La trama andaluza del 'cártel del fuego' malversó más de 4 millones de euros, según la policía judicial
Una decena de empresas aeronáuticas se repartían el pastel de la lucha contra el fuego en toda España. En Andalucía, la principal beneficiaria era, supuestamente, la cordobesa Faasa. La policía judicial lleva más un año investigándola a fondo y ha concluido que las subvenciones que ha recibido durante años “están plagadas de irregularidades y abusos”. Es lo que se desprende del atestado policial al que ha tenido acceso eldiario.es/andalucía.
Aunque la propia empresa aseguró a este diario que no se podía hablar de “irregularidades, sino de malas praxis”, la Unidad Adscrita a Tribunales y Fiscalía (Uatf) no opina lo mismo y estima, tras un “exhaustivo estudio”, que Faasa ha malversado al menos 4.517.000 euros en subvenciones destinadas a empleo, infraestructura, innovación, desarrollo y cursos para mecánicos y pilotos que luchan contra el fuego.
Partiendo de cuatro expedientes en los que la Junta de Andalucía ya ha exigido que se reintegren las subvenciones, la policía estima que, tan solo en cursos de formación para mecánicos y pilotos de aviación, Faasa se ha apropiado indebidamente de más de 4.360.000 euros. “Este es el valor estimado del que ha podido apropiarse Faasa en materia de cursos de formación, es decir, pese a que ha impartido todos los cursos, los podía haber llevado a cabo por más de cuatro millones de euros menos”.
Sueldos de 13.000 euros al mes
¿En qué se han 'invertido' de manera irregular todos esos millones? La policía hace hincapié en datos llamativos, que van desde gastos de material de oficina que se “cuadriplican de un año al siguiente” a directivos que también cuadriplican su salario (de 3.000 a 13.000 euros mensuales, imputándose un tercio a fondos públicos), pasando por una hora de curso financiada con subvenciones a precio de oro (más de 5.700 euros).
Fuentes sindicales de los pilotos de aviación consultadas consideran “escandaloso” que, en uno de los cursos, se imputaran más de 2.200 euros por hora de práctica de vuelo (20.000 euros por nueve horas), “cuando lo habitual son entre 350 y 500 euros”. Coincide con el parecer de los investigadores de la policía: “Se entiende excesivo aunque se incluya el mantenimiento de la aeronave”.
Los profesores de vuelo del centro cordobés “tienen otras muchas funciones. Ello explica que las nóminas cargadas a las subvenciones de formación sean tan altas y que se alarguen los cursos -para poder cargas más meses las nóminas a las subvenciones-”.
En cuanto a las subvenciones de infraestructura, innovación y desarrollo, una de las irregularidades más graves observadas por la policía es que se emplea en varias ocasiones “un mismo gasto para solicitar dos subvenciones. Es decir, justifican como inversión realizada un gasto que ya ha sido compensado con otras subvenciones, sobre todo con las de formación”. Esos “abusos” han llegado a ser tan cuantiosos y “graves” que han servido para adquirirse aeronaves.
“Conocedores de los talones de Aquiles” de la Junta
La policía apunta que el “conocimiento exhaustivo de los mecanismos internos de la Administración” por parte de la empresa le ha permitido a Faasa conseguir “un montante de subvenciones” que resulta “abusivo en número y cuantía”.
La Uatf tacha a los directivos de la aeronáutica andaluza de “profundos conocedores de los talones de Aquiles de la Administración autonómica en materia de subvenciones”, tales como la falta de fiscalización de ciertas ayudas por parte de la Intervención general, la descoordinación entre departamentos de la Administración andaluza o “la posibilidad de pagar las nóminas de los trabajadores de Faasa con cargo a los cursos de formación”.
Aunque desde 2009 existe un mayor control y eso ha permitido que “se incoen algunos expedientes de reintegro”, no han sido suficientes para “recuperar el montante total de dinero” que supuestamente ha recibido de más esta compañía.
Faasa da su versión
Fuentes de Faasa aseguran a este diario que “nadie ha sido citado en este procedimiento y han señalado que todos los datos tienen su origen en requerimientos realizados a la Intervención General. La empresa desconoce el informe y no sabe cómo la Policía ha llegado a estas conclusiones, sobre todo en lo que se refiere a la cifra expresada de cuatro millones de euros. La actividad principal de Faasa no son los cursos de formación”.
La aeronáutica recalca que los cursos impartidos por la empresa “son de una elevada cualificación” y que “los cursos se están dando desde la vertiente privada y se pagan por encima de lo presupuestado entonces”. Según Faasa, “los cursos se impartieron en su totalidad y con total y absoluto rigor”.
Delito de alteración de los precios de concursos públicos
Desde hace más de un año, Faasa y otras tres empresas aeronáuticas andaluzas (Trabajos Aéreos Espejo, Saeta y SAP) están en el punto de mira de la policía judicial por supuestos delitos de colusión y alteración de los precios públicos. J.G.D, funcionario de la Junta de Andalucía, presentó una denuncia por un supuesto delito de prevaricación “por parte de la mesa de contratación constituida para cubrir las necesidad de fletamiento de aeronaves para el Plan Infoca”. La licitación estaba valorada en más de 70 millones de euros. El funcionario público estaba destapando la trama andaluza del 'cártel del fuego', una decena de empresas españolas que se ponían de acuerdo entre ellas para hacerse con los contratos públicos de lucha contra los incendios forestales, dentro y fuera de España.
Mientras las investigaciones avanzan en Cataluña o la Comunidad Valenciana y los primeros testigos comienzan a declarar en esta región, un atestado policial de comienzos de año aseguraba que las cuatro empresas andaluzas conforman“un porcentaje considerable de las empresas investigadas” a nivel nacional bajo la instrucción del juzgado número 2 de Sagunto (Valencia).
“Las empresas concursantes venían concertándose para alterar los precios de mercado, extremo que se hubiese podido evitar si el jefe de la mesa de contratación hubiese remitido sus sospechas a la Comisión Andaluza de la Competencia, desde donde probablemente incoara expediente de sanción administrativa”, indicaba la Udef (Unidad Adscrita a juzgados, tribunales y fiscalía) en el informe que remitía entonces al juzgado de instrucción número 8 de Sevilla.
Ecologistas en Acción, que está personado en la causa como acusación, ya subrayó en aquel momento que el supuesto delito se había cometido “en perjuicio de los medios necesarios para la prevención de incendios forestales, que han sufrido serios recortes durante estos últimos años. Los recortes los han sufrido en particular los trabajadores del Infoca que trabajan a pie de monte, que no solo han visto mermados los recursos humanos disponibles, sino los medios técnicos imprescindibles para la extinción de los incendios”.
En mayo de este año, un informe del interventor general de la Junta de Andalucía, Vicente Fernández, señalaba que Faasa debía reintegrar “la totalidad de la ayuda” de “dos de los proyectos examinados”, cuya suma ascendía a casi 4 millones y medio de euros. Los proyectos habrían servido para financiar la compra de dos helicópteros Kamov, aeronave rusa muy empleada en la extinción de incendios.
