Al suroeste de Madrid, en un municipio de menos de 35.000 habitantes, resiste un fenómeno político de la década pasada. La alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, está imputada en un caso de corrupción propio de las grandes investigaciones que sacudieron la política madrileña en la primera década de este siglo. Millán, número 3 del PP de Madrid, es investigada por una práctica de cualquier guía básica de la corrupción: adjudicaciones a un empresario a cambio de dinero y prebendas.
Tan conectado está a las macrocausas de corrupción del PP de Madrid que el 'caso Millán' es un cabo suelto del caso Púnica, la trama que se extendió por los municipios de la región al calor del poder omnímodo del PP. En el caso de Arroyomolinos, la entonces concejala de Juventud, Ana Millán, adjudicó más de 670.000 euros a un empresario que le pagaba por el alquiler de un piso el doble del precio de mercado. Luego se ha descubierto que el mismo año que empezó a pagar esa renta, el empresario contrató a la pareja y a la hermana de la hoy alcaldesa.
Esta semana se ha cumplido un año de la imputación de Ana Millán en un juzgado de Navalcarnero. Los indicios contra ella han ido creciendo desde entonces sin constituir obstáculo alguno para que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, haya incrementado el peso de Millán en el partido. Pese a estar formalmente investigada, Ayuso nombró a la alcaldesa de Arroyomolinos vicesecretaria de Organización Territorial, la número 3 de la formación local, en mayo del año pasado. Ahora su nombre suena para integrar un posible Gobierno autonómico, en el caso de que Ayuso revalide su victoria esta misma primavera.
El nombre de Ana Millán Arroyo apareció en el sumario de Púnica por primera vez en 2016, tres años después de que estallara el caso. El nuevo Gobierno municipal que accedió a la Alcaldía descubrió que el equipo saliente de la Concejalía de Juventud intentaba deshacerse de documentación en tres bolsas de basura. En su interior se encontraron correos y extractos bancarios que demostraban la relación entre un empresario, Francisco Vicente Roselló, propietario de la empresa Neverland, y la que había sido responsable de Juventud, y por tanto de los festejos de la localidad, Ana Millán.
En aquel momento, la principal preocupación del nuevo equipo municipal no eran las anotaciones sobre Roselló sino las que vinculaban a la ex concejala de Juventud con otro empresario, José Luis Huerta Valbuena, conocido ya entonces por protagonizar una de las piezas separadas del caso Púnica. Por este motivo, los denunciantes acudieron al Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde el juez Eloy Velasco instruía la causa de corrupción.
Amigo de Francisco Granados, Huerta Valbuena y su empresa Waiter Music fueron durante años habituales en la contratación de conciertos y otros menesteres lúdicos en las fiestas de las localidades madrileñas, una gigante tarta de concesiones con dinero público. José Luis Huerta falleció en septiembre de 2020, antes de ser juzgado.
La relación entre Waiter Music y el Ayuntamiento de Arroyomolinos se remonta a 2004. Después de dos contrataciones para las fiestas de la localidad aparece la primera cita entre Millán y Huertas, el 10 de noviembre. A partir de ese momento la relación entre empresa y Consistorio se multiplica. Conciertos de grupos de moda, fiestas de fin de año, eventos… En diez años, las empresas de Valbuena obtienen 602.308,55 euros en adjudicaciones del Ayuntamiento de Arroyomolinos.
Tuvieron que pasar cuatro años hasta que el siguiente juez de Púnica, Manuel García Castellón, concluyera que el modo de contratar a Waiter Music por parte del Ayuntamiento de Arroyomolinos, sumando pequeños contratos en los que “ni tan siquiera estaba prevista la retención del crédito con anterioridad a su contratación”, era cuando menos sospechoso. “Es especialmente particular –añadía el juez– la circunstancia de que se produzcan comidas o reuniones directas entre la concejala responsable, Ana Millán, y el futuro adjudicatario, José Luis Huerta Valbuena. Tales hechos hacen presumir, al menos con la fuerza necesaria que justifica la instrucción penal, la evidencia de un posible delito continuado de prevaricación administrativa”.
Pero los hechos arrancaban en la contratación para la celebración de la fiesta de Nochevieja en 2004 y finalizaban en un expediente de 2008, por lo que la prescripción impedía investigar la relación de Ana Millán y Huerta Valbuena. No ocurría lo mismo respecto al vínculo entre la ex concejala y Francisco Roselló. “Cuestión diferente se produce en relación a los hechos relativos al concejal Ana Millán y su relación con la empresa Neverland que, si bien ofrecen indicios no guardan relación con la presente pieza, procedería a la inhibición al juzgado de instrucción competente”, apuntaba el juez. Nacía el ‘caso Millán’.
Un juzgado de Navalcarnero comenzó a investigar en secreto hasta que el 25 de enero de 2022 se encendieron las alarmas. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se presentaban simultáneamente en el Ayuntamiento de Arroyomolinos y en la sede de la empresa de Roselló, Neverland. Dos meses después, en marzo, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero dictó un auto en el que citaba a la alcaldesa y al empresario a declarar en calidad de investigados en una causa con la calificación provisional de posible prevaricación administrativa.
Ese mismo mes de marzo de 2022, elDiario.es reveló los avances de la investigación. Entre el 3 de enero de 2008 y el 13 de julio de 2012, Ana Belén Millán había recibido 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de Roselló, según consta en los atestados de la Guardia Civil. De otro lado, entre 2006 y 2011, cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, al frente de la cual estaba Ana Millán. Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló. Además, Millán recibió del empresario otros 6.642 euros en el año 2012 por motivos que se desconocen.
En secreto, la UCO había citado como investigada no detenida a Millán el 22 de enero del pasado año por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, fraude a la administración y blanqueo. La alcaldesa se negó a colaborar con los agentes y no declaró. Quien sí había respondido a las preguntas de los guardias civiles, como testigo y en tres ocasiones, había sido Joaquín G. S, antiguo empleado de una de las empresas de Roselló, que vivió en el ático de Millán, en el centro de Arroyomolinos, entre junio de 2010 y diciembre de 2012. Joaquín dijo a los agentes que pagaba 500 euros mensuales a su entonces jefe y en mano. Roselló, a su vez, entregaba 900 euros al mes a Millán. El argumento de empresario y alcaldesa ante el juez es que si la renta se acercaba al doble del precio de mercado es porque se trataba de un alquiler con derecho a compra que después el empresario nunca ejerció.
El 'caso Millán'
El asunto del alquiler resultó ser solo una cara de la relación de Francisco Roselló y la alcaldesa. En realidad, el empresario había entrado en la vida de varios miembros de la familia de Millán en 2008. A partir de aquel año, además de pagarle casi el doble de su precio de mercado por el alquiler de un ático, Roselló contrató a la hermana de la regidora y también a su entonces pareja, hoy marido.
Beatriz Millán, trabajadora social, facturó un total de 93.522,60 euros a Roselló hasta 2016. Además, una UTE en la que este participaba contrató a Juan Pedro Santos Ceballos, con quien la número 3 del PP de Madrid convive desde 2007. Santos Ceballos percibió ingresos por valor de 37.578,04 euros procedentes de Roselló. Entre la alcaldesa, su marido y su hermana percibieron un total de 214.638,45 euros de empresas de Roselló entre 2008 y 2016, por diferentes conceptos, según el cálculo realizado por elDiario.es a partir de los datos recabados por la Guardia Civil de los bancos y de la Agencia Tributaria.
La vicesecretaria de Organización de Ayuso declaró en el juzgado que no influyó en aquella contratación y que su hermana obtuvo el puesto presentándose a un proceso de selección como trabajadora social. El empresario, por su parte, le dijo al juez que él desconoció la contratación cuando se produjo por el volumen y la cantidad de empresas que tenía. Se da la circunstancia de que una de las empresas que contrató a Beatriz Millán Arroyo, GE Escuelas Urbanas, forma parte de la UTE de empresas de Roselló que también contrató al marido de la alcaldesa. Juan Pedro Santos está citado para declarar como testigo el próximo 23 de abril.
El marido de Millán tendrá que responder también por otro asunto distinto a su contratación por una empresa de Vicente Roselló. Al investigar las cuentas de la alcaldesa, la UCO se topó con ingresos en metálico de Millán de 42.650 euros entre 2008 y 2017. En un reciente informe incorporado a la causa de corrupción, los agentes destacan que la mayoría de esos fondos (34.700 euros) acabaron en la cuenta bancaria de Millán mientras su pareja, Juan Pedro Santos, trabajaba como conserje para una UTE de empresas en la que participaba el empresario Francisco Roselló.
La importancia de esta conclusión radica en que cuestionaría la afirmación, de la también número 3 del PP de Madrid en sede judicial, de que sus ingresos en efectivo procedían de las ganancias en la “hostelería” y “el mundo de la noche” de su pareja, que figuraba como empleado de consejería de un colegio en aquella época. A ella, dijo al juez, no le gustaba guardar dinero en efectivo en casa, así que iba ingresando en el banco parte de lo que traía su marido y las rentas por una segunda vivienda en alquiler. En un reciente informe, la UCO concluye que el origen del dinero en metálico sigue siendo desconocido y destaca la coincidencia del inicio de los ingresos con el resto de presuntas prebendas a Millán y sus familiares.
Una vida profesional en el PP
Ana Millán lleva casi toda su vida adulta en la política profesional. Ya en 2003, con 26 años, era concejala de Arroyomolinos, precisamente del Departamento bajo sospecha, Juventud, Mujer, Infancia y Participación Ciudadana. Repitió en el cargo en la siguiente legislatura, por lo que ocupó la silla hasta 2011. En ese año cambió a Empleo, Formación, Industria y Comercio, donde estuvo otros cuatro años, hasta 2014. Cuando el PP perdió el consistorio tampoco tuvo que buscarse la vida en el mercado laboral al ser contratada como asesora de la Comunidad de Madrid, donde permaneció hasta regresar de alcaldesa en 2020.
Millán compaginó siempre su actividad en la política municipal con la del partido, llegando a sustituir a Isabel Díaz Ayuso al frente de la secretaría de Comunicación cuando esta fue elegida candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2019. Conocida su imputación, Ayuso no ahorró en fotografías con Ana Millán hasta nombrarla en mayo número 3 del partido en la región. En los últimos meses, Ana Millán se ha estado entrevistando con los candidatos a alcaldes por el PP en la Comunidad de Madrid y les ha preguntado si el partido tenía algo de qué preocuparse.
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