Cuatro mujeres y dos niños. Este fin de semana, en solo 24 horas, tres hombres cometían tres crímenes machistas. En uno de ellos, en Zafarraya (Granada), un hombre de 34 años asesinaba a su ex pareja, de 20, y a la madre de ella, de 49 años, que no contará como víctima de violencia de género pero sí como víctima de feminicidio. En Fuengirola (Málaga), un hombre de 75 años mataba a su pareja de 76. Y en Las Pedroñeras, un pueblo de Cuenca, un hombre asesinaba a su exmujer y a sus dos hijos.
El cúmulo temporal de los casos llevaba al Ministerio de Igualdad a convocar un gabinete de crisis que se reunirá este martes para analizar los tres crímenes y elevar conclusiones y recomendaciones. Los tres casos tienen, al menos, un punto en común: sucedieron en localidades de menos de 100.000 habitantes. Los datos muestran que hasta el 64,3% de los asesinatos machistas cometidos entre 2016 y 2022 se produjeron en municipios con esta característica.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hace anualmente un análisis de los asesinatos por violencia machista, lleva tiempo alertando de cómo vivir en una población de menor tamaño puede convertirse en un “factor de riesgo” para las víctimas. “Si ya resulta difícil denunciar en cualquier contexto, en estos casos el entorno pesa aún más sobre las víctimas.
En las poblaciones pequeñas, donde todos se conocen, las víctimas tienen más dificultades a la hora de denunciar los hechos“, cree Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del CGPJ. El 59,1% de las mujeres viven en municipios de menos de 100.000 habitantes y es en esas localidades de donde proceden el 64% de las víctimas de los últimos años.
Si acotamos más las cifras, el 46,2% de las mujeres residen en pueblos y ciudades de menos de 50.000 habitantes y ahí se produjeron el 50,4% de las víctimas entre 2016 y 2022. En Zafarraya viven poco más de 2.000 personas, unas 6.500 en Las Pedroñeras, y 75.000 en Fuengirola.
Aunque la última Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer (2019) del Ministerio de Igualdad apuntaba a que no existen “diferencias significativas” en función del tamaño de los municipios en la mayoría de las variables analizadas, sí detectó que cuanto más grande es, mayor es el porcentaje de mujeres que han verbalizado la violencia sufrida de sus parejas o exparejas bien denunciando o buscando ayuda: así lo ha hecho el 66,9% de las que viven en municipios de hasta 2.000 habitantes. La proporción crece en los que tienen hasta 10.000 (el 78,5%) y alcanza el 83,3% en las que residen en municipios de más de 10.000 habitantes. Por ello cree Carmona que las campañas de sensibilización en estos territorios “pueden ser cruciales”.
El sentimiento de vergüenza, el de culpabilidad que muestran todas las víctimas de la violencia machista, es más intenso en poblaciones pequeñas
“El sentimiento de vergüenza, el de culpabilidad que muestran todas las víctimas de la violencia machista, es más intenso en poblaciones pequeñas”, esgrime la presidenta del Observatorio, que alude también a las diferencias de medios personales y materiales a disposición de las mujeres en las localidades de menor población y las grandes ciudades. Uno de estos recursos son los juzgados de violencia sobre la mujer, a los que no todas las víctimas, sobre todo las que viven en pequeñas localidades, pueden acceder. De ahí que el CGPJ esté intentando “ampliar el ámbito de competencia territorial” de estos órganos especializados con una condición: que no implique para la víctima un desplazamiento de más de media hora “con el fin de que la distancia no sea disuasoria”, añade Carmona.
Dispersión y control social
Teresa Rey es trabajadora social en la comarca de la Hoya de Huesca. El municipio más grande en el que atiende ella y el equipo al que pertenece tiene 2.500 habitantes. “Son muchos núcleos, hay de 1.800, luego hay de 200, de 90, de 30”, cuenta Rey, que menciona algunos “factores intrínsecos” a las zonas más rurales: “Hay poca población, la gente se conoce entre sí, hay más control social en general. También depende de la parte de la pareja que es del pueblo y cuál viene de fuera para sentirse más o menos respaldada por el entorno. Son lugares donde cuesta más intervenir desde fuera de la relación porque está la idea de que te metes en un jardín que no te corresponde con gente que es cercana de alguna manera”.
En muchos casos hay una mayor dependencia económica con el agresor y eso lastra la decisión e incluso menor independencia de movimientos
La dispersión geográfica puede afectar a la manera en la que los servicios sociales están presentes, pero Rey subraya que las mujeres pueden tanto ir a Huesca como llamar para ser visitadas en sus localidades. “Nos desplazamos a donde sea. En lo que insistimos es en que cuando una mujer o su entorno sepan que sufren violencia de género se pongan en contacto con nosotros lo primero, salvo que haya una situación de riesgo inminente, porque a esa mujer hay que prepararla para el proceso. En algunos casos implicará una denuncia ya, en otros no porque puede no estar preparada”, explica la experta, que defiende la presencia de los trabajadores y trabajadoras sociales cuando las mujeres van a denunciar para poder hacer un acompañamiento que las ayude y allane el camino de un procedimiento que no ha hecho más que empezar.
Tras los asesinatos de este fin de semana, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha alertado sobre “la desprotección” de las víctimas en el medio rural. “No se puede abordar la violencia de género de la misma en un pueblo que en una ciudad”, advierte su presidenta, Teresa López López. La organización denuncia “una falta de recursos especializados” y de “coordinación” en los territorios de menor tamaño que se une a las dificultades con las que muchas veces se encuentran las mujeres para salir de la violencia: “En muchos casos hay una mayor dependencia económica con el agresor y eso lastra la decisión e incluso menor independencia de movimientos. En Madrid coges el metro y apareces en otro barrio en el que igual puedes ir a un centro de atención en el que no te conoce nadie. En los pueblos esto es más complicado”, señala López.
La federación menciona en concreto la falta de recursos especializados destinados a atender y proteger a los menores de edad, de los que asegura que “prácticamente no existe ninguno” en el medio rural, afirma al hilo del asesinato machista de Pedroñeras, donde el agresor mató también a sus dos hijos de ocho y tres años. FADEMUR llama la atención también sobre los dispositivos que vigilan de forma telemática a los agresores, las llamadas pulseras de control, sobre las que han detectado “numerosos fallos” técnicos y de funcionamiento en zonas en las que la cobertura es inestable. “Deberíamos buscar una tecnología que realmente fuera eficaz en todos los territorios”, añade López.