Sevilla admite un problema de limpieza con la cera de las cofradías, pero descarta limitar el uso de cirios en la calle

Entre Semana Santa, salidas extraordinarias de hermandades, viacrucis y estaciones de gloria, en Sevilla se lanzan a la calle cerca de un centenar de cofradías al año. Eso provoca un problema recurrente, que tiene hasta su deriva política: tras las procesiones, vienen las críticas por lo que se tarda en retirar la cera de los cirios de los miles de nazareno que procesionan por la ciudad, con los peligros que eso conlleva. Raro es el año en el que el Ayuntamiento hispalense no tiene que hacer frente a alguna denuncia por caídas y resbalones.

El Consistorio reconoce que sí, que la cuestión no es fácil, pero no ha aprovechado la nueva ordenanza de limpieza para ponerle coto pese a que en una versión inicial del texto se amagó con ello. Ahora, por el contrario, el mensaje que recoge la norma es rotundo: “En ningún caso se limitará el uso de cirios en la calle”.

El asunto tiene su miga, porque nadie quiere ponerle el cascabel a este gato, como al de pedir una cierta mesura para que no haya una procesión cada dos por tres por lo que ello conlleva para los servicios públicos. El primer borrador de la ordenanza intentó poner una primera pica en este Flandes, lanzando una advertencia a los cortejos procesionales que se celebran en fechas distintas a la Semana Santa, Corpus Christi y Virgen de los Reyes. “Emplearán métodos adecuados para evitar el vertido de cera al suelo”, recogía el texto, sin mayor precisión, pero se interpretó como que se iban a imponer limitaciones.

Aquello puso con las orejas de punta a más de uno, y el gobierno de José Luis Sanz (PP) se apresuró a decir que se trataba de un borrador que había heredado de la anterior etapa socialista y que nunca se iban a poner problemas. Dicho y hecho, ahora se ha subrayado bien a las claras lo de que “en ningún caso se limitará el uso de cirios en la calle”, porque a lo más que se llega es a apelar a, “en la medida de lo posible”, paliar los efectos del vertido de cera al suelo.

La ordenanza admite que lo anterior es necesario “en aras de velar por el adecuado mantenimiento del espacio público y proteger la seguridad de peatones y personas usuarias de vehículos”. Pero para ello la solución que se aporta es que se analizarán “métodos innovadores” que reduzcan el problema, una tarea en la que el Consistorio quiere embarcar a “la comunidad científica, empresas especializadas y las hermandades y cofradías y las entidades que organicen cortejos procesionales”.

Menos caramelos en las cabalgatas de Reyes

Sí se ha mantenido en un sentido más literal otro artículo que se recogía en el primer borrador de la nueva ordenanza referente a otros eventos festivos de la ciudad como son las cabalgatas de Reyes Magos, a las que se insta a recatarse a la hora de lanzar caramelos. Eso sí, no es ni mucho menos una prohibición, sino que introduce que “se fomentará la paulatina disminución del reparto de caramelos” hasta lo que se define como “niveles sostenibles”, pero sin mayor precisión de qué significa eso. Por ejemplo, la cabalgata principal de Sevilla, la que organiza el Ateneo, arrojó el pasado 5 de enero alrededor de 100.000 kilos.

El nuevo texto insta a que, “en particular”, habrá que limitar el lanzamiento de caramelos duros y masticables u otros similares “de especial adherencia al pavimento”, lo que luego complica la tarea a los operativos de Lipasam, la empresa municipal de limpieza. También se mantienen los mismos argumentos para instar a esta reducción: prevenir la generación de residuos, evitar el desperdicio alimentario y velar por el adecuado estado de limpieza del espacio público.

A pleno y con el respaldo del PSOE

Tras dar por cerrada el gobierno local la nueva ordenanza, que viene a sustituir a la que está vigente desde 2014, el último trámite ha sido su aprobación en el pleno con los votos a favor de PP y PSOE y la abstención de Vox y Podemos-IU. La sintonía entre socialistas y populares no ha impedido duros reproches entre ambos, ya que los primeros han criticado que la ciudad está más sucia pese a que el alcalde dijo que “en tres meses lo iba a solucionar”, mientras que los segundos han insistido en que Sevilla “está más limpia que hace un año” y han denunciado la “situación lamentable” en la que dejaron Lipasam tras ocho años de gobierno.

Pero al margen de dos cuestiones tan específicas como son las cofradías y las cabalgatas, la norma incluye novedades como el endurecimiento de las sanciones por pinturas vandálicas en elementos del patrimonio cultural o bienes de interés cultural (BIC), con multas de hasta de 3.000 euros al considerar una infracción muy grave. También se regula la gestión de los residuos procedentes de pisos turísticos, imponiendo a los propietarios la obligación de dar indicaciones a sus inquilinos para tirar la basura.

Ni escupir ni publicidad en los coches

Las líneas maestras las ha presentado este jueves la delegada del Área de Limpieza, Evelia Rincón (PP), que también ha resaltado el hecho de que “la ordenanza incide en la necesidad de que la ciudadanía se conduzca de manera cívica” en relación con el cuidado del espacio público común y la adecuada gestión de los residuos generados. De paso, la concejal ha resaltado que Lipasam ha duplicado las actuaciones de inspección y ha incrementado en un 77% las denuncias por incumplimiento de la ordenanza (3.084 frente a 1.741 de 2023), lo que no impide que los últimos datos reflejen que la percepción que tiene la ciudadanía de la limpieza ha empeorado ligeramente con respecto a hace un año.

La nueva ordenanza mantiene otras medidas que ya están vigentes pero son poco conocidas, como la prohibición de escupir o poner publicidad en los limpiaparabrisas de los coches estacionados en la calle, acciones que pueden acarrear una multa de hasta 750 euros. Como éstas, se incorporan como infracciones leves no usar agua para diluir la orina de los perros o que un establecimiento o actividad comercial ensucie la vía pública de su entorno. La horquilla sancionadora no cambia (las máximas serán de 3.000 euros), pero pasan a ser graves (hasta 1.500 euros) cuestiones como hacer las necesidades en la calle, arrojar cigarrillos encendidos a la papelera, las pintadas en general y el rebusco de basura que provoque daños en los contenedores.