El PSOE no ha logrado su objetivo de alcanzar un acuerdo global para la renovación de las instituciones cuyo mandato ha caducado. El principal escollo es en este momento de la negociación -que sigue abierta- el veto de Pablo Casado a vocales propuestos por Unidas Podemos. En concreto, los de Pablo Iglesias plantearon a Pedro Sánchez que entren en el órgano de gobierno de los jueces la actual delegada del Gobierno para la lucha contra la violencia machista, Victoria Rosell, que fue diputada del grupo confederal, y al magistrado José Ricardo de Prada, que fue uno de los magistrados de la sentencia de la Gürtel y responsable de los pasajes que dieron por acreditada la caja B del PP y que provocaron la moción de censura contra Mariano Rajoy. El PP rechaza ambas propuestas.
Esa negativa complica la negociación, aunque tanto PSOE como PP aseguran que sigue en marcha tras haber cerrado un acuerdo para la elección del Consejo de Administración de RTVE que se vota este mismo jueves. “No aceptamos vetos –advertían fuentes del grupo confederal este miércoles–. Si pactan con el PP sin nosotros no van a tener nuestros votos cuando se vote”. Fuentes del grupo confederal han confirmado a elDiario.es que Rosell y De Prada son sus propuestas.
Moncloa está negociando con Génova en nombre del Gobierno de coalición. El secretario general de Presidencia, Félix Bolaños, es el encargado de pilotar las conversaciones por parte del Gobierno. Los socialistas siempre han sostenido que sus interlocutores defienden la posición del Gobierno de coalición, es decir, que representan a ambas partes ante el intento del PP de dejar fuera a Unidas Podemos de la negociación.
Pero más allá de quién se siente en la mesa durante las negociaciones, el PP no quiere aceptar nombres que Unidas Podemos pueda decir que son su cuota dentro del órgano de gobierno de los jueces. Y ese es el principal enquistamiento en este momento, según las fuentes consultadas por elDiario.es, aunque no el único.
Aún así, PP y PSOE han asegurado en sendos comunicados esta mañana que las negociaciones siguen en marcha tras cerrar in extremis el acuerdo para RTVE. En el paquete, además del CGPJ están el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. El órgano de gobierno de los jueces, en concreto, lleva en funciones más de dos años después de que en 2018 un mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose de que controlarían la Sala Segunda del Tribunal Supremo “por detrás” hiciera saltar por los aires el pacto, que incluía a Manuel Marchena como presidente del CGPJ. Marchena renunció de inmediato.
Con esos precedentes, desde Unidas Podemos sostienen que el PP no puede rechazar ningún nombre que propongan y sostienen que el PSOE tendrá que decidir si acepta el veto -y se rompe la unidad de acción en el Ejecutivo- o mantiene la presión. PSOE y Unidas Podemos registraron hace unos meses una proposición de ley para cambiar las mayorías necesarias para la renovación del CGPJ con la que sortearía el bloqueo. Pedro Sánchez metió en el congelador esa iniciativa para dar una oportunidad a la negociación con Pablo Casado, que una ve pasadas las elecciones catalanas y con un horizonte de estabilidad sin comicios en el frente ha estado esta semana más cerca de prosperar que nunca.