctricas es el escollo con el que se topó de bruces el Gobierno en la noche del lunes. La sesión de la Comisión de Hacienda se suspendió a las 18.30, supuestamente durante unos pocos minutos, para que prosiguieran las negociaciones en privado entre el PSOE y toda la pléyade de socios de intereses ideológicos opuestos. El “receso” se prolongó durante mucho más de tres horas. Les hubiera dado tiempo a los diputados a irse a cenar y pasar más tiempo de sobremesa que lo habitual en Carlos Mazón.

El desenlace no fue lo que suele denominar un gran éxito. El acuerdo de última hora, votado por 20 votos a 17, no es indicativo de nada. Hasta el pleno del jueves no se sabrá por dónde irá la votación. El PSOE llegó a un acuerdo con ERC, EH Bildu y BNG para aprobar el impuesto a la banca con un compromiso sobre el de las energéticas para más adelante. Los compromisos están para cumplirse. El problema es cuando tienes más de uno. Es lo que le ocurrió al Ministerio de Hacienda, que se vio obligado a difundir un comunicado ya avanzada la madrugada.

Sólo tenía 27 palabras, las suficientes para recordar a todos los demás lo que temían: “El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”. Este último detalle es una condición que las grandes corporaciones no tienen ningún problema en cumplir. Es como decir que el impuesto a las eléctricas no existirá en 2025.

Una opción para el PSOE es que el Gobierno apruebe un decreto para las energéticas, que luego sería derrotado en la ratificación por el Congreso con el voto de Junts y después de todo eso comunicará a sus socios que ha hecho lo que ha podido y que así es la vida. Es poco probable que la noticia despierte mucha comprensión entre sus interlocutores.

En este punto es cuando hay que preguntarse si los socialistas han engañado a sus socios o sencillamente hacen lo que pueden con una correlación de fuerzas que no beneficia a la izquierda. Las dos opciones no son excluyentes. Como ha quedado claro desde hace tiempo, el Congreso tiene una mayoría de derechas –con el PP, Vox, Junts y el PNV– que es inviable políticamente como mayoría de gobierno por cuestiones de identidad nacional que generan toda clase de vetos cruzados. Pero pueden coincidir a la hora de votar asuntos de política económica sin que eso sea una sorpresa.

“Hacemos política al servicio de las clases populares, no al dictado de Repsol e Iberdrola”, ha dicho Oskar Matute, diputado de EH Bildu. El PNV, sin muchas ganas de hacerlo público, da mucha importancia a los intereses de Iberdrola, que mantiene su sede central en Bilbao. Junts está en contra de mantener el gravamen y no lo oculta. Lo que también resulta obvio es que exige al PSOE que acepte todas sus exigencias y le da igual lo que reclamen los socios de izquierda. Y estos últimos empiezan a estar un poco hartos, aunque no pueden hacer mucho al respecto.

Los socios de izquierda denuncian que el PSOE privilegia a Junts en las negociaciones para que los nacionalistas no se pongan más nerviosos de lo que están y no terminen detonándolo todo aunque el edificio del Congreso también les caiga encima a ellos. Los socialistas alegan que ya les gustaría que todo fuera más fácil y que se limitan a hacer lo posible para que haya presupuestos en los próximos meses. Todo lo demás es secundario.

De cara a la votación del jueves, Podemos ha dejado claro que los dos impuestos o ninguno. No permitirá que salga adelante el paquete de reformas fiscales si no hay garantías reales de que se prorrogue el gravamen de las energéticas a causa del acuerdo del PSOE y Junts. “Lo que queremos es que el impuesto se mantenga usando la fuerza de los votos de izquierdas”, dijo Ione Belarra en Twitter. Pero la suma de esos votos en el Congreso no da para aprobar ningún impuesto. Para Podemos, ese es un problema del PSOE, no suyo.

La interpretación optimista de los socialistas indica que este es el momento decisivo de la negociación presupuestaria, no su prólogo. Todo lo demás que quedaría pendiente no supondría un gran esfuerzo. El PSOE está seguro de que el requisito de que las eléctricas apuesten por la descarbonización será suficiente para convencer a Bildu y Esquerra con el argumento de que supone un avance en la lucha contra el cambio climático. Junts y el PNV ya se sumaron a esa interpretación.

La polémica no se reduce a esos dos impuestos. Los socialistas han recurrido al viejo truco de reunir varios asuntos fiscales diferentes junto a una aprobación de obligado cumplimiento que podía recibir un apoyo muy amplio. En origen, se trataba de trasladar la directiva europea que establece un mínimo del 15% al Impuesto de Sociedades que pagan las multinacionales. Si todo se viene abajo en la votación, España se arriesga a sufrir sanciones en Bruselas. De todo ello, dependen 7.200 millones de euros del último tramo de los fondos europeos. Es por tanto una votación que el Gobierno no puede perder.

En definitiva, si todos esos partidos no se ponen de acuerdo sobre la política fiscal, ¿cómo van a pactar una política económica común que sirva de base para los presupuestos del Estado? Si no existe una mayoría real de gobierno, ¿durante cuánto tiempo se puede sostener esta legislatura? No es necesario responder ahora a esas preguntas, pero muy pronto será obligatorio hacerlo.