La Universidad Complutense, el otro foco del caso Monedero: “Había suficiente constancia para haber hecho algo antes”

“Esto no ha sido ninguna sorpresa en la facultad. Había constancia de rumores lo suficientemente persistentes y extendidos como para que la Complutense hubiera hecho algo antes”. Habla la experta en protocolos contra el acoso en las universidades e integrante del Punto Violeta de Somosaguas, Paula Martín Peláez, sobre el caso de Juan Carlos Monedero. Somosaguas es el campus al que pertenece la facultad de Políticas de la Universidad Complutense de Madrid donde ha impartido clases el expolítico desde 1992.

La Complutense ha abierto ahora un expediente a Juan Carlos Monedero tras la queja oficial presentada contra él por una alumna. Sin embargo, varias mujeres que han pasado por esa facultad relatan que “a todas, ya en el primer año de carrera, nos llegaba que era mejor ir con cuidado con él”. En la línea apuntada por Martín Peláez, en ese edificio se han visto desde hace tiempo carteles sugiriendo la situación.

Después de que la investigación de la universidad se haya hecho pública y de que haya salido a la luz el caso de dos mujeres que se quejaron a Podemos en septiembre de 2023, Monedero ha pedido una baja y no impartirá clases hasta nuevo aviso.

Cada vez que grupos de alumnas o asociaciones organizaban acciones públicas para denunciar el acoso y la impunidad, la cara y el nombre de Monedero aparecía en pintadas y carteles, junto al de otros profesores con nombres y apellidos. Sucedió, por ejemplo, en 2018 y también en 2022. La facultad mandaba que las retiraran lo antes posible, cuentan alumnas y profesores.

Muy críticas con la actuación de la institución

Las componentes del Punto Violeta, formado por personal docente y administrativo y por alumnas, que acompañan y apoyan a cualquier persona que haya sufrido discriminación o acoso sexual, sexista o lgtbifóbico en la universidad, son muy críticas con la posición que la Complutense ha tenido durante décadas con este asunto. Pasar de la búsqueda de apoyo a una denuncia formal, subrayan, es muy difícil para una alumna y más cuando la institución no toma un papel proactivo.

De la misma opinión es Marcos Roitman, sociólogo y analista político, profesor durante años en la misma facultad que Juan Carlos Monedero. “Compartíamos estudiantes o aula, él a veces salía de clase y entraba yo. Y ahí se producían esas conversaciones entre alumnos y profesores cuando hay cierta relación de confianza. Te hablaban de ciertos comentarios, de baboseo y groserías, comentarios degradantes, autoritarismo...”, asegura. Algunas de esas alumnas, añade, eran chicas muy jóvenes. Él, subraya, llegó a retirarle el saludo por distintos motivos, también por su trato con el alumnado.

“Si lo que se sabe de un profesor no tiene que ver con su docencia o con su labor académica sino con sus comportamientos en clase, con sus gestos obscenos y machistas, es que estamos hablando de una situación totalmente anormal, y esto es lo que sucedía” –prosigue el sociólogo–. “Lo que era normal es que las alumnas no fueran a denunciar porque existe una relación de poder y porque él presumía, además, en clase de sus relaciones con personas importantes. Y lo que era extraordinario es que más personal docente no levantara la voz, que no hubiera más responsabilidad y ética en la facultad para hacer algo”, afirma.

Actuar de oficio

Pero, ¿qué hacer si no existe una queja formal de una persona dispuesta a activar el protocolo y a pasar por el proceso que supone? Martín Peláez subraya que, más allá del protocolo concreto de la universidad, las administraciones públicas tienen la obligación de abrir procedimientos de información reservada cuando tienen sospechas o cualquier indicio de que un empleado público podría estar cometiendo una falta administrativa o un delito.

“Es un expediente que abre la inspección de servicios y en el que se investigan los hechos o rumores para ver si son verídicos y si hay base para iniciar una investigación oficial. Para abrir ese expediente no hace falta una denuncia por acoso”, explica, porque precisamente lo que se pretende es indagar y aclarar. La queja oficial sí es necesaria para pasar del procedimiento de información reservada al expediente de investigación por acoso. Que haya alguien que ratifique los hechos solo es necesario en los procesos por acoso sexual, pero no sucede lo mismo en otro tipo de faltas administrativas.

Que la universidad abra de oficio ese procedimiento de información reservada, prosigue Paula Martín Peláez, “cambia el marco”, porque facilita que las posibles víctimas y testigos se animen a hablar. “No es lo mismo que se espere a que una persona individual haga una denuncia a que la universidad inicie un expediente, porque eso ya da más seguridad y las mujeres comprueban que existen una voluntad. Si quieres que una persona que ha sufrido acoso por parte de un docente se anime a hablar o ratifique ciertos hechos hay que crear un entorno de seguridad y de credibilidad”, dice. Y ese, denuncian desde el Punto Violeta de Somosaguas, no era el ambiente que ha existido hasta ahora en la Complutense.

La Universidad Complutense alega, sin embargo, que no puede hacer nada ante sospechas si no existe alguna denuncia. Sobre por qué informó públicamente de este caso, cuando nunca lo hace, el organismo asegura que lo hizo la Facultad de Políticas –y no la universidad a nivel institucional– porque “se sintió obligada” ante las informaciones que salían.

Fue El País el que, el pasado jueves, adelantó que la Complutense investigaba a Juan Carlos Monedero por acoso tras la denuncia de una alumna. Esa mañana, elDiario.es había publicado que Podemos tuvo conocimiento de la queja por escrito de una mujer sobre los comportamientos de Monedero en septiembre de 2023, pero que no inició ninguna indagación formal. Como la víctima no respondió a un correo en el que se le ofrecía iniciar el trámite a través de un formulario, explicaron, no continuaron con el proceso, a pesar de que la mujer asegura que ese mail no le consta y que ella sí hubiera participado en él.

Una experta independiente en protocolos contra el acoso y administraciones públicas –que prefiere no dar su nombre– constata que, en este tipo de casos, las universidades pueden y deben abrir esos expedientes de información reservada y recabar la información que permita ver si eso puede derivar en una investigación formal por acoso. “Como empleado público tienes una serie de obligaciones, y ante una infracción que tenga que ver con igualdad o discriminación, la administración tiene que actuar”, asegura. Son las inspecciones de servicio las que deben encargarse de ello, pero afirma que lo que sucede suele ser justo al revés: “Primero se pide la queja formal y se hace la investigación y luego se abre el proceso de información y eso hace que los procesos se alarguen o que se revictimice a las mujeres o que renuncien al proceso”.

Teniendo en cuenta que en este tipo de casos las afectadas suelen ser alumnas, cuyos resultados y carreras dependen de la persona señalada, el asunto es aún más grave, recuerda, y no deberían existir aún estas dudas acerca de cómo proceder en las universidades. La Complutense no confirma si existen o no más denuncias formales contra Monedero porque esa información es “reservada”. De momento, el expolítico no volverá a dar clases: la Facultad de Políticas y Sociología comunicaba el jueves que Monedero había pedido una baja y que su ausencia en las clases se debía a ese motivo.