Las aplicaciones de rastreo de contactos han fracasado en la Unión Europea. Al principio de la pandemia se plantearon como una herramienta esencial para detener las cadenas de contagio y los Estados miembros no dudaron en invertir millones de euros en su desarrollo. Luego anunciaron su implantación a bombo y platillo y lanzaron ambiciosas campañas de comunicación para promover su uso. Pero apenas un año después, cuando el virus está recuperando terreno y más podrían haber sido de ayuda, el análisis de sus estadísticas muestra resultados decepcionantes, con la mayoría de aplicaciones relegadas al olvido.
Los ciudadanos europeos respondieron masivamente a la llamada de las instituciones. En Alemania, por ejemplo, la aplicación Corona-Warn-App cosechó en su primer mes de vida 15,8 millones de descargas, el equivalente al 20% de la población, mientras que 2,5 millones de personas en Finlandia, el 45%, se habían descargado Koronavilkku dos meses después de su lanzamiento. Sin embargo, cuando comprobaron que las apps servían para poco más que consumir espacio y energía, dejaron de usarlas.
Al principio, las autoridades sanitarias fijaron en el 60% el umbral mínimo de descargas para que esta tecnología tuviera un impacto relevante, pero solo Irlanda ha sobrepasado ese dato en la Unión Europa. A finales de noviembre de 2021, la app Covid Tracker contaba con 3,75 millones de descargas, equivalente al 75% de la población. Nuevos estudios luego demostraron que las aplicaciones de rastreo también contribuyen a frenar los contagios a partir de una penetración del 20%, que la mayoría de los Estados miembros sí superaron.
Sin embargo, los datos de los casos positivos notificados a través de estas aplicaciones —en mayo solo uno de cada veinticinco europeos los comunicaban— cuentan una historia diferente: una historia de oportunidad perdida y, en algunos casos, de inversión desperdiciada. En Croacia, cada uno de los 77 contagios notificados a través de la app Stop COVID-19 le costó al Gobierno 1.683 euros de media, y eso que el desarrollo de la aplicación fue gratuito. Además, la falta de análisis y auditorías sobre los resultados impiden conocer con exactitud hasta qué punto las aplicaciones de rastreo han sido útiles en la lucha contra la pandemia.
Más de cien millones de euros invertidos
En abril de 2020, la Comisión Europea incluyó entre sus recomendaciones para la desescalada el desarrollo de aplicaciones que facilitaran el distanciamiento social y el rastreo de contacto. La eHealth Network, una red formada por las autoridades públicas de salud de los Estados miembros, respondió publicando una caja de herramientas para respaldar y unificar la concepción de estas aplicaciones.
A partir de esa base, los Gobiernos europeos fueron lanzando sus propias apps durante los siguientes meses, aunque los costes de desarrollo, mantenimiento e integración con el resto de aplicaciones —tareas encargadas generalmente a empresas privadas— no fueron homogéneos. Alemania, con 67,45 millones de euros presupuestados hasta finales de 2021, es con diferencia el país que ha destinado más recursos. Algunos países, como Bélgica, Lituania o Eslovenia, incluso apostaron por adaptar la aplicación alemana a su contexto nacional.
También destaca por su precio la neerlandesa CoronaMelder, en la cual el Gobierno de Países Bajos ha invertido 18,7 millones de euros, además de 4,3 millones en publicidad. Aunque la mayoría de países no desglosaron los gastos asociados a promover las aplicaciones, los datos de aquellos que sí lo hicieron demuestran el esfuerzo por que estas herramientas llegaran al mayor número posible de personas. En Francia y Estonia, de hecho, la inversión en publicidad superó a la del desarrollo y el mantenimiento de las aplicaciones: 4,78 millones de euros frente a 2,27 millones y 200.000 euros frente a 102.000, respectivamente. En España y Finlandia las cifras también fueron millonarias.
Sin incluir el gasto en publicidad, los Estados miembros han destinado al menos 106 millones de euros al diseño de esta tecnología, aunque no ha sido posible recabar la información económica de las aplicaciones de Chipre, República Checa —eRouška ya no está siquiera disponible— y Malta (ver metodología al final para más detalles). Asimismo, las apps de Italia y Letonia fueron desarrolladas a coste cero por compañías de software y luego cedidas al Estado, pero se desconoce cuánto dinero se ha invertido en su gestión. Estonia, Dinamarca y Croacia también recibieron la ayuda del sector privado, pero sí especificaron las partidas destinadas a mantener e integrar las aplicaciones.
En Austria, por su parte, la fundación privada Uniqa contribuyó con dos millones de euros a los tres millones que requirió la puesta en marcha de Stopp Corona App. Mientras tanto, Bulgaria, Grecia, Luxemburgo, Suecia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía no adoptaron ni promovieron de forma decidida una aplicación de rastreo de contactos.
Bruselas también reservó tres millones de euros del Instrumento de Asistencia Urgente para ayudar a los Estados miembros a adaptar sus aplicaciones nacionales al contexto europeo. Según ha confirmado la Comisión Europea a El Orden Mundial, trece países solicitaron la ayuda —Austria, Croacia, Chipre, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lituania, Malta, Países Bajos, Polonia y Eslovenia— y percibieron en conjunto cerca de dos millones de euros con una dotación máxima de 150.000.
Ni siquiera dos millones de contagios rastreados
Salvo excepciones, el esfuerzo sirvió de poco: según los datos recabados para este análisis, hasta noviembre de 2021 inclusive se notificaron 1,83 millones de contagios a través de las aplicaciones de rastreo. Eso significa que tan solo han servido para rastrear el 5% de los casos de covid-19 confirmados durante su periodo de actividad en los países con datos disponibles, pues no ha sido posible acceder a los de Chipre, Chequia, Estonia, Malta y Portugal.
Aunque hay casos de éxito, sobre todo en el norte del continente: Dinamarca ha alertado a los contactos estrechos del 26% de sus positivos, Finlandia al 16%, Alemania al 14% y Países Bajos al 10%, suficiente para evitar miles de nuevos contagios. Por su parte, la Universidad de Oxford estimó que la aplicación del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido había evitado entre 200.000 y 900.000 infecciones desde octubre hasta diciembre de 2020 y que los casos disminuían entre un 0,8% y un 2,3% por cada 1% de usuarios adicionales.
Sin embargo, esos datos se desconocen en la Unión Europea, donde aún faltan estudios que permitan conocer el impacto real de esta tecnología en el devenir de la pandemia. Los Gobiernos dieron por finalizada su misión tras lanzar y promover las aplicaciones y por lo general se olvidaron de seguir alimentándolas, corregir errores y analizar sus aciertos y fallos. Además, muy pocas administraciones, como las de España, Francia e Italia, comparten las estadísticas de sus apps de forma proactiva, accesible y con actualizaciones diarias, síntoma de la escasa rendición de cuentas que ha habido en torno a estas herramientas.
Miedo a la pérdida de privacidad
“Si bien acepta que sus datos personales estén bajo el control de las empresas de internet, la mayoría de los ciudadanos parecen no estar dispuestos a compartir sus datos por el interés público”. A esa conclusión llegó un estudio publicado en agosto por el Centre for Economic Policy Research (CEPR) con respecto a la escasa penetración de las aplicaciones de rastreo. Pese a los esfuerzos que hizo Europa para garantizar un uso de los datos descentralizado y anónimo, los ciudadanos no terminaron de fiarse de sus gobernantes y muchos vieron en estas herramientas una forma de vigilancia y control.
Además, las aplicaciones de rastreo entraron en escena en un contexto de saturación, improvisación y escasez de recursos sanitarios, desde materiales hasta profesionales, por lo que las autoridades no pudieron dedicar toda la atención que exigían ni explotar al máximo su utilidad. De hecho, la integración de las apps en los sistemas nacionales de salud fue un problema común en la Unión Europea, y en muchas ocasiones los usuarios contagiados ni siquiera recibieron el código que debían utilizar para advertir a sus contactos estrechos.
La suma de todos estos factores impidió que las descargas aumentaran y que, igual que con las vacunas, el rechazo inicial se fuera desvaneciendo hasta que la presión social acabó por convencer a la mayoría de la población. Cuando la vida pasó a suceder en internet, la Unión Europea no fue capaz de sacar partido a la tecnología para detener las cadenas de transmisión. Tampoco de responder por qué una inversión de más de cien millones de euros sirvió de tan poco. La oportunidad estuvo ahí, esperando a ser instalada en los móviles de los ciudadanos.
Este artículo, publicado bajo una licencia CC BY-SA 4.0., forma parte de la European Data Journalism Network (EdjNet), un consorcio periodístico internacional que cubre temas paneuropeos usando periodismo de datos, y el proyecto Panelfit, apoyado por el programa Horizon 2020 de la Comisión Europea (acuerdo de financiación n. 788039). La Comisión no ha participado en la producción del artículo y no es responsable de su contenido.
Puedes leer el artículo original publicado en El Orden Mundial aquí.
Los costes de las aplicaciones, el número de descargas y el número de positivos notificados fueron obtenidos de las páginas web de las aplicaciones, de informes de los ministerios de Sanidad, contactando a sus desarrolladores o encargados de su mantenimiento o, en su defecto, de noticias en la prensa local.
Para calcular el porcentaje de positivos notificados se utilizaron los datos de casos confirmados de Our World in Data registrados en el periodo comprendido entre el día de lanzamiento de cada aplicación y el de la última actualización de las estadísticas de su uso.
Asimismo, se optó por el número de descargas en relación con la población de cada país como indicador de la penetración de las aplicaciones por la disponibilidad de los datos y su fácil comparación. No debe confundirse, sin embargo, con el número de usuarios activos, cifra que solo comparte un puñado de Estados miembros y que no tiene en cuenta a aquellas personas que se descargaron la aplicación, pero no llegaron a usarla, o aquellas que sí lo hicieron, pero que la desinstalaron después.
Sobre la información económica de algunos países:
- El gasto de Croacia no incluye 12.000 kunas (cerca de 1.600 euros) mensuales que según el medio ‘Telegram’ gasta el Estado en mantener Stop COVID-19 desde agosto de 2020 por no conocer su exactitud ni haber podido confirmar el dato.
- El de Dinamarca abarca hasta el primer semestre de 2021 y sí incluye gastos de promoción de la aplicación, ya que no fue posible conocer el desglose del coste total.
- El gasto de Francia incluye los costes asumidos hasta diciembre de 2020.
- El de Alemania, hasta el final de 2021.
Por último, Bulgaria, Grecia, Luxemburgo, Suecia, Hungría, Eslovaquia y Rumanía no fueron tenidos en cuenta porque no adoptaron ni promovieron de forma decidida una app de rastreo de contactos. Algunos de estos países sí llegaron a utilizar alguna de este tipo, pero:
- No se trataba de una aplicación de rastreo como tal, caso de Bulgaria, donde los ciudadanos podían compartir su ubicación con ViruSafe, pero solo para que el Gobierno pudiera identificar puntos calientes de propagación del virus.
- Fueron iniciativas privadas que despertaron el interés de los dirigentes públicos, pero no contaron con apoyo sólido y continuo, como en Hungría, Rumanía o Eslovaquia.