“Lamentable estado de salud” de un interno del CIE de Algeciras en huelga de hambre por su inminente expulsión a Marruecos

Una persona interna en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras lleva mes y medio en huelga de hambre para denunciar su situación. Cuenta con residencia en la ciudad de Málaga, donde regenta un negocio, y ha cumplido en su integridad pena privativa de libertad por delitos de falsificación de moneda y contra la salud pública, lo cual motivó el inicio de un expediente de expulsión por el artículo 57.2 de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que dice que será causa de expulsión que un extranjero sea condenado a más de un un año.

M.B., de 38 años, quiere volver a regentar el negocio que tiene en Málaga. Tras 20 años en España, entró en la antigua cárcel del barrio de La Piñera el pasado 7 de febrero y denuncia que no tuvo opción de recurrir el procedimiento de expulsión por infracción grave que inició la Policía Nacional de Málaga por estar en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, e incide en que ya ha saldado su deuda con la Justicia con su doble estancia en prisión. “No puedo perder más clientes, no puedo abandonar mi negocio. Llevo mucho tiempo en España. Estar 45 días sin comer no es fácil. Estaba tirando pa'lante y ahora estoy aquí encerrado”, comenta el interno. En un par de semanas vence el plazo máximo de estancia en el CIE (60 días), sin saber qué será de su futuro una vez se cumpla ese periodo y careciendo de contacto y cobertura familiar con su país de origen, Marruecos.

Desde su llegada al CIE ha optado por no ingerir alimento alguno porque, según asegura a este periódico, estar en el centro “es peor que la cárcel”. No tiene quejas del trato recibido, y habla bien de la directora, pero sí comenta que en las viejas instalaciones, a expensas de la construcción del nuevo CIE, “hace frío, hay mucha humedad y es desagradable”. En todo caso, su situación, insiste, no es justa. “No entiendo por qué estoy aquí”, repite en conversación telefónica. Desde que inició la protesta le han llevado “tres veces” al hospital por su estado de salud pero “las últimas analíticas dicen que estoy bien”. Fuentes policiales confirman a este medio que se le está haciendo un “estrecho seguimiento médico”.

El presidente de Algeciras Acoge, Jesús Mancilla, que ha visitado en un par de ocasiones al interno en este tiempo, explica a este medio que su “deterioro físico es importante” y se muestra preocupado por cómo pueda acabar su situación, ya que no puede caminar sin tener alguien a su lado. Pese a que no hay queja por el trato recibido, el representante de la ONG considera que “el CIE no es el lugar en el que deba estar”, observando también que, ante la nueva situación diplomática entre España y Marruecos, desconoce cómo puede derivar la huelga de hambre del interno. Respecto a su situación jurídica, teniendo en cuenta lo que dice la ley, “la jurisprudencia dice que para ejecutar la expulsión habrá que valorar el arraigo en el país”, dice Mancilla.

“Desmejoramiento de salud evidente”

Por todo ello, junto a la Asociación Pro Derechos Humanos y a la asociación Claver, que también han visitado varias veces al interno durante este mes y medio, ha presentado este mismo jueves una queja ante el Defensor del Pueblo de España en la que explican que “desde un primer momento el interno trasladó a las entidades sociales que se encontraba en huelga de hambre, se han venido realizando continuadas visitas y tras la última mantenida en fecha 23 y 24 de marzo, se ha constatado el lamentable estado de salud en el que se encuentra, advirtiéndose un desmejoramiento de salud evidente”.

Carece de las condiciones necesarias para su permanencia en el centro de internamiento o para someterse a un desplazamiento para su expulsión

Añaden las entidades firmantes que quieren “poner en conocimiento el preocupante estado de salud que presenta el referido interno, con una amenaza real para su integridad física, entendiendo que carece de las condiciones necesarias para su permanencia en el centro de internamiento o para someterse a un desplazamiento para su expulsión, debiendo quedar el mismo ingresado en un centro médico u hospitalario”.

Argumentan a ese respecto que el artículo 62 bis de la mencionada ley garantiza a los extranjeros internados “a que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud” y “a recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser atendido por los servicios de asistencia social del centro”. Además, el artículo 30 del Reglamento CIE dice que “si el tipo de enfermedad o padecimiento, a juicio del facultativo, hiciera aconsejable su ingreso en un centro hospitalario, elevará propuesta motivada en tal sentido al director, quien adoptará las medidas necesarias para llevarlo a efecto, dando cuenta al juez o tribunal a cuya disposición se encuentre el extranjero”. Igualmente, el artículo 37 de dicho reglamento indica que el cese del ingreso será adoptado “cuando existan razones médicas, debidamente fundadas y justificadas por el facultativo del centro, que se consideren necesarias para la salud del interno”.

A juicio de las asociaciones, “resulta evidente, conforme a lo recogido en la normativa, que, pese a que el interno ha recibido y recibe atención médica en el CIE, la atención sanitaria en el CIE debe ir más allá de la atención primaria que puede prestarse por un médico de cabecera en las propias instalaciones, procediéndose en caso de gravedad de una dolencia o enfermedad, o como en este caso una amenaza real para la vida del propio interno, a su traslado a centro hospitalario para recibir una atención especializada”.