El PSOE registra la reforma de la ley del 'solo sí es sí' sin Unidas Podemos tras no lograr un acuerdo entre socios

El grupo parlamentario socialista ha registrado este lunes en el Congreso la iniciativa para reformar la conocida ley del 'solo sí es sí' y lo ha hecho en solitario tras no haber conseguido llegar a un acuerdo con Unidas Podemos. Las negociaciones entre el ministerio de Justicia y el de Igualdad se prolongaron durante todo el fin de semana sin éxito, por lo que el PSOE ha dado paso al frente al margen de su socio de coalición, un escenario que ya se había advertido por parte de Ferraz en caso de no alcanzarse un consenso.

Moncloa decidió apurar los plazos para intentar evitar una imagen de ruptura en el seno del Ejecutivo en un tema tan sensible. Desde hace días los departamentos de Justicia –en manos del PSOE– e Igualdad —controlado por Podemos– se intercambian documentos y el trabajo técnico se intensificó a finales de la semana pasada, sin éxito. La propuesta de Justicia mantiene las horquillas actuales (más bajas que antes del ‘sí es sí’) en el tipo general. Y añade en cada artículo una gradación más alta (similar a la de la legislación anterior) para los supuestos en los que existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad. Son conceptos que para el Ministerio de Igualdad suponen modificar el corazón de la ley por afectar, en su opinión, a la base del consentimiento.

En ese punto se bloquearon las conversaciones a lo largo de la semana pasada y, según fuentes de la negociación, ha resultado imposible desencallarlas. La petición expresa de Pedro Sánchez era presentar de manera urgente una reforma técnica de la ley que permitiese mandar un mensaje de actuación por parte del Ejecutivo ante la crisis política que ha generado la aplicación de la ley, con cientos de rebajas penales a agresores sexuales e incluso una veintena de excarcelaciones.

El grupo parlamentario ha acudido al registro del Congreso este mismo lunes por la mañana con su propia Proposición de Ley y posteriormente ha ofrecido detalles de la misma el portavoz Patxi López en una comparecencia ante los medios, tal y como ha adelantado El País. El texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge en su exposición de motivos que la reforma pretende evitar el “efecto no deseado” de una “aplicación automática” de las penas mínimas dentro de una horquilla más amplia y posibilitar, así, que en “en casos graves no haya posibilidad de penas bajas”.

Qué dice la propuesta

Los socialistas afirman que su iniciativa “respeta” el modelo “centrado en el consentimiento”, al que se refieren como el “corazón de la norma”, pero defienden que hay que blindarlo “en favor de las víctimas”. La fórmula empleada para impedir “indeseadas caídas puntuales de penas” es recuperar las circunstancias de violencia, intimidación o anulación de la voluntad como elementos que determinan la existencia de hechos más graves y, por tanto, con penas más elevadas.

La iniciativa justifica que hay “modalidades especialmente graves” por la propia naturaleza de la conducta —ya sea por uso de violencia o intimidación o porque la víctima tiene anulada su voluntad— que encierran una “gravedad equiparable al empleo de violencia o intimidación”. No se trata, a su juicio, de “circunstancias agravantes que rodean el delito, sino que (...) están en la conducta misma”.

Es un esquema similar al que existía antes de la ley del ‘sí es sí’, aunque esas circunstancias eran las que entonces se utilizaban para diferenciar entre los delitos de abuso y agresión, que en el texto registrado siguen fusionados bajo la denominación de agresión. La secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández, ha afirmado este lunes en la presentación de la iniciativa en el Congreso que “la mejor forma de defender la ley es reconocer que no está funcionando adecuadamente”. “No vamos a cambiar el modelo, el consentimiento no se va a alterar”, ha aseverado.

“La subida de penas es una decisión política y en eso hay que tener valentía, determinación y hacer lo que se tiene que hacer”, ha afirmado después la ministra de Justicia, Pilar Llop. En un encuentro con periodistas, ha acusado a Unidas Podemos de “desenfocar el problema” que, según fuentes de su departamento, son unas rebajas de penas que no han sido socialmente aceptadas. “Nosotros construimos leyes, no relatos. Los jueces aplican leyes, no relatos. Y lo que cambia la vida de la gente son las leyes, no los relatos”, ha aseverado la titular de Justicia al ser preguntada por las discrepancias con sus socios de Gobierno.

La proposición mantiene las horquillas actuales (más bajas que antes del ‘sí es sí’) en el tipo general. Y añade en cada artículo una gradación más alta (similar a la de la legislación anterior) para los supuestos en los que existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad. Así, el tipo básico de agresión sexual mantiene la pena de uno a cuatro años, pero recupera la horquilla de uno a cinco años (que es la que había en el antiguo Código Penal) cuando la agresión se comete empleando las citadas circunstancias de violencia, intimidación o anulación de la voluntad. El mismo esquema se sigue para el resto de artículos que castigan los delitos sexuales, como la violaciones o las agresiones en las que concurren circunstancias agravantes, como actuación en grupo.

La falta de acuerdo con Unidas Podemos convierte al PP de Feijóo en socio imprescindible para sacar adelante la reforma de la ley, una situación política de máxima incomodidad para el PSOE en plena precampaña de las autonómicas y municipales.

De puertas hacia adentro, además, el escenario complica la estabilidad de la coalición. Desde Podemos se ha descartado insistentemente en los últimos días la hipótesis de una dimisión de la ministra de Igualdad aún en el caso de que fuese reformada sin acuerdo su ley emblema de la legislatura. En el PSOE tampoco han dado alas a la posibilidad de un cese que rompería de facto el acuerdo de Gobierno. Sin embargo, si la reforma legal que registrará este lunes el PSOE se acaba aplicando contra el criterio de la propia ministra de Igualdad, todas las partes coinciden en que supondría en la práctica la intervención del departamento de Irene Montero y una desacreditación explícita por parte del presidente del Gobierno.

La reacción de Igualdad

El socio minoritario del Gobierno se ha enterado de la decisión del PSOE leyendo esta mañana el periódico. “No sabíamos nada”, reconocen en la formación. Podemos ve “inexplicable” que los socialistas vayan a seguir adelante con una proposición que, según entienden, vuelve al Código Penal previo a la ley. El mismo sistema, dicen, que alumbró la sentencia de La Manada y que extendió entre el feminismo el grito de “no es abuso, es violación”. “Queríamos preservar la unidad. Ha sido el PSOE el que ha confirmado a través de los medios de comunicación que va a ir unilateralmente. Es incomprensible que lo que quieran hacer con los votos del Partido Popular. Nuestra obligación pasa por defender el consentimiento en el centro del Código Penal”, ha afirmado este lunes en rueda de prensa la portavoz del partido María Teresa Pérez.

La postura de Podemos y por extensión en el Ministerio de Igualdad no ha cambiado. Sostienen que pese a que el artículo sobre el consentimiento se mantiene en la nueva redacción, la diferenciación entre si hubo violencia o intimidación para imponer penas mayores vuelve de facto al modelo anterior. “Cuando se plantean subtipos que ponen en el centro la violencia o la intimidación, estás volviendo al Código Penal de La Manada. Que la violencia sea lo que define el tipo penal es contrario al Convenio de Estambul, si te quedabas paralizada eras víctima de segunda porque no podías probar tu condición salvo que tuvieras marcas. La víctima era la que tenía que demostrar que había sufrido violencia”, ha explicado la portavoz esta mañana. Podemos acusa al PSOE de un movimiento en solitario después de negarse a mover un solo centímetro su postura ante las seis propuestas que le han llegado a plantear.

El espacio confederal -que sostiene de forma unitaria la misma postura- va a buscar ahora la forma de “proteger” el centro de la ley en la tramitación parlamentaria de la norma que propone el PSOE. Hoy por hoy, su socio de Gobierno no tendría sus números, pero el presidente del grupo de UP en el Congreso, Jaume Asens, ha afirmado que ahora se abre otra nueva etapa. En la formación que dirige Ione Belarra creen que el escenario es similar al de debates parlamentarios anteriores que también han generado tensiones en el Gobierno, como la ley trans sin ir más lejos. La salvedad ahora es que se trata de una norma insignia del Ministerio de Igualdad, pero defendida en su momento por el presidente del Gobierno y que ahora los socialistas quieren modificar sin el consenso de su socio. Los portavoces de Podemos se han negado a responder este lunes preguntados por una posible ruptura de la coalición si el PSOE logra sacar adelante su reforma.