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El consejero andaluz de Universidades, a los rectores: “Disponen de 200 millones sin gastar, no veo una mala financiación”

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, en una entrevista con Europa Press.

elDiarioand

Sevilla —
3 de agosto de 2024 12:51 h

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El consejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, José Carlos Gómez Villamandos, asegura que “ahora mismo” las universidades disponen de 200 millones que “no se han gastado” de los recursos transferidos por la Administración autonómica. Con este dato, el consejero entiende que “si hay 200 millones que no se han ejecutado, no veo mala financiación” del sistema público de educación superior.

En una entrevista con Europa Press, Gómez Villamandos pone el nuevo modelo de financiación como uno de los hitos alcanzados en los dos años de la presente legislatura. “En dos años, en política universitaria hemos hecho lo que no se había hecho prácticamente en décadas”. “Hemos avanzado mucho tanto en el ámbito de la investigación como de la innovación”, apunta, al tiempo que resalta el desarrollo de la Ley Universitaria para Andalucía y de la Ley de Ciencia, Innovación y Tecnología para Andalucía, “que están ya a punto de ir al Consejo de Gobierno”.

El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno pactó el nuevo modelo de financiación con los rectores andaluces el año pasado, después de un primer intento fallido en la pasada legislatura, cuando las universidades se pusieron en pie de guerra contra la propuesta planteada por la Junta -recursos vinculados a objetivos- porque no cubría sus gastos básicos.

Las diez universidades públicas andaluzas disponen para este 2024 de “al menos” 1.777,16 millones de euros para financiar su funcionamiento, así como su actividad académica, investigadora y de innovación y transferencia de conocimiento. De ese cómputo global, casi 1.693 millones se corresponden con el nuevo modelo de financiación universitaria (“1.685,5 millones, más de 315 millones de euros respecto a 2018”) y la partida dirigida a sufragar las plazas de profesores universitarios en materia sanitaria con vinculación al Servicio Andaluz de Salud (SAS), con 7,30 millones, “sin menoscabo de otros importes adicionales que se vayan incorporando a lo largo del año”.

Por su parte, un total de 64,39 millones hacen referencia a una serie de cuantías complementarias de las que el sistema público también va a poder disponer este ejercicio para llevar a cabo diferentes líneas de trabajo. Además, los campus andaluces también pueden hacer uso de los 20 millones iniciales de financiación transferida por la Junta y no ejecutada en años anteriores, que asciende a 131 millones, para la realización de inversiones en infraestructuras.

Esta cantidad se verá incrementada a lo largo del año para intervenciones en materia de digitalización y eficiencia energética. En este sentido, a través de la Red de Energía de la Junta de Andalucía (Redeja) se realizarán seis actuaciones para la instalación de placas fotovoltaicas en campus universitarios.

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU), presidido por el consejero José Carlos Gómez Villamandos, emitió a finales de mayo un informe de la distribución de los recursos públicos contemplados en el modelo de financiación y de inversiones para infraestructuras. En lo que respecta a la envolvente de financiación, los 1.685,5 millones representan un incremento del 4,01% con respecto al año pasado, habiendo sido el incremento del Presupuesto de la Junta de Andalucía del 2,5%.

En cuanto a la estructura del modelo destacan la financiación armonizada, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento, supone un importe de 1.523,85 millones de euros; y la financiación mediante contratos programas, que se cuantifica en 143,18 millones y con la que se busca mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.

Contratos programa

Estos contratos programa recogen una planificación de objetivos orientados hacia la “mejora de la competitividad”, así como a la “eficacia” y la “profesionalización de la gestión”. Pueden recoger reformas estructurales, la adecuación de las infraestructuras, la estabilización y promoción del personal o iniciativas de apoyo al estudiantado, el impulso de la internacionalización o el fomento de la investigación. Se conciertan anualmente desde la Consejería de Universidad con cada una de las instituciones académicas, teniendo en cuenta sus “particularidades”.

Junto al modelo de financiación, la Consejería de Universidad ha previsto una inyección complementaria de 64,39 millones con destino a las universidades públicas con la que “verán incrementados sus recursos para este año”. Entre las diferentes aportaciones previstas, destacan la partida para cubrir el incremento de plazas de las facultades de Medicina, la destinada a financiar los campus de Ceuta y Melilla, que se asigna a la Universidad de Granada, o la que tiene por finalidad la puesta en marcha de las microcredenciales universitarias, una modalidad formativa dirigida a que estudiantes adultos adquieran, actualicen y mejoren los conocimientos y habilidades necesarios para prosperar en el mercado laboral.

También se incluyen en este montante la cuantía transferida a finales de 2023 por la Consejería para los planes propios de investigación de cada una de las instituciones académicas andaluzas con el fin de propiciar el avance científico, la transferencia y la colaboración con el sector productivo en el campo de la innovación que realizan.

Al margen del modelo de financiación y de las partidas complementarias programadas para este año, las universidades públicas también tienen a su disposición los 20 millones iniciales de transferencias de la Junta no ejecutadas por las universidades para actuaciones en infraestructuras. Estos fondos, que se elevan a 80 millones para todo el periodo 2024/2027 se irán completando a medida que la Consejería de Universidad vaya concretando también la financiación europea para dar cobertura a intervenciones de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias y los fondos extraordinarios de la Junta para impulsar nuevos proyectos en función de su viabilidad económica y técnica.

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