La reforma de la ley del aborto que impulsó en 2022 la exministra de Igualdad Irene Montero permite desde el 1 de junio de este año pedir una baja por dolor menstrual incapacitante, siempre que haya previamente un diagnóstico como mioma, ovarios poliquísticos o endometriosis que causan ese dolor, la llamada dismenorrea secundaria, que tiene un origen conocido y diagnosticado. Este tipo de bajas ya las daban antes de junio los médicos, bajo el mismo epígrafe: la novedad reside en que ahora se le otorga una especial protección como “incapacidad temporal especial”. Supone que, al contrario de lo que sucedía antes de la reforma legal, se pueda cobrar desde el primer día el 60% de la base reguladora, paga directamente la Seguridad Social y no hace falta tener un mínimo de días cotizados para recibirla.
Las mejoras económicas han tenido su efecto multiplicador, aunque no han conseguido que se generalicen. Fuentes del Ministerio de Seguridad Social confirman que en enero, febrero o marzo de 2023, la media de bajas por dismenorrea secundaria era de 10 en toda España cada mes (una cifra muy baja teniendo en cuenta que se calcula que unos dos millones de españolas padecen endometriosis). Desde junio, con la reforma, se solicitaron entre 150 y 200 cada mes “y con cifras muy estables mensualmente desde junio a diciembre”. Suman “1.081 procesos de incapacidad temporal con una duración media de 3,12 días” desde junio hasta ahora, señalan en el departamento.
Es decir, las ventajas y visibilización pública del problema, con sus polémicas políticas y el debate social que hubo durante la tramitación de la reforma, han animado a muchas mujeres que antes aguantaban el dolor a pedir la baja (son diez veces más), pero las cifras son realmente ínfimas. Como referencia, son entre 150 y 200 bajas mensuales en un país que da más de medio millón de bajas laborales cada mes. ¿Qué falta para que estas incapacidades temporales no se hayan popularizado entre una población diana muy amplia? Según las fuentes consultadas, entre los motivos está que sigue el estigma de la regla, que hay quien no conoce las ventajas de pedirla o que existe, que el proceso no es automático sino que hay que pasar por el centro de salud o que ahora la empresa sí conoce el motivo de la baja, lo cual puede ser un freno para pedirla por vergüenza o preservar la intimidad.
Ninguna avalancha
“Como se puede comprobar por los datos, no se ha producido una avalancha de este tipo de incapacidad temporal (IT) y su uso se ha estabilizado mes a mes desde su puesta en marcha. Hay que destacar que estas bajas, como otras incapacidades temporales, las conceden los facultativos, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social las registra y abona”, señalan desde el Ministerio, que paga y maneja los datos.
Una de las mujeres que la han pedido es Anna Segura. La regla le bajó por primera vez con 12 años. Desde entonces, cada mes sufría un dolor inexplicable –“El más fuerte que he experimentado en mi vida”– acompañado de vómitos, escalofríos y malestar intestinal, tanto que incluso en ocasiones tuvo que acudir a Urgencias y ser ingresada. Con 20 le diagnosticaron endometriosis e incluso fue operada para quitarle las adherencias que tenía en los ovarios sin que nadie le informara de las consecuencias, pero no fue hasta los 31 cuando un médico le explicó en detalle lo que significaba la endometriosis. Aunque ya había tenido que pedir la baja común en varias ocasiones anteriormente, Anna es una de las beneficiarias de las nuevas bajas por menstruación incapacitante.
“Mi médica de cabecera conoce mi diagnóstico, así que desde el primer día no he tenido ningún problema ni impedimento con que me la concedan”, resume esta barcelonesa de 36 años, que desde su entrada en vigor el pasado 1 de junio la ha solicitado “dos o tres veces”. Maestra de educación infantil y ahora directora de una escuela, durante su trayectoria laboral siempre ha combinado la incapacidad con la flexibilidad laboral cuando no podía desempeñar su trabajo: “Lo que hacía era negociar y a veces faltaba unas horas al levantarme y luego con medicación podía incorporarme. Ese día era un zombie, pero me sabía mal faltar tanto al trabajo”, resume.
La facilidad que Anna se ha encontrado al pedir la nueva baja contrasta con la experiencia de Mónica Lázaro, que también tiene endometriosis, vive en Barcelona y ha intentado pedir la incapacidad sin éxito, lo que dibuja un escenario dispar que acaba afectando a las solicitantes. La primera vez, en julio, en el centro de salud le dijeron que no sabían nada. En noviembre, cuando la regla volvió a ser “incapacitante por todo lo alto” como para impedirle ir a la fundación en la que trabaja, volvió a intentarlo, pero la saturación de la sanidad hizo que no pudiera hablar con su médica hasta el 15 de diciembre. “Entonces me dijo que le sabía mal pero que a ellos nadie les había informado de nada, que solo les había llegado por la prensa y no tenían ni idea de cómo tramitarlo”, afirma.
“Me siento súper perdida porque hay mucha desinformación y la pelota pasa de un lado a otro”, denuncia Mónica, a la que tanto en el Hospital Clínic, en el que la tratan de la endometriosis diagnosticada solo hace tres años, como en la Asociación de Afectadas de Endometriosis de Cataluña, que le está asesorando, le aseguran que existe un protocolo y tiene derecho a la baja. La disparidad le hace sentir “una frustración absoluta” y cree que la situación “es más de lo mismo” de lo que ocurre a nivel social y médico con la regla en general y las patologías asociadas en particular. “Hay mucho tabú y eso repercute en que haya desinformación y no seamos atendidas correctamente”, sostiene.
El trámite de estas bajas, que se debatieron en el seno del Gobierno de coalición en mayo de 2022, no solo cristalizó en su reconocimiento en la ley, sino que generó una conversación social sobre lo que supone ir a trabajar con fuertes afecciones durante la menstruación, una realidad habitualmente invisibilizada que acaba conduciendo al mandato no escrito de que las mujeres deben aguantar sin que se note. Es lo que hace la mayoría: una encuesta de la Sociedad Española de Contracepción reveló que, aunque el 33% de las mujeres ha sentido la necesidad de pedir la baja por los fuertes dolores de regla, solo el 16,8% lo ha hecho (en el sistema ya existían contempladas tres bajas antes de la reforma: por dismenorrea primaria, secundaria y de origen desconocido).
De hecho, la reforma para mejorar la prestación de dismenorrea secundaria evidenció una polarización entre los partidos políticos. Mientras el ministerio en manos de Podemos la impulsó, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la calificó de “enredo”, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), dijo que a ella solo le interesaban “las reglas de tres” y el portavoz de su partido, Borja Sémper, la enmarcó en una “victimización”. Dentro del Consejo de Ministros también tuvo detractores en la parte socialista.
Por ejemplo, la entonces vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, declaró que “el Gobierno no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres”. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, le dio la réplica diciendo que “lo que estigmatiza es no tener la sensibilidad suficiente para comprender que el mundo laboral no es neutro”. Finalmente, el 13 de mayo, el Ministerio de Igualdad y el de Seguridad Social, que también había puesto algunos reparos, llegaron a un pacto.
“Una alegría”
“Para mí fue una alegría, es el primer paso precisamente para empezar a visibilizar que esto pasa y que se está ocultando. Son muy comunes las frases de 'bueno, tienes la regla, es lo que hay' e incluso es muy significativo que ni siquiera se pueda ir con un tampón en la mano al baño en el trabajo”, opina Mónica.
Pero, si el del dolor menstrual y la endometriosis o adenomiosis es un problema extendido, ¿por qué se piden tan pocas incapacidades incluso cuando mejora la protección económica? El doctor Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, también ha confirmado en consulta que es “una petición residual”. “Yo tengo un cupo muy joven y grande de pacientes y no me la ha pedido nadie”. Lo achaca, en parte, “al desconocimiento o a que no está interiorizado”. Armenteros cree que se facilitaría el acceso a estas bajas si no hubiera que pedir cita cada vez al médico de familia, como ahora: “Por ejemplo, alguien con un diagnóstico previo que pudiera tener una baja autorregulada, sin que generase una consulta en el centro de salud cada mes, porque además en algunos centros puede darse que cuando te dan la cita ya se te ha pasado el dolor”.
El hecho de que el dolor deba ser incapacitante y con diagnóstico previo deja fuera también muchos casos, según Armenteros, que reconoce que en el día a día de los médicos, que son los que tramitan estas bajas, no han notado ningún cambio desde junio porque el proceso es “exactamente igual que antes”.
Irene Aterido es sexóloga y está detrás del proyecto @meduelelaregla. Aunque considera positivo que sean incapacidades de especial protección y estén pagadas desde el primer día, también cree que tiene fallos. El problema al que se refiere es que, al garantizar la Seguridad Social el salario desde el día uno, la empresa “sabe de qué incapacidad se trata, para el cálculo de la nómina”, lo que afecta a “mujeres que no quieren visibilizarse”. “Para las decenas de mujeres que la pedimos, es un alivio estar cubiertas, pero a la vez se nos señala ante la empresa. La ansiedad y la depresión son las grandes comorbilidades, ante el estigma social ante las mujeres enfermas, así que el ascenso es bastante amargo”.
Justamente el Consejo General del Poder Judicial destacó en su informe de 2022 sobre la reforma este hecho: que desde junio la empresa sí sabe que la baja es por regla dolorosa, algo que antes no pasaba, destacando que “puede provocar efectos totalmente contrarios a los pretendidos, haciendo surgir reacciones de marginación o estigmatización”, en particular sobre las que sufren esas reglas incapacitantes, algo que ha denunciado ante Protección de Datos la Confederación Intersindical Galega. Además, el CGPJ vio “ausencia de justificación” en la nueva regulación porque ya existía ese tipo de baja antes (aunque en peores condiciones económicas) y criticó que no se argumentara en el texto por qué se le daba un “privilegiado de atención y tratamiento” a una enfermedad común concreta.
Para la sexóloga Aterido, fundadora también de EndoMadrid (Asociación de Endometriosis de Madrid), el problema de fondo “es el androcentrismo” y que entre las posibles solicitantes “hay miedo y resistencias” a pedirlas porque “las represalias en lo laboral y el temor a perder el trabajo son enormes”, lo que en parte tiene que ver con “el tabú y la estigmatización que hay de todo lo menstrual y ginecológico”. Por eso apunta a la necesidad de que se desarrollen paralelamente “garantías de derechos” de las trabajadoras a no ser reprendidas y reclama que mujeres con patologías que pueden ser tan incapacitantes como la endometriosis tengan una especial protección en lo laboral. “La menstruación no es dolor, cuando es dolor es una enfermedad”, sostiene.
Anna también considera que la baja “es un primer paso” pero pide “no conformarnos con que nos la den y seguir sufriendo en casa”, sino que “hace falta más investigación” para “garantizar nuestra calidad de vida”. En este sentido, fuentes del Ministerio de Igualdad, ahora con Ana Redondo a la cabeza, valoran las incapacidades como “la conquista de un derecho laboral para las mujeres”, pero coinciden en que queda “un largo camino por recorrer” y se comprometen a invertir recursos públicos para “contribuir a reducir el tiempo que tardamos en diagnosticar” estas enfermedades.