España está a punto de cambiar el modelo de las ayudas de alimentación que dependen de fondos europeos. A partir de mayo, nadie recibirá ya cestas de productos a través de las entidades sociales. El dinero –entre 130 y 220 euros mensuales según el tamaño familiar–se ingresará directamente en una tarjeta o vale canjeable con la que las personas podrán hacer compra en los supermercados según sus necesidades.
“Dignificamos la protección social para que las familias no tengan que ir a las colas del hambre”, ha expuesto el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el Real Decreto que da inicio al cambio de sistema, especialmente dirigido a paliar la pobreza infantil.
El pistoletazo de salida al modelo pensado para superar el asistencialismo y potenciar la autonomía, sin embargo, está siendo algo atropellado. El retraso del acuerdo con las comunidades autónomas –que son las que tienen las competencias en los servicios sociales– ha obligado al Gobierno a asignarse, a través del real decreto al que se ha dado luz verde este martes, la gestión de urgencia de las tarjetas entre mayo y diciembre para garantizar la continuidad de la asistencia en medio de la transición entre programas.
Pero la gestión no será directa. El Gobierno se la ha entregado a Cruz Roja Española con una subvención por importe de 100,2 millones de euros (95,5 millones destinados a gastos de alimentación y los 4,7 millones restantes para “los gastos técnicos de la implantación del programa”) sin abrir un concurso con otras entidades.
Los bancos de alimentos, hasta ahora responsables de la entrega de las cestas, anticipan que la reforma dejará a usuarios desatendidos. Entre otras razones, justifican, porque han cambiado los criterios de acceso a las ayudas: solo serán beneficiarias de las tarjetas las familias con hijos menores a cargo con ingresos inferiores al 40% de la renta media. Son unas 70.000 familias, según los cálculos del Gobierno.
En el periodo anterior, se atendió con el mismo fondo a 1,3 millones de personas, según datos facilitados por el Ejecutivo a preguntas de elDiario.es. “No se distingue si han sido atendidas de manera puntual o periódica, por lo que no es posible estimar el impacto real del programa ni comparar el dato con las casi 70.000 familias a la que se espera llegar este año con el nuevo”, asegura un portavoz del Ministerio de Derechos Sociales. La decisión sobre el sistema y el colectivo al que dirigir la ayuda se tomó por acuerdo con las comunidades autónomas, aseguran fuentes ministeriales.
Según el Real Decreto que se aprueba este martes, el Estado –en este caso Cruz Roja por concesión– solo se va a hacer cargo transitoriamente de la gestión de las tarjetas, es decir, de su fabricación y puesta en marcha a través de un acuerdo con los supermercados. Pero la relación de beneficiarios queda en manos de las comunidades, que deben remitir esa información al Ministerio de Derechos Sociales. El dinero ingresado en las tarjetas será proporcional al número de personas de la unidad familiar (130 para dos, 160 para tres, 190 para cuatro y 220 si la familia la conforman cinco o más miembros) y aumenta las cuantías respecto al anterior programa, ha asegurado Bustinduy en la rueda de prensa.
La última compra centralizada de alimentos con el Fondo Europeo de Ayuda a las personas más Desfavorecidas (FEAD) se produjo en octubre de 2023. Con esa despensa, solo llega para abastecer a los usuarios hasta abril, según confirman fuentes del Gobierno, que explican que la adquisición de productos se hacía dos veces al año. Una vez comprados, se distribuía a las familias a través de dos entidades que podían, a su vez, trabajar con otras más pequeñas: la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y Cruz Roja.
110 millones de euros al año para 70.000 familias
El nuevo sistema de tarjetas se enmarca a partir de este año en el programa del Fondo Social Europeo Plus de asistencia material básica con un presupuesto de 619,3 millones de euros para el periodo 2021-2027 –565 millones directos de Europa más un 10% de cofinanciación de las comunidades–. Es decir, no cambia el dinero aportado por la Unión Europea (110 millones de euros al año), pero sí la manera de distribuirlo.
La Fesbal considera que el nuevo sistema “va a dejar a colectivos sin atención”. Pone como ejemplo a las personas con pensiones muy bajas o a las personas sin hogar. La federación defiende también que “aunque parece que la entrega de alimentos estigmatiza, los usuarios acuden a un sitio donde se les puede dar medidas accesorias de información y contactar con personas en la misma situación”.
“La decisión de las tarjetas ha sido potestativa del Estado español; de hecho la mayoría de los grandes países han continuado distribuyendo alimentos”, zanjan. Otra de las críticas tiene que ver con el coste: con una compra centralizada como la que se hacía antes, el precio final de cada producto es menor.
El Ministerio de Derechos Sociales dice que la ayuda del fondo europeo es “una más” de las que existen en España para alimentación y que dependen directamente de los gobiernos regionales y municipales. Y recuerdan que la decisión sobre el cambio de sistema fue fruto de un acuerdo por unanimidad del Consejo Interterritorial de Derechos Sociales, donde están representadas todas las comunidades autónomas, en verano de 2021.
También se acordó con los gobiernos regionales la población destinataria de esta ayuda (familias con hijos menores) como una medida dirigida a aplacar las altas cifras de pobreza infantil. España es el país europeo con la tasa más elevada, según los últimos datos de Unicef.
Ahora, el Gobierno tiene por delante la firma de un acuerdo con los supermercados donde puedan usarse las tarjetas, que serán canjeables por productos de alimentación y de higiene básica dentro de un listado limitado. Los cajeros de los establecimientos serán los encargados de informar a los usuarios de qué productos son o no financiados, en caso de que se adquiera algo que no entra en la lista. En las tarjetas se puede recargar un máximo de tres meses de una vez y tienen validez de un año.
El sistema de tarjetas monedero ya existe en algunos municipios y comunidades. La Junta de Andalucía puso en marcha un sistema gestionado por Cruz Roja con un máximo de 250 euros al mes. También existe en el Ayuntamiento de Barcelona y de Madrid. Se trata de un sistema que entraña una cierta complejidad de gestión, algo que ha acabado por retrasar el acuerdo con las comunidades autónomas y ha derivado en una gestión de urgencia. Con la decisión, dicen desde el Gobierno, quieren garantizar que las tarjetas estén a tiempo y que las comunidades tengan más tiempo para implementar sus propios sistemas. Todo ello deberá estar operativo el 1 de enero de 2025.