El PP logra su objetivo de bloquear el Poder Judicial hasta las generales

El adelanto electoral certifica que no habrá renovación del caducado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el actual reparto parlamentario, de mayoría progresista. El Partido Popular, artífice de un bloqueo inédito que se remonta a diciembre de 2018, cumple así su objetivo de no pactar una nueva composición hasta después de las elecciones generales. Una cita con las urnas a la que el principal partido de la derecha acude con la expectativa de mejorar el resultado obtenido hace cuatro años y de alcanzar el Gobierno, lo que fortalecería su posición negociadora de cara a una hipotética renovación.

Entre tanto, la institución más importante del tercer poder del Estado lleva casi una década funcionando con una composición de mayoría conservadora heredada de la última legislatura de Mariano Rajoy y que nada tiene que ver con la realidad parlamentaria que después dibujaron las urnas. De hecho, se han celebrado cuatro elecciones generales desde que se eligió en diciembre de 2013. Y ya están convocadas las quintas. 

El bloqueo a la renovación ha sumido al CGPJ en una situación absolutamente precaria: con un pleno mermado (con 17 de sus 21 miembros originales) y unas atribuciones también limitadas. Desde marzo de 2021 tiene prohibido ejercer su función principal: realizar nombramientos en la cúpula judicial, lo que ha derivado en una amenaza de colapso en el Tribunal Supremo porque no se pueden cubrir vacantes. Hasta entonces, se habían adjudicado hasta 74 plazas en los principales tribunales.

Además, los vocales se verán abocados a elegir el próximo julio al tercer presidente en diez meses. El día 18 de ese mes se jubila de manera forzosa Rafael Mozo, quien fue elegido presidente “por sustitución” tras la dimisión de Carlos Lesmes por ser entonces el vocal de más edad. En las últimas semanas se había especulado con la posibilidad de que Mozo, designado en su día a propuesta del PSOE, estuviera ya fuera del órgano en el pleno ordinario de julio, que se suele celebrar el último jueves del mes. Pero Mozo decidió adelantar esa sesión al día 19, con la idea de despedirse, según adelantó Europa Press. Según la pauta pactada por unanimidad por los vocales tras la salida de Lesmes, la presidencia “por sustitución” debería recaer sobre el siguiente vocal de más edad, Vicente Guilarte, de 70 años y elegido en su día a propuesta del PP. 

La mayoría de consejeros dan por hecho que Guilarte será el próximo presidente, aunque hay quien aventura que el asunto no estará exento de controversia. Es catedrático de Derecho Civil y fue elegido en el turno de juristas. En la actualidad, compatibiliza el puesto con el ejercicio de la abogacía en el bufete MAIO Legal. Es una actividad que, según las fuentes consultadas, debería dejar en suspenso porque el cargo de presidente sí requiere dedicación exclusiva. Además, en la institución hay quien expresa sus dudas sobre el hecho de que un abogado especializado en mercantil se ponga al frente del órgano de gobierno de los jueces. 

Sistema de elección  

En las últimas semanas —antes del adelanto electoral— desde algunos sectores se había elucubrado con la posibilidad de que PSOE y PP pudieran llegar a un acuerdo tras las autonómicas y municipales y ante la presión de la Comisión Europea, cuyos dirigentes han apremiado de forma reiterada a España a renovar el CGPJ antes de asumir la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea el próximo 1 de julio. Es algo que ya es totalmente imposible porque las Cámaras —donde se eligen los vocales por una mayoría de tres quintos— están disueltas desde el 30 de mayo. 

Por tanto, no habrá movimiento alguno antes de las elecciones. Aunque después se abre el interrogante de qué hará el PP en caso de que consiga una mayoría parlamentaria que lleve a la derecha a la Moncloa. El pasado diciembre, tras más de cuatro años de excusas crecientes y cambiantes y solo dos meses después romper unilateralmente la última negociación cuando estaba a punto de culminar, Alberto Núñez Feijóo endureció de nuevo sus condiciones para renovar el CGPJ al recuperar la exigencia de que los 12 vocales judiciales sean elegidos de forma directa por los jueces. En el sistema actual, son elegidos por una mayoría de tres quintos del Parlamento sobre una lista cerrada determinada por los propios jueces. 

Esa propuesta se plasmó en una proposición de ley que fue rechazada por el Congreso el pasado mayo. Pero no se descarta que el PP lo volviera a intentar si de las urnas sale una nueva mayoría favorable a ese planteamiento. Es un esquema al que el PP había renunciado en su última negociación con el Gobierno y que Alberto Nuñez Feijóo rompió ante las críticas internas y de las terminales mediáticas más conservadoras. Lo acordado entonces era que se dejaba en manos del órgano renovado la elaboración de un informe –no vinculante– sobre esa reforma. Y suponía, por tanto, que el PP estaba dispuesto a abordar la renovación bajo el modelo actual. La Comisión Europea también ha pedido de forma reiterada que primero se renueve el CGPJ e “inmediatamente después” se emprenda una reforma, tal y como viene recomendando el informe sobre el Estado de Derecho desde 2020. 

Pero ante una hipotética victoria electoral —y si los conservadores mantienen esa propuesta— la situación de interinidad del órgano se podría dilatar varios meses más, según vocales consultados. Algunos llegan a situar ese horizonte en la próxima primavera si la eventual reforma se promoviera a través de un proyecto de ley, lo que entraña una tramitación más compleja y con más actores implicados, como los órganos consultivos.   

En este escenario adquiriría de nuevo protagonismo la ley que impide al CGPJ hacer nombramientos en la cúpula judicial cuando está en funciones. Esa reforma fue impulsada por los socios de Gobierno para forzar la renovación y fue recurrida por el PP y Vox ante el Tribunal Constitucional. Ambos partidos defienden que es inconstitucional porque limita las competencias que la ley fundamental atribuye al órgano de gobierno de los jueces. Durante los últimos meses, desde la derecha judicial y política se ha criticado la demora del tribunal de garantías a la hora de resolver esos recursos, que fueron admitidos a trámite en septiembre de 2021. Con la renovación del Constitucional y el cambio de mayorías de una conservadora a una progresista, los vocales elegidos a propuesta del PP han perdido toda esperanza de que esa reforma pueda ser anulada. 

Otra cosa es que esa norma pudiera ser derogada en caso de una hipotética mayoría parlamentaria de las derechas. En su día, salió adelante con los únicos votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos. Se daría la paradoja entonces de que un órgano mermado y ampliamente caducado podría decidir puestos clave en los principales tribunales del país. Por ejemplo, en el Tribunal Supremo, donde son puestos vitalicios hasta la jubilación. Todo ello, en un escenario de mayoría conservadora que se verá acrecentada tras la jubilación de Mozo. Si no hay más salidas, el órgano quedará conformado por diez vocales elegidos a propuesta del PP y seis progresistas (cinco designados a petición del PSOE y uno del PNV).