Pedro Sánchez consiguió una vez más salvar in extremis una votación importante. En este caso fue la del plan de choque de respuesta a los efectos de la guerra y la coalición tenía en la retina la esperpéntica aprobación de la reforma laboral, pero también el sufrimiento para sacar adelante el decreto para acabar con la temporalidad de los interinos, varias prórrogas del estado de alarma en lo peor de la pandemia o la ley de vivienda. Pero el Gobierno es consciente de que la mayoría de la investidura se ha roto y de que tendrá que remangarse para restablecerla si pretende agotar el mandato en diciembre de 2023.
Por ahora Moncloa espera a que se calmen las aguas tras la tormenta en el Congreso, pero el camino es pedregoso para la coalición, que se enfrenta a una crisis derivada de la guerra en Ucrania con una mayoría cada vez más menguada. La gravedad de la situación económica, con una inflación disparada hasta el 8,4%, es lo que más preocupa en el Ejecutivo. Pero no solo. En los veinte meses que quedan de legislatura al Gobierno le faltan importantes promesas por cumplir, como la derogación de la ley mordaza, la aprobación definitiva de la ley de vivienda o la ley de memoria democrática, que ya tenían complicaciones para salir adelante antes de que los socios de la investidura dieran un golpe en la mesa.
Hace una semana, en el Gobierno no se imaginaban que el espionaje fuera a tener el impacto que ha tenido y mucho menos que se pudiera quedar sin los apoyos suficientes para que saliera adelante el paquete anticrisis, que había abordado con los grupos antes de que le diera luz verde el Consejo de Ministros. Sin embargo, la revelación de que 66 personas vinculadas al soberanismo fueron espiadas a través del sistema Pegasus –y el reconocimiento implícito de que partió del CNI– han marcado un antes y un después en la legislatura. ERC ha amenazado con retirar el apoyo al Gobierno y ha lanzado el primer aviso en la votación de este jueves.
Al final el decreto salió adelante por mayoría absoluta (con 176 votos a favor, 172 en contra y una abstención) gracias a una negociación contrarreloj tras haber acariciado una amplia mayoría hace un mes, cuando comenzaron los contactos para la elaboración del texto que se produjeron en paralelo a los trabajos en la UE que acabaron con la “excepcionalidad ibérica” para desacoplar el gas del precio de la luz. Pero el enfado de los socios parlamentarios de la coalición es más patente que nunca tras meses lanzando advertencias y mostrando síntomas de agotamiento, incluido el PNV. “Tendría que haber salido con muchos apoyos”, lamentan fuentes gubernamentales.
Un antes y un después
Fue EH Bildu el que decidió salvar el decreto. Pero, en su discurso, la portavoz, Mertxe Aizpurua, dejó claro que la relación con el Gobierno está deteriorada. “A nadie se le escapa que estamos atravesando por un momento político delicado. Delicado y enormemente grave. El escándalo del espionaje político cometido contra los y las independentistas vascos y catalanes ha abierto una brecha entre quienes conformamos la mayoría plurinacional de izquierdas en esta cámara y el Gobierno”, sentenció antes de argumentar que “por responsabilidad” la izquierda abertzale apoyaría las medidas.
“Si quieren conocer qué pensamos y qué vamos a votar de este real decreto pregunten al CNI o pregunten a la ministra Robles”, fue el mensaje que dejó en la tribuna la diputada republicana Montserrat Bassa con su teléfono en alto. Su intervención fue muy breve y solo habló del espionaje. En ERC reconocen que tienen un “dilema” ante la situación porque admiten la dificultad de votar en contra de medidas sociales, pero consideran que ha llegado el momento de dar un golpe en la mesa. El viraje al 'no' se ha producido después de que el propio Gabriel Rufián reconociera que “no se puede decir que no” a esas iniciativas “con la que está cayendo”. Sus palabras se produjeron hace un mes, tras haber hablado con el Gobierno del decreto que iba a aprobar y mucho antes de que explotara el caso del espionaje.
Sin nuevos gestos por ahora
Ahora ERC exige contundencia a Sánchez. No le sirven las propuestas del Gobierno, que pasan por una investigación en el Defensor del Pueblo sobre lo ocurrido, un “control interno” en el CNI y la exposición de las conclusiones en la comisión de gastos reservados, que ha quedado constituida este mismo jueves después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, modificara la mayoría necesaria para sortear el veto del PP a las fuerzas independentistas. ERC, Junts, Bildu o la CUP tendrán representación en ese órgano parlamentario. Pero en ERC recelan de que sea de utilidad. “A esa comisión vino Félix Sanz Roldán y lo único que nos dijo fue que Corinna era muy mala y que engañaba al rey”, señalan en ese grupo. Por eso reclaman una comisión de investigación y ahora también el cese de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por justificar el espionaje.
Ninguna de las dos cosas parece que se le vayan a conceder. El Gobierno ha cerrado filas con Robles. Primero lo ha hecho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, después el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y finalmente el propio Sánchez. “Por supuesto”, ha contestado al salir del hemiciclo a la pregunta de si respalda a la titular de Defensa. Fuentes gubernamentales se alinean ahora con el discurso de Robles y sostienen que lo único que hizo en el Congreso fue apuntar a “dos situaciones” en las que la “vigilancia estaba justificada” en referencia a la declaración de independencia en Catalunya y los desórdenes públicos tras la sentencia del procés instigados desde Tsunami Democrátic. No obstante, el espionaje duró más allá de esos momentos puntuales, según los datos revelados por Citizen Lab.
Tampoco pretende Moncloa aceptar una comisión de investigación en el Congreso. Considera que los altos cargos que desfilen por allí no podrían aportar ningún dato porque la información tiene carácter reservado y temen que se convierta en un disparadero.
Una mayoría exigua para encarar la crisis
De lo que sí son conscientes en el Gobierno es de que el momento es el más delicado de la legislatura y se aferran al diálogo como mecanismo para salvar lo que queda de mandato. “A partir de ahora mucho diálogo. Pasos se están dando”, señalan fuentes gubernamentales sobre la entrada de ERC y EH Bildu en la comisión de secretos oficiales que se ha oficializado este mismo jueves. Pero los socios de la investidura lo ven insuficiente, incluido el PNV, que también reclama una comisión de investigación, o ceses. Moncloa no descarta que se pueda producir un contacto de Sánchez con el president de la Generalitat, Pere Aragonés, aunque no hay nada previsto, y tampoco que se depuren responsabilidades, pero sostienen que tiene que acabar la auditoría en el CNI y se muestran convencidos de que todo se ha hecho al amparo de la ley. Por ahora Moncloa guarda silencio.
La situación de debilidad llega en el peor momento para Sánchez, con unas elecciones en Andalucía convocadas para el 19 de junio, y la irrupción de Alberto Núñez Feijóo, a quien en el PSOE temen más que a Pablo Casado. La actitud del PP ante el plan anticrisis ha decepcionado al Gobierno, que le emplaza a negociar seriamente propuestas durante la tramitación de la norma como proyecto de ley que se vio forzado a aceptar así como a abordar otros acuerdos que Sánchez le planteó al dirigente gallego: el Poder Judicial, el Pacto Antitransfuguismo, o la reforma del artículo 49 de la Constitución.