El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno a la ley de restauración de la naturaleza que el Partido Popular Europeo trató de boicotear al plantear la retirada de la propuesta de la Comisión Europea. La norma, que persigue establecer unas bases legales para recuperar el 90% de los hábitats dañados en el año 2050 con objetivos intermedios del 30% en 2030 y del 60% en 2040, ha salido adelante con 329 votos a favor, 275 en contra y 24 abstenciones. Las formaciones progresistas han aplaudido especialmente el resultado de la votación de una normativa que ha estado en peligro en los últimos meses. El eurodiputado socialista César Luena, que ha sido el ponente, lo ha celebrado y dos parlamentarias de los verdes, una de ellas la candidata Terry Reintke, se han abrazado en mitad del Hemiciclo.
A pesar de ser una de las normativas clave de la agenda verde impulsada por el gobierno que pilota Ursula von der Leyen ante la degradación de los ecosistemas -que actualmente están en un 80% dañados-, se ha topado con el rechazo de su propio partido, que en los últimos meses se ha desmarcado de las políticas medioambientales e incluso ha planteado una moratoria de dos años para satisfacer las exigencias de los sectores económicos, como los agricultores, que están en pie de guerra en todo el continente desde hace tiempo y han multiplicado sus protestas aprovechando la cercanía de las elecciones europeas.
El Partido Popular Europeo fracasó, no obstante, en su maniobra para tumbar la ley de restauración de la naturaleza este verano, cuando la Eurocámara rechazó por tan sólo doce votos de diferencia la propuesta de rechazo de la iniciativa. Lo que sí logró fue descafeinar sustancialmente el texto a través de las enmiendas. De hecho, la posición de la Eurocámara fue mucho menos ambiciosa de lo que inicialmente y estuvo por debajo de la del Consejo de la UE, donde están representados los gobiernos.
El acuerdo final supuso, por tanto, una rebaja sustancial respecto a la propuesta inicial de la Comisión Europea. Así, se incluyó un 'freno de emergencia' que suspender las medidas hasta un año y se priorizarán los espacios de la Red Natura 2000, que ya de por sí están protegidos.
A pesar de la reducción de esa reducción de la ambición, el Partido Popular Europeo ha rechazado el texto final coincidiendo con el auge de las protestas de los agricultores, aunque ha habido ruptura de la disciplina de voto. Algunos europdiputados, como los irlandeses de Fine Gael han votado a favor. “No queremos nuevas y más formas de burocracia y obligaciones de información para los agricultores. Dejemos que los agricultores se dediquen a la agricultura”, señala el eurodiputado Siegfried MureÈ™an, Vicepresidente del Grupo del PPE encargado de presupuesto y políticas estructurales.
El PP de Alberto Núñez Feijóo ha arremetido directamente contra los socialistas españoles, a los que ha acusado de “dar la espalda a los españoles”. “Mientras el mundo rural ha salido a la calle por la crisis a la que se están enfrentando, hoy, gracias al apoyo de los socialistas españoles, el Parlamento aprueba nuevas formas de burocracia y obligaciones para los agricultores y pescadores Y lo peor es que ahora gobiernos sectarios como el de Sánchez usaran esta ley para asfixiar aún más al sector primario”, afirma en un comunicado la jefa de la delegación, Dolors Montserrat.
Más delitos medioambientales
Desde el Partido Popular Europeo emplazan, además, a los gobiernos a rechazar la normativa bajo el argumento de ayudar a los agricultores. El siguiente paso es que el Consejo de la UE, donde están representados los 27, le den el visto bueno definitivo en un momento en el que la presión del campo está surtiendo efecto en la limitación de las políticas medioambientales de la UE. Bruselas ha retirado la ley con la que pretendía reducir en un 50% el uso de pesticidas químicos y ha planteado reducir las condiciones ambientales para la PAC.
La Eurocámara también ha aprobado la reforma de la directiva para ampliar la lista de delitos medioambienates, que pasará de nueve a dieciocho, incluyendo el comercio ilegal de madera, el agotamiento de los recursos hídricos, las infracciones graves de la legislación europea sobre productos químicos y la contaminación causada por los barcos.
Los estados miembros tendrán que adecuar su legislación penal a la nueva norma, que contempla sanciones de hasta diez años de prisión para los delitos más graves (que tengan resultado de muerte). En el caso de las compañías responsables, también se impondrán multas de entre el 3% o el 5% de su facturación mundial anual o, alternativamente, 24 o 40 millones de euros. La nueva directiva ha salido adelante con una mayoría holgada (499 votos a favor, 100 en contra y 23 abstenciones).