Mientras aún celebraba el acuerdo alcanzado de madrugada por el Consejo Europeo, que garantiza a España unos fondos que ascienden a 140.000 millones de euros, este martes el Gobierno consiguió también el apoyo de Ciudadanos y del principal partido de la oposición, el PP, a parte de las medidas para la reconstrucción que este miércoles se someten a votación en el Pleno del Congreso de los Diputados. Los populares acercaron finalmente posturas con PSOE y Unidas Podemos en una negociación que se prolongó hasta el último minuto del plazo fijado, las 16.00 horas del martes, para presentar enmiendas transaccionales –las correcciones suscritas por diferentes partidos– a los cuatro dictámenes de la Comisión para la Reconstrucción.
Aunque durante todo el día el PP evitó aclarar cuál será su voto, este miércoles a primera hora el líder del PP, Pablo Casado, confirmaba que su partido apoyará el dictamen sobre la UE y también el de Sanidad, tras lograr que en los dictámenes finales se incluyeran algunas de sus principales exigencias, como la creación de una agencia nacional de salud pública –aspecto que también fue pactado entre el Gobierno y Ciudadanos–, un registro de vacunas, una reserva estratégica de medicamentos o un calendario de reformas legislativas. No apoyarán, en ningún caso, el dictamen económico ni el de políticas sociales a pesar de que uno de los escollos esgrimidos hasta ahora por el PP para justificar su rechazo, que no se incluyeran ayudas para la educación concertada, ha sido rectificada por el Ejecutivo en otra enmienda transaccional lograda con ERC.
El compromiso de crear esa agencia estatal sanitaria y otras medidas recogidas en el dictamen fueron sin embargo vistas por PNV o por la propia ERC, socios de investidura del Ejecutivo progresista, como un ejercicio de “recentralización” del Gobierno. Con la vista puesta en la aprobación de los Presupuestos, en cuya votación podría ser decisiva la postura de ambas formaciones, los dos volvieron a advertir de los riesgos de negociar con la bancada de la derecha, “descuidando” la mayoría que permitió a Pedro Sánchez llegar a la Moncloa.
A primera hora del martes y forzado por el resultado del Consejo Europeo –en el que el Gobierno logró gran parte de los fondos que solicitaba a sus socios comunitarios–, el líder del PP, Pablo Casado, quiso despojarse de la imagen bronca y rupturista que ha mantenido en los últimos meses de ataque permanente al Ejecutivo, al que acusa de “mentir” con los datos de la pandemia y al que llegó a pedir reformas en medio de las complejas negociaciones de Sánchez en Bruselas, que se prolongaron durante cuatro días y cuatro noches.
El PP defiende que “ha dialogado y negociado”
Aunque Casado no pudo evitar la crítica al Gobierno –aseguró que el PP “ha hecho más por España incluso que los socios del PSOE” o que el acuerdo de Bruselas es “una enmienda a la política del Gobierno en cuanto a su pactos con Podemos y Bildu–, durante un acto en El Escorial (Madrid) el líder de los populares dio la orden a su equipo negociador, encabezado por Ana Pastor, de alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo para la reconstrucción costara lo que costara.
“He dado instrucciones a nuestros diputados en la Comisión de Reconstrucción para que intenten llegar a un acuerdo en el día de hoy en el dictamen para la política europea y la política sanitaria, con la esperanza de que finalmente el Gobierno acepte nuestra propuesta de un pacto de Estado por la sanidad, por la industria sanitaria, por la investigación y por la atención a los mayores”, señalaba.
El equipo encabezado por Pastor asumió esa responsabilidad y negoció con los representantes del PSOE y del Gobierno hasta apenas unos minutos antes de que comenzara el debate sobre la reconstrucción en el Pleno del Congreso. Según explicaron a elDiario.es fuentes conocedoras de las conversaciones, en esas últimas reuniones se cerró el apoyo del PP a los dictámenes sobre Unión Europea y Sanidad, aunque oficialmente el PP optó por dejar en el aire su voto hasta este miércoles.
“Hemos presentado enmiendas transaccionales, y hemos conseguido la creación de la Agencia Nacional de Salud. Una propuesta que viene recogida en el Plan Cajal por la Sanidad que presentó hace ya semanas el presidente Casado. Además, también hemos conseguido que salga adelante el plan de renovación tecnológica de los centros sanitarios”, señalaban fuentes oficiales del PP. “Tal y como nos comprometimos, el equipo dirigido por Ana Pastor ha dialogado y negociado a fin de llegar a acuerdos con el Gobierno y el PSOE”.
Pastor: “Las dificultades son muchas, las superaremos”
A lo largo de la tarde, distintas fuentes populares confirmaron que el acuerdo para votar sí en esas dos materias estaba “prácticamente hecho”, lo que explica el tono conciliador con el que la propia Pastor se subió a la tribuna del Congreso para defender su negociación en la Comisión de la Reconstrucción. La también vicepresidenta del Congreso reconoció que por parte del Gobierno se habían aceptado “propuestas relevantes” de los populares, “que dan respuesta a los problemas generados” por la pandemia. Insistía, además, en la voluntad de diálogo y negociación más allá de la reconstrucción: “Las dificultades son muchas, las superaremos”.
También el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, puso en valor durante el Pleno del martes “el acuerdo y el consenso” logrados por su grupo con los partidos que sostienen el Gobierno en materia de reconstrucción. Su grupo apoyará los dictámenes sobre la UE, Sanidad y Economía pero rechazará el de políticas sociales por no incluir ayudas a la educación concertada. “Espero que no sea flor de un día”, sostuvo, defendiendo que “los moderados” y “los pragmáticos”, entre los que incluyó, “vayan de la mano”, frente a “los populistas y extremistas”.
Los más críticos con el Gobierno fueron, en cambio, los representantes de las fuerzas nacionalistas que en votaciones anteriores apuntalaron al Ejecutivo progresista. Especialmente dura fue la intervención del portavoz del PNV, Aitor Esteban, que solo apoyará el dictamen sobre la UE: “Lo lógico habría sido gestionar [la Comisión para la Reconstrucción] de una manera cuidada, buscando un texto escueto, buscando el complicado mínimo común y concentrando los esfuerzos en el ámbito de la economía. No se ha querido hacer así”.
“El resultado ha sido entrar en la típica dinámica parlamentaria con el objetivo sacar adelante un texto más allá del alcance real”, criticaba, en lo que calificó como una “aproximación legislativa a hurtadillas, que además se hacía en la víspera de las votaciones”. Al Ejecutivo le acusó de pretender “convertir estos acuerdos en el refrendo del Gobierno” y de llevar las medidas “al terreno ideológico”. Y también denunció que las medidas se refieren a “ámbitos que no son competencias del Estado” y señalan“ una modificación del marco estatutario”. “No vamos a dar cobertura a algo así”, zanjó, al considerar que “el debate se ha convertido en un gran paripé”.
Rufián alerta del “fantasma del jacobinismo”
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, mantuvo esa misma línea al considerar que sobre la reconstrucción ha sobrevolado “el fantasma del jacobinismo, el de la recentralización”. Rufián consideró “insuficiente que la respuesta a todo esto se cierre en una especie de Juan Palomo entre PP y PSOE: yo me lo guiso, yo me lo como”, porque a su juicio en los textos “faltan grandes medidas” como “poder disponer de superávit del remanente municipal, un impuesto a las grandes fortunas o la regularización exprés de todo el personal migrado que está trabajando en condiciones denigrantes”. Críticas similares se escucharon en boca de los portavoces de EH Bildu, Junts, BNG o la CUP.
PSOE y Unidas Podemos trataron de calmar a sus socios, insistiendo en que el objetivo de los pactos con la derecha era poder sacar adelante unos acuerdos transversales. “Si el dictamen lo hubiera redactado solo Unidas Podemos recogería la derogación de la reforma laboral o el impuesto a la riqueza, pero es un acuerdo entre diferentes”, destacó el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique. “No es un acuerdo de partido ni de Gobierno, es un acuerdo de país”, zanjó, por su parte, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra.