La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez del caso Koldo por la que acordó el bloqueo de las cuentas del empresario Víctor de Aldama, uno de los principales imputados.
De Aldama recurrió la decisión del juez alegando, entre otros motivos, que las cuentas tenían mucho más dinero del que se le acusa de haber obtenido por la venta de mascarillas a organismos públicos durante la pandemia de Covid a través del tráfico de influencias y con el pago de comisiones, un total de 5,5 millones de euros.
Los jueces de la Sala de lo Penal afirman que desconocen cuánto dinero hay en esas cuentas, que no cabe ahora tomar esa decisión por estar la causa y que en estos momentos hay indicios racionales de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Por Pedro Águeda
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que participaba esta mañana en el V Foro Internacional de Expansión, ha afirmado que para que haya en nuestro país “algún consenso” debe “cambiar el presidente del Gobierno. Feijóo ha respondido así a la pregunta del director adjunto de este diario, Iñaki Garay, que le planteaba ”qué tiene que pasar en este país para que haya algún consenso en algo“.
“Peor es imposible”, ha insistido Feijóo, quien asegura que Sánchez “prefiere a la extrema izquierda y el separatismo” antes de llegar a pactos de estado con el Partido Popular y señala al presidente del Gobierno como el culpable de la ausencia de pactos consensuados en la política española.
Por Alberto Órfão
La moción adoptada esta tarde por mayoría en el seno del Claustro de la Universidad de Barcelona por petición del colectivo 'Universitats per Palestina' y del Grupo Palestina UB supone un apoyo institucional a la población de Palestina así como la petición a las instituciones públicas para que suspendan las relaciones institucionales académicas con cualquier universidad, instituto de investigación, empresa u otras instituciones israelíes como mecanismo de presión a este estado “hasta que acabe el genocidio y se erradique el sistema de apartheid israelí y termine la colonización de Palestina”.
La moción, que es similar a la aprobada el pasado 31 de enero por el Claustro de la Universidad Politécnica de Catalunya, exige además al Gobierno español y a la Generalitat que corten las relaciones con el Estado de Israel, comenzando por el fin del comercio de armamento. La moción ahora deberá elevarse al equipo de dirección y al Consell de Govern de la institución académica para su consideración.
Por Alberto Órfão
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha respondido a las declaraciones de esta mañana del portavoz 'popular' Borja Sémper, en las que decía tener la “sensación” de que las manifestaciones de estudiantes en apoyo al pueblo palestino que exigen el fin del conflicto en Gaza son en realidad movilizaciones “en contra de Israel y a favor de Hamás”, pidiendo al PP que “deje de mentir” y que deje de decir que los universitarios están defendiendo a una banda terrorista como Hamás “porque lo que están haciendo es defender la paz” en Gaza.
Morant, que este martes se mostró “orgullosa” por la movilización de los estudiantes universitarios y porque las universidades españolas no sean “solo un espacio de formación académica sino también de pensamiento crítico”, afirma que el Partido Popular “tiene un problema con la defensa de los derechos humanos” y dice que, para justificarlo, inventan bulos y “ahora acosan a los estudiantes universitarios”. “Que dejen de mentir, que dejen de inventar bulos, que dejen de desinformar”, ha exigido la ministra.
Informa Alberto Órfão
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha calificado de “gravísimo e intolerable ataque” a la autonomía del Ministerio Fiscal la decisión del Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, de reprobar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En un comunicado, la UPF sostiene que la iniciativa adoptada por la Cámara Alta es un “execrable ejemplo de utilización partidista de las instituciones” que, a su juicio, convierte al Senado en un “mero instrumento al servicio del principal partido de la oposición, con evidentes fines propagandísticos y electoralistas”.
La asociación, a la que pertenecía García Ortiz hasta que fue nombrado máximo responsable del Ministerio Público, cuestiona que esa decisión incide en el “desprestigio” del fiscal general, pero también de los 2.700 fiscales que conforman la carrera. Y pide a los senadores y a la clase política en general “más respeto” por la democracia y por las instituciones a las que sirven.
Por Elena Herrera
La mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado ha reprobado al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en una moción que exigía destituirle después de que el Tribunal Supremo anulara también el nombramiento de la exfiscal general Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. Como era de esperar, se ha aprobado con 144 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones.
La senadora del PP María Asunción Mayo Fernández ha subido a la tribuna a presentar la moción. “Esto no es ningún ataque personal al señor García”, ha comenzado, “ya se desacredita él solo con sus acciones”. Según el PP, ha solicitado que se destituya a García por sus “incumplimientos graves y reiterados”.
“Siempre que están acorralados por la corrupción arremeten contra todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia”, les ha reprochado el socialista José María Oleaga. Por otro lado, la senadora de Sumar Carla Antonelli ha acusado a la bancada popular de “hacer ruido” y les ha recordado el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. “Quieren ganar en este Senado lo que no pudieron ganar el pasado 23 de julio”, les ha espetado.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir sobre la inmigración y la ocupación de casas y le ha instado a rectificar. “Me produce entre tristeza e indignación (...) Una rectificación sería muy deseable, o al menos que antes de pronunciarse de esa manera, pues piense un poco que estamos hablando de seres humanos, de personas”, ha zanjado el expresidente, recalcando que “España no es lo que piensa y dijo ayer Feijóo”.
“Lo que ha dicho Feijóo no es España, no se parece nada a los españoles. Este es un país defensor de los Derechos Humanos y que generó muchos inmigrantes en su día, por el mundo, por Latinoamérica, por Europa, y queríamos que nos trataran dignamente”, ha expresado el exdirigente socialista en declaraciones a los medios antes de asistir a un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum.
Zapatero ha argumentado que el líder del PP ha dicho “una gran mentira” porque la 'okupación' está “en una tendencia a la baja” y porque “la inmensa mayoría de los problemas que hay sobre los domicilios” la provocan ciudadanos españoles.
Por Europa Press
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de dejarse “secuestrar” por el discurso de la extrema derecha tras apelar al voto para su formación en las elecciones de Catalunya contra “la inmigración ilegal” que ocupa “nuestras casas”.
Por otro lado, Urtasun ha señalado que no tiene nada que comentar respecto a la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática y que el Senado puede impulsar las “reprobaciones que quiera”, en referencia a la propuesta contra el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
En declaraciones a los medios de comunicación en Alcalá de Henares (Madrid) tras la presentación del nuevo Archivo Histórico de Movimientos Sociales, Urtasun ha reprendido al líder popular por vincular inmigración y okupación. “Yo creo que el señor Feijóo cada vez está más secuestrado por el marco de la extrema derecha y de Vox. Realmente es lamentable que alguien intente utilizar la inmigración como arma arrojadiza electoral”, ha censurado el también portavoz de Sumar. En este sentido, ha subrayado que las personas migrantes que viven en España “trabajan, cotizan y contribuyen como los que más, igual que todo el resto de ciudadanos”.
A través de Europa Press
Esta mañana hemos conocido que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, está advirtiendo por carta a empresas españolas con actividad en Israel sobre el riesgo de estar contribuyendo “al genocidio en Palestina”. Las reacciones a esta noticia no han tardado en surgir, incluso desde el propio Gobierno del que forma parte Bustinduy.
Fuentes del Ministerio de Exteriores señalan: “No sabemos nada de esa carta. Nuestra posición es clara sobre Gaza, Palestina y el reconocimiento”. Apuntan que el ministro del ramo, José Manuel Albares, ha puesto “esta misma mañana un tuit al respecto” –en el que alerta de la situación en Rafah y “pide un alto el fuego inmediato”–, “pero también es clara nuestra posición de que el Estado de Israel y el pueblo de Israel son amigos de España y del pueblo español”, añaden las mismas fuentes de Exteriores.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido la continuidad de las acampadas universitarias a favor de Palestina que se han instalado en los últimos días en diferentes campus de España. “Existe el derecho de manifestación”, ha dicho en una rueda de prensa este miércoles. Sin entrar a valorar el fondo de la protesta, Gamarra ha insistido: “Todo el mundo tiene derecho en el marco de lo que la ley establece”. “Si se ajustan a la legalidad y han pedido los permisos, nada que decir”, ha concluido.
La respuesta de Gamarra choca con lo dicho por el portavoz del PP, Borja Sémper, esta misma mañana. En una entrevista en Antena 3, Sémper ha asegurado que dichas acampadas “están destinadas para ir contra Israel y a favor de Hamás” cuando “Israel es un Estado democrático que se defiende”.
Las declaraciones de Gamarra, número dos del PP, chocan no solo con las del portavoz nacional, sino también con las del PP de Madrid, con el Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso a la cabeza. El consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, manifestó ayer su “profunda preocupación” por lo que consideró una campaña contra Israel promovida por algunos docentes y defendió que “la política debe quedar fuera de las aulas”. También el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, dijo percibir un “tufo antisemita” en las protestas.
Por Aitor Riveiro
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la decisión del juez del caso Koldo por la que acordó el bloqueo de las cuentas del empresario Víctor de Aldama, uno de los principales imputados.
De Aldama recurrió la decisión del juez alegando, entre otros motivos, que las cuentas tenían mucho más dinero del que se le acusa de haber obtenido por la venta de mascarillas a organismos públicos durante la pandemia de Covid a través del tráfico de influencias y con el pago de comisiones, un total de 5,5 millones de euros.
Los jueces de la Sala de lo Penal afirman que desconocen cuánto dinero hay en esas cuentas, que no cabe ahora tomar esa decisión por estar la causa y que en estos momentos hay indicios racionales de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
Por Pedro Águeda