El Gobierno y el Tribunal Constitucional, de guardia ante el proceso de ruptura exprés planeado por los independentistas
Queda menos de un mes para el 1 de octubre, día del referéndum comprometido por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Ya existe un proyecto de ley para ejecutar la ruptura con España contra el que actuará el Gobierno de España y el Tribunal Constitucional con celeridad en cuanto se tramite por el Parlament de Catalunya: fuentes gubernamentales reconocen que “el Gobierno se reunirá si hace falta antes del viernes”, y afirman que “no hace falta dictamen del Consejo de Estado”.
Junts pel Sí y la CUP han anunciado que seguirán hasta el final, que la llamada ley de transitoriedad estará aprobada antes del referéndum, y que se aplicará si se impone la independencia. Pero en estas escasas cuatro semanas pueden ocurrir muchas cosas. Algo que el Gobierno central trata de impedir por todos los cauces –judiciales y presupuestarios–.
La primera, según publicaba eldiario.es, es que los independentistas preparan un proceso exprés para aprobar las leyes de ruptura la próxima semana. Según explican fuentes de ambos grupos, JxSí y la CUP planean introducir en el orden del día del pleno de la semana que viene la votación de la ley del referéndum, una vez éste haya comenzado. Para hacerlo se valdrán del artículo 81.3 del reglamento del Parlament, que permite esta maniobra.
Una vez aprobada la ley del referéndum, se publicaría una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), por lo que la norma entraría en vigor. Inmediatamente después, el president firmaría el decreto de convocatoria del referéndum, que volvería a incluirse en un nuevo DOGC. Las fuentes consultadas por este diario no descartan que, junto a la ley del referéndum, se vote también la de transitoriedad jurídica.
Pero el Constitucional y el Gobierno están de guardia. De hecho, el Alto Tribunal tiene convocada una sesión plenaria para los próximos días 5, 6 y 7 de septiembre, coincidiendo con el pleno del Parlament, por lo que la maniobra independentista podría encontrar una respuesta automática.
El propio portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, dijo el viernes tras el Consejo de Ministros: “Cuando el Parlamento de Catalunya instó a la Generalitat a un referéndum de secesión, el Gobierno lo llevó al Constitucional. Hay personas que están inhabilitadas y procedimientos en curso contra la presidenta y miembros de la Mesa del Parlament. El Gobierno está preparado, tiene el tema estudiado para hacer cumplir la ley y no romper lo que han sido 500 años de vivir juntos en Cataluña”.
A su vez, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que la respuesta a cualquier paso del Parlament en este sentido será “inmediata”, mostrándose tranquila por si la suspensión del Constitucional llega “el mismo día o al día siguiente”. Además ha insistido en que el Gobierno tiene preparado desde hace semanas el recurso contra las leyes de ruptura catalanas, tanto si lo hacen vía decreto como por la vía del 81.3.
La vía del Constitucional para impedir el avance independentista es la preferida para el Gobierno de Mariano Rajoy: hace ver que es un asunto judicial en el que no tiene capacidad de intervenir políticamente. Sin embargo, la reforma del Constitucional le dota de capacidad ejecutiva sobre sus sentencias y resoluciones. De hecho, fue realizada por el PP a raíz del 9-N, como una herramienta con la que el poder judicial puede paralizar una acción que considera fuera de la ley previamente. Así, el TC puede dar órdenes a cualquier institución o particular, una facultad que, de haberse tenido el 9-N, podría haber dificultado o impedido aquel proceso.
Ante una eventual convocatoria de referéndum, lo primero que haría el TC sería suspenderlo, enviando un requerimiento a sus responsables para que cumplan la suspensión y advirtiendo de medidas penales ante un incumplimiento. Si, pese a eso, la Generalitat sigue adelante, el Alto Tribunal podría decidir suspensiones o sanciones.
