La propuesta valenciana de financiación autonómica

A pesar del compromiso del Gobierno en la Conferencia de Presidentes del 17 de enero de 2017 de culminar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica en 2017, el inicio del año 2018 no ha producido ningún cambio significativo en el modelo de financiación que se viene aplicando desde 2009. Esto sucedía pese a que la ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, preveía en su disposición adicional séptima una revisión quinquenal del mismo, que finalizó en 2013. Con el objetivo de “informar sobre las posibles modificaciones que se puedan someter a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en aras de una mejor coordinación financiera, garantizando la autonomía y suficiencia de las comunidades y el equilibrio y sostenibilidad del sistema”.

Como consecuencia de estos incumplimientos, la Generalitat Valenciana, y con ella los valencianos, sigue encontrándose en una grave situación financiera que se deriva de las insuficiencias de recursos que padece desde hace décadas. Las mismas tienen su origen remoto en el criterio del coste efectivo de los servicios transferidos, que fue aplicado sin tener en cuenta el desigual despliegue territorial de los servicios en el momento de los traspasos. Estas insuficiencias no han sido corregidas por los sucesivos modelos de financiación pese a ser conocidas. Esta circunstancia y la caída de ingresos padecida por todas las comunidades durante la gran recesión son claves para explicar el nivel alcanzado por el endeudamiento de la Generalitat Valenciana y su insostenible situación económico-financiera actual.

Pese a gastar menos que el resto de las comunidades, el déficit y el endeudamiento de la Generalitat Valenciana son mayores. También es mayor su dependencia del apoyo financiero del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el Fondo de Pago a Proveedores (FPP) y en la actualidad el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (FFCA). Estos mecanismos extraordinarios de financiación han significado un alivio para los problemas de liquidez de las comunidades, pero su permanencia durante más años de los necesarios ha favorecido unos incrementos del volumen de la deuda que no se habrían producido si el modelo hubiera sido revisado para corregir sus insuficiencias en 2014.

Los retrasos en la revisión del modelo de financiación están significando la pérdida de un tiempo precioso en unos años en los que los efectos de la crisis están remitiendo y los niveles de recaudación mejorando, aproximándose al escenario de suficiencia que preveía el diseño del modelo de 2009 y nunca se alcanzó. Pero esas mejoras de recursos siguen asignándose con unas reglas que respetan un statu quo. De esas reglas de reparto, y muy especialmente del Fondo de Suficiencia, se derivan diferencias de financiación por habitante y por habitante ajustado, incompatibles con la equidad interterritorial que reclama la Constitución española para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos, con independencia del lugar de residencia de los ciudadanos.

Repercusiones graves

Las discriminaciones que soportan los residentes en algunas comunidades autónomas muestran su perfil más exacerbado en la Comunidad Valenciana, situada en la última posición en recursos por habitante y por habitante ajustado. Las finanzas públicas valencianas están teniendo graves repercusiones sobre el acceso de los ciudadanos valencianos a algunos servicios públicos y la trayectoria de la economía valenciana durante buena parte del siglo XXI. Alejada más de 10 puntos porcentuales de la media española en renta por habitante, está necesitada de políticas de desarrollo regional que la Generalitat Valenciana ha de desplegar con medios muy inferiores a los de las demás comunidades.

Mientras no se ponga fin a las causas que generan ese resultado, revisando a fondo el modelo que sigue vigente, los valencianos no podrán disfrutar de las mismas oportunidades de acceso a servicios públicos esenciales que el resto de los españoles. Además, seguirán sufriendo las consecuencias de la falta de músculo financiero de las políticas públicas para recuperar el crecimiento y el empleo.

Pese a gastar menos, la Comunidad Valenciana tiene que realizar más esfuerzo para cumplir objetivos de déficit que se le señalan sin tener en cuenta su situación, y sigue acumulando deuda. Hasta que no se revise el modelo de financiación que está en el origen del déficit y se realice una adecuada reestructuración de la deuda que tenga en cuenta cuáles son sus verdaderas causas, la Generalitat y los valencianos seguirán lastrados por la pesada mochila derivada de un largo período de insuficiente e injusta financiación.

Tras analizar en detalle los resultados del modelo de financiación aplicado desde 2009 hasta 2015, último ejercicio liquidado, y detallar los rasgos del problema valenciano la Generalitat Valenciana remitió el pasado 23 de noviembre de 2017 al Gobierno una propuesta de nuevo modelo, con capacidad de superarlos.

Este documento ha tenido en cuenta el Informe de la Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de Financiación Autonómica, de julio de 2017 (en adelante, ICEFA), por iniciativa de la Conferencia de Presidentes. Ha sido elaborado con la participación de 21 especialistas nombrados por la Administración central, la mayoría de las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, y tiene un doble valor. En primer lugar, porque la mayor parte de sus contenidos reflejan amplios consensos sobre la naturaleza de los problemas y las vías para solucionarlos. Segundo, porque valida sustancialmente el diagnóstico y las conclusiones que la Generalitat Valenciana ya había expuesto en su informe de 2013, al hilo de finalización de la vigencia del modelo, y lo hace en los términos generales de los problemas y también en el reconocimiento de la mayoría de los aspectos relacionados con las especiales dificultades de la Comunidad Valenciana.

Por ello, la posición valenciana para la reforma del sistema toma en consideración muchas de las propuestas y sugerencias del ICEFA, e intenta mejorarlas. Nuestras propuestas han sido concebidas desde una perspectiva general, con la finalidad de responder a graves carencias existentes en el funcionamiento del Estado de las autonomías, puestas de manifiesto en estas décadas: de inequidad interterritorial, de insuficiencia e inestabilidad financieras, de autonomía tributaria, y de cooperación y lealtad institucional. Consideramos que las propuestas que realizamos permitirían poner fin a las desigualdades de trato entre comunidades autónomas derivadas de los sistemas de financiación precedentes. También contribuiría a prevenir en el futuro la inestabilidad financiera que ahora padecen las comunidades y, en general, las administraciones públicas españolas. Asimismo, las propuestas resultan compatibles con los planteamientos del Programa de Estabilidad del Reino de España, al dejar abiertos los parámetros de evolución del modelo a las decisiones del Consejo de Política Fiscal y Financiera en este sentido.

Este documento se estructura en dos apartados:

José Antonio Pérez García es representante de la Generalitat Valenciana en el Comité Técnico Permanente de Evaluación del Sistema de Financiación Autonómico y miembro de la Comisión de Expertos sobre la reforma del sistema de financiación designados por las Corts. Economista y gerente de la Universitat Politècnica de València.

[Este artículo ha sido publicado en el número 55 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]