Cae una trama de 15 empresas que defraudó un millón de euros en cotizaciones a la Seguridad Social

Agentes de la Policía Nacional han destapado un fraude a la Seguridad Social en la provincia de Sevilla que asciende a casi un millón de euros. Los administradores de las empresas investigadas eran responsables de un impago sistemático de cotizaciones, causando un perjuicio económico de más de 990.000 euros, según ha informado la Policía en una nota de prensa. El modus operandi consistía en la creación sucesiva de sociedades de varios sectores, utilizando testaferros y ocultando los bienes para eludir los pagos a la entidad pública.

La investigación, que ha contado con la colaboración de la Tesorería General de la Seguridad Social, ha revelado la existencia de tramas fraudulentas en las que se han visto involucradas un total de 15 empresas. Además han sido detenidas seis personas, y otras seis han sido investigadas por delitos contra la Seguridad Social y frustración de la ejecución.

El modus operandi consistía en la creación sucesiva de sociedades, la utilización de testaferros y la ocultación de bienes para evitar el pago de las cotizaciones. Los investigadores comprobaron que los administradores de las empresas, vinculadas a diferentes sectores como el inmobiliario, estaciones de servicio, instalaciones eléctricas y de paquetería, utilizaron la creación de varias mercantiles de forma sucesiva para continuar con la actividad, eludiendo el pago de las deudas acumuladas con la Seguridad Social. Esto incluía el uso de testaferros y la transferencia de trabajadores entre las distintas empresas para evitar responsabilidades fiscales y ocultar sus activos impidiendo así su previsible embargo.

Facturación cruzada y testaferros

Durante la investigación, se centró la atención en cuatro empresas dedicadas al sector inmobiliario y de la construcción. Los administradores de estas empresas dirigían las actividades y controlaban los trámites, compartiendo domicilios, personal y recursos. Realizaban una facturación cruzada y con la participación de un testaferro trataban de obstruir las previsibles consecuencias de la Seguridad Social.

Entre 2022 y 2023, las empresas acumularon deudas significativas con el ente público pese a su notable crecimiento en facturación y contratación. Una de las empresas presentaba menor deuda, siendo utilizada para facturar con otros proveedores, una estrategia común en este tipo de delitos, para no acumular deudas en la empresa que factura y así poder seguir con su actividad.

De este modo, se determinó que los administradores de las empresas investigadas son presuntamente responsables de un impago sistemático de cotizaciones, así como de dificultar la iniciación de procedimientos para evitar el cobro a la Seguridad Social, causando un perjuicio económico total a la Tesorería General de la Seguridad Social que asciende a más de 990.000 euros.