Las revelaciones de la directora del CNI agravan la crisis del Gobierno y sus socios por el espionaje

El Gobierno va acumulando problemas. El principal en la mañana del jueves era cerrar la crisis que se había desatado en el propio gabinete por las responsabilidades en el control de los teléfonos de los miembros del Ejecutivo, entre ellos el de Pedro Sánchez, que fueron infectados con el software Pegasus. Pero apenas unas horas después estallaba una nueva bomba en el Congreso: la directora del CNI, Paz Esteban, entregaba a los grupos parlamentarios durante su comparecencia en la comisión de gastos reservados las resoluciones judiciales que acreditaban el espionaje a una veintena de personas vinculadas al independentismo. Mientras el PSOE se fajaba por destacar que había quedado claro que todo se había hecho dentro de la legalidad, los socios se quedaban “más preocupados” y la perplejidad era aún mayor al saber que el hoy presidente de la Generalitat (entonces vicepresidente), Pere Aragonès, estuvo entre los espiados por los servicios secretos en 2019, cuando Sánchez ya estaba en Moncloa. El Govern ve “inaplazable la asunción de responsabilidades”.

¿Qué razón puede haber para intervenir el móvil de un vicepresidente autonómico? La ministra de Defensa, Margarita Robles, vino a justificar la semana pasada en el Congreso que la vigilancia respondía al quebrantamiento de la legalidad durante el procés y a los disturbios que se produjeron tras la sentencia instigados por la plataforma Tsunami Democràtic. Los argumentos son absolutamente insuficientes para el presidente de la Generalitat que quiere que “se desclasifique inmediatamente la autorización judicial con el fin conocer sus motivaciones y poder ejercer el derecho de defensa”, según señala en un comunicado. También Unidas Podemos se lo ha pedido al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, sin que por ahora haya una respuesta de Moncloa.

El asunto es delicado no solo por la relación entre los partidos y el sustento que ERC proporciona a Sánchez sino que trasciende al ámbito institucional. “Es urgente recibir todas las explicaciones públicas sobre esta cuestión, así como saber quién dio la autorización política y quién tenía constancia de ello. Y por este motivo, exigimos una respuesta al más alto nivel”, asevera Aragonès. Esas explicaciones no le han llegado, al menos por ahora, desde el Gobierno.

Pero Moncloa sí ha salido al paso al desvincularse políticamente de la orden de espiar a cargos institucionales. “El Gobierno ni sabe ni debe saber si se ha espiado a Aragonès”, señalan fuentes gubernamentales. La explicación que constatan miembros de antiguos gabinetes es que el Ejecutivo no recibe información detallada de los servicios secretos, sino que los informes presentan conclusiones de las operaciones que ha llevado a cabo, pero no cómo se han desarrollado.

Aún así, en el Gobierno admiten que se encuentran en una situación muy delicada, probablemente la más complicada de la legislatura. “No son hechos menores. Tendremos que seguir trabajando para recomponer la confianza”, señalan fuentes gubernamentales, que se aferran a que el presidente catalán abogó por el diálogo un día antes de revelarse que había sido espiado por el CNI, a pesar de que en ese momento ya sabía que esa era una opción. “La lógica dice que algo tendrá que ocurrir”, responden a la pregunta de si se producirá algún gesto como un contacto de Sánchez con Aragonès. Tras minimizar en un inicio la revelación de Citizen Lab de que unas 65 personas vinculadas al soberanismo habían sido espiadas con el sistema Pegasus, el Gobierno se vio obligado a tomar medidas y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, viajó a Catalunya para tratar de calmar al Govern.

Precisamente Pedro Sánchez estará este viernes en Barcelona para asistir a la reunión del Cercle d'Economia, una visita que el Govern quiere aprovechar para que se celebre el encuentro que Aragonès lleva semanas reclamando. Por el momento sigue siendo una petición sin respuesta. Los tres grandes partidos soberanistas –ERC, Junts y la CUP–, además de Òmnium y la ANC, han convocado una concentración frente al evento del Cercle d'Economia en el que también estará la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para denunciar “la opacidad y el inmovilismo” del Gobierno ante el escándalo de espionaje.

“Queda mucha tela por cortar”

Desde el principio las explicaciones y propuestas del Ejecutivo han sido insuficientes para los aliados, incluso para Unidas Podemos, que se posicionó a favor de una comisión de investigación que ahora los socios parlamentarios ven incluso más necesaria que antes de la comparecencia de la responsable del CNI. “Queda mucha tela por cortar”, ha advertido el portavoz del PNV, Aitor Esteban. Ha sido su única reacción tras la reunión a puerta cerrada de la que los parlamentarios no pueden dar información bajo peligro de estar cometiendo un delito, pero ha dejado claro en esa frase muy escueta que la crisis está lejos de resolverse.

“Salgo tan intraquilo como demócrata como entré”, ha afirmado también al salir de la comisión el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha reclamado una comisión de investigación y la depuración de responsabilidades “al máximo nivel”. La interpretación de Rufián es que, más allá de las intervenciones con autorización judicial, el espionaje procede de “dos vías” o un país extranjero o elementos descontrolados de “otros organismos del Estado”. Así, mientras antes la exigencia de responsabilidades se circunscribía a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y al CNI, el portavoz de ERC ha asegurado tras salir de la comisión de gastos reservados que la situación del Ministerio del Interior también es “insostenible”. Igualmente, la diputada Miriam Nogueras (Junts) ha apuntado que el CNI y el Ministerio de Defensa son “la punta del iceberg” y ha asegurado que tras la reunión se ha reforzado “la idea de que es imprescindible una comisión de investigación”. “Exigimos que se desclasifique la información que se nos ha dado”, ha apostillado.

Unidas Podemos exige “que se asuman responsabilidades políticas”

Incluso el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, salía “más preocupado” de lo que entró en la sala Mariana Pineda del Congreso, donde los parlamentarios han tenido que acceder sin el teléfono y tan solo con un bloc de notas y un bolígrafo. “Lo que se nos ha contado refuerza la idea de que se asuman responsabilidades políticas”, ha afirmado.

Unidas Podemos tiene a Robles en la diana. Durante su comparecencia en el Congreso este miércoles, el propio Echenique le sugirió que tenía que dimitir: “Usted sabe lo que tiene que hacer, por su dignidad y la dignidad del Gobierno”. 

El ala socialista del Gobierno por ahora ha dado señales de que la cabeza que están dispuestos a sacrificar es la de la directora del CNI. La brecha de seguridad en el espionaje a Sánchez y la propia Robles es la baza que tienen y que les permitiría ofrecer un gesto a los aliados que exigen una depuración de responsabilidades. La incógnita tras las revelaciones en la comisión de gastos reservados es si esa pieza sería suficiente para satisfacer a los socios.