El PP andaluz busca entre los suyos al que filtró los sobresueldos de sus líderes en Sevilla para “depurar responsabilidades”

El siempre imprevisible PP de Sevilla ha vuelto a entrar en convulsión interna. Esta vez ha dejado ojipláticos a los suyos más de lo que acostumbra una formación con cierta tendencia a la autodestrucción, porque esta vez su crisis les pilla gobernando el Ayuntamiento de Sevilla -sustentados en Vox- y con más concejales y alcaldes que nunca en la provincia.

El shock surge al hacerse públicos hoy los sobresueldos que el partido pagó hace diez años al hoy delegado de Hacienda del Consistorio hispalense, Juan Bueno, y otros concejales, siendo secretario general del PP andaluz el actual alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. La polémica no se limita al hecho de que dirigentes públicos del PP cobraran pagas extra mientras España estaba sumida en una política de recortes drásticos en el gasto público impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para enfrentar la crisis financiera internacional.

También ha trascendido un manejo cuestionable de las subvenciones públicas del grupo popular en la Diputación de Sevilla como gastos de funcionamiento del partido, incluido comidas, copas o fletar 70 autobuses llenos de simpatizantes al mitin de cierre de campaña electoral en las municipales de 2011, que el PP ganó con mayoría absoluta.

El partido de Juan Manuel Moreno, a la sazón presidente de la Junta de Andalucía, ha salido del shock este miércoles para anunciar que abrirá una investigación interna para “depurar responsabilidades políticas”, pero no se refería a los dirigentes que cobraron supuestamente sobresueldos ni a los que usaron subvenciones públicas de la Diputación de Sevilla para pagar actos, comidas y regalos del PP.

Tras publicar Diario de Sevilla los asientos contables que acreditaban esos pagos, El Correo de Andalucía ha revelado que el actual número dos del PP en Sevilla y diputado en el Parlamento, José Ricardo García, retiró la documentación sobre esa dudosa contabilidad ante un notario, donde fue depositada en 2018 por la anterior presidenta, Virginia Pérez.

El portavoz del grupo parlamentario popular, Toni Martín, es quien ha apelado este miércoles al Comité de Derechos y Garantías del PP andaluz cuando, al ser preguntado por José Ricardo García como posible responsable de la filtración de los sobresueldos, ha anunciado que “activará los mecanismos internos para depurar responsabilidades”. “El PP andaluz no va a entrar a valorar la actuación interna de esta persona ni permitirá que dañe al partido”, ha subrayado.

Hasta el momento, es el mensaje más duro que ha formulado en público el PP en relación a toda la polémica de los sobresueldos y los gastos de representación del PP de Sevilla a cuenta de las subvenciones públicas de la Diputación Provincial. García no ha hecho ninguna declaración al respecto este miércoles, que ha coincidido con una sesión de Pleno en el Parlamento andaluz, donde comparte bancada con sus compañeros (también es secretario general del PP sevillano y concejal en Carmona).

El PSOE andaluz ha aprovechado la herida interna en el PP de Sevilla para intentar llevar la polémica de los sobresueldos al Parlamento autonómico. Los socialistas quieren convocar la Comisión de seguimiento y control de financiación de partidos políticos en la Cámara, aprovechando que está presidida por una de los suyos -la parlamentaria Pilar Navarro- para atizar al partido de Moreno y al propio presidente.

La Comisión de financiación de partidos del Parlamento andaluz, un órgano de carácter permanente y no legislativo, sólo se ha reunido tres veces en esta legislatura: la primera para su constitución, y las dos últimas para sustituir a alguno de sus miembros. Lleva inactiva casi 30 años, aunque a lo largo de la historia parlamentaria ha sido invocada por los partidos de la oposición a anteriores gobiernos socialistas al eco de noticias e investigaciones judiciales relacionadas con la corrupción.

El PSOE andaluz, bajo la tutela ahora de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha registrado una pregunta de máxima actualidad sobre los supuestos sobresueldos en el PP de Sevilla para que los de Moreno respondan en la Cámara. Su iniciativa de reactivar la Comisión de financiación de partidos tiene, a priori, poco recorrido, porque primero deben registrar una iniciativa parlamentaria sobre este asunto que justifique la convocatoria de este órgano.

En realidad, en la historia parlamentaria hay cuatro antecedentes -tres registrados en 2013- en la que distintos grupos solicitaban a la Mesa de la Cámara la convocatoria de la Comisión de financiación de partidos, y el órgano rector las admitía a trámite. Sin embargo, todas esas iniciativas decayeron dos años después sin llegar a término, es decir, sin que se convocase la citada Comisión.

En última instancia, la convocatoria de este órgano de deliberación deberá decidirse en la Mesa de la propia Comisión de control de partidos políticos que, aunque está presidida por una diputada socialista, sigue bajo control del PP, que tiene mayoría de representantes. Martín ya ha deslizado este miércoles que su partido no facilitará la convocatoria de este órgano, toda vez que “los salarios de sus señorías” están vigilados por tres instituciones distintas: la Intervención General, la Cámara de Cuentas y, por último, el Tribunal de Cuentas. “Y ninguno de ellos ha detectado ninguna irregularidad”, ha sentenciado.

El delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Sevilla y también exdiputado autonómico, Juan Bueno, ha negado que cobrase sobresueldos, y ha explicado que ese dinero era para “gastos de funcionamiento del partido”. Este asunto, aunque no se esté dirimiendo en los tribunales, embarra el debate parlamentario en el que Moreno tiene que defenderse estos días de los ataques de la oposición por otros asuntos directamente ligados a la corrupción.

Dos juzgados, uno en Sevilla y otro en Cádiz, investigan los contratos a dedo del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con clínicas privadas. El primero, donde también investiga la Fiscalía Anticorrupción, ha imputado a la actual gerente del SAS y a sus dos predecesores por un supuesto delito de prevaricación. El segundo ha reclamado a la Junta los informes de la Intervención General que censuraron el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores del SAS.

Junto a estas investigaciones, el actual presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, también ha sido llamado a declarar ante el juez el próximo 3 de marzo, en calidad de imputado, en una causa judicial por la adjudicación supuestamente irregular de un tanatorio privado por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, cuando él fue alcalde de este municipio. Sobre este asunto también está imputado un alto cargo de la ejecutiva regional de Moreno y miembro del Consejo de Administración de la RTVA, Francisco Rodríguez Roa, imputado supuestamente por beneficiar a la firma de un familiar con la concesión del tanatorio privado, mientras el Ayuntamiento del PP dejaba en el aire un proyecto de tanatorio público durante seis años.