Invisibles

En el momento actual donde el sistema neoliberal capitalista avanza de forma exponencial, apoyado por una ideología cada vez más conservadora y ultraderechista, las diferentes formas de desigualdad social y violación de los derechos humanos son una realidad que podemos constatar en todos los ámbitos, tanto nacionales como internacionales.  

En este proceso de exclusión y pobreza se sumerge una parte muy importante de la población, las personas que viven sin hogar (PSH) cuyo número se sigue incrementando con nuevas expulsiones alimentadas por las precarias condiciones laborales, la falta de vivienda y el resto de carencias sociales, siendo ellos y ellas los nuevos pobres y excluidos del siglo XXI. 

Detrás de las desigualdades sociales que conforman nuestra sociedad nos encontramos, cada vez con más facilidad, a un mayor número de personas que viven en exclusión social, constituyendo un problema estructural no basado en la urgencia o emergencia. Las personas sin hogar que malviven en las calles, ven cómo la sociedad sigue su marcha mientras ellas quedan al margen de cualquier posibilidad de inclusión. No se trata únicamente de un problema de pobreza material (carencia extrema de las necesidades más básicas, vivienda, empleo, salud, etc.) sino que también menoscaba profundamente la dignidad de la persona, provoca la ruptura con la universalidad de los derechos humanos las despoja de la protección de los mismos y de su identidad.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía-APDHA venimos denunciando la exclusión de este colectivo e incidiendo en las causas estructurales que provocan estas situaciones, así como el total olvido y la falta de los recursos por parte de las administraciones públicas que son necesarios para afrontar estas situaciones.

Frente a esta realidad y a pesar de los acuerdos internacionales, entre otros, la Declaración de Lisboa, firmada por el Estado español, y que aboga por terminar el sinhogarismo en 2030, así como la primera Estrategia de Atención a las Personas sin Hogar, aprobada por el Gobierno andaluz con una vigencia de 2023 a 2026, la realidad de estas personas y la atención que se les ofrece dista mucho de ser la más adecuada para erradicar esta situación.

En muchas ciudades andaluzas se emplean medidas disuasorias para alejar a las personas sin hogar de las zonas céntricas de las ciudades, medidas como la “arquitectura hostil” o “arquitectura anti-vagabundos” (del inglés anti-homeless architecture), que se caracteriza por el uso de elementos arquitectónicos y urbanísticos cuyo objetivo es excluir a determinados grupos de personas de un entorno urbano

En la práctica, las administraciones públicas actúan de forma fragmentada e inconexa, con una atención asistencialista, olvidando los derechos y necesidades del colectivo, lo que lleva a una mayor exclusión y dependencia. Además, se continua con la privatización de los escasos servicios y recursos que se ofrecen, insuficientes para dar una atención integral, sin velar y garantizar las condiciones de vida dignas para las PSH. También se muestran ineficaces para erradicar las situaciones de aporofobia (rechazo a las personas pobres) que se dan en nuestras ciudades y que hacen que muchas de ellas terminen muriendo solas en las calles.

En Andalucía y en especial en sus ciudades, los problemas de las personas sin hogar son, entre otros, el desconocimiento de su verdadera dimensión y del número de personas afectadas; la descoordinación entre las diferentes partes del sistema en la atención a las PSH; la inexistencia de mecanismos de prevención y de recursos necesarios y eficaces y la falta de incorporación de la perspectiva de género en los mismos; la falta de plazas de alojamiento en centros y viviendas -cuando no directamente de albergues, residencias y centros de estancias diurnas-; la inexistencia de programas de empleo, acceso a vivienda y recursos adaptados a sus situaciones especiales de salud, adicciones o discapacidad. Tampoco es menor la falta de empatía que demuestran cuando a las personas que tienen como única referencia afectiva a sus animales, sus perros, no se les permite tenerlos con ellas.

Ante este panorama, no solo no se adoptan las medidas necesarias, sino muy al contrario: en muchas ciudades andaluzas se emplean medidas disuasorias para alejar a las personas sin hogar de las zonas céntricas de las ciudades, medidas como la “arquitectura hostil” o “arquitectura anti-vagabundos” (del inglés anti-homeless architecture), que se caracteriza por el uso de elementos arquitectónicos y urbanísticos cuyo objetivo es excluir a determinados grupos de personas de un entorno urbano.

En Cádiz capital, a pesar de las mejoras realizadas por el ayuntamiento hacia el colectivo, desde los centros para atender al sinhogarismo se evidencia que los recursos aún son insuficientes. Se demanda la remunicipalización de los servicios y recursos específicos, especialmente los relacionados con salud mental y para pacientes postoperatorios.

San Fernando carece de un censo que permita conocer el número de PSH y la dimensión del problema, a lo que se suma que el propio ayuntamiento no facilita su registro y empadronamiento. La externalización y privatización de su gestión ha generado grandes déficits en la coordinación entre servicios sociales, centros de salud y hospitales de cara a ese colectivo.

En la APDHA hacemos hincapié en que la invisibilidad y el olvido se pone de manifiesto en primer lugar por la falta de conocimiento para poder dimensionar la realidad del problema

En Granada, pende de un hilo el traslado del Centro Municipal de Encuentro y Acogida para PSH de su actual céntrico emplazamiento (donde pueden tener acceso a los recursos que usan o necesitan) a barrios vulnerables de la periferia de la ciudad, lo que acentuará su exclusión y la del propio barrio.

En Málaga se experimenta un significativo aumento del número de personas en situación de calle, afectando mayoritariamente a las personas migrantes debido a varios factores: el cambio en el reglamento de extranjería, la ausencia de citas de renovación en la policía, de plazas de acogida en las diferentes instituciones del sistema de acogida y protección internacional, el racismo y la discriminación. A ello se suma el inminente cierre del Centro de Acogida Municipal (CAM) debido a intereses económicos e inmobiliarios, imponiendo la privatización del servicio con pérdida de puestos de trabajo y deterioro en la atención de las PSH.

En Sevilla está en marcha el vallado del Mercado del Arenal para Semana Santa en una actuación que persigue “proteger el edificio de los indigentes, de los ruidos y molestias” que provocan, como describía la actuación un diario de la ciudad hace unos meses. En la misma dirección va la instalación de los nuevos bancos de Plaza Nueva, con reposabrazos en el medio que impiden acostarse en este céntrico y turístico recinto, espacio habitual de PSH. Además, el rechazo social a la instalación de albergues en los barrios obreros, por profundizar en su exclusión, ha provocado la cancelación sin alternativas de ese proyecto.

Las PSH son invisibles en calles a pesar de estar a la vista de todos, cuando vamos de camino al trabajo, a la compra o damos un paseo. Sin embargo, mirarlos a los ojos requiere de un trabajo de empatía: mirar a la cara acerca el sufrimiento y el dolor, así que preferimos no mirar y pensar que no tenemos la solución.

En la APDHA hacemos hincapié en que la invisibilidad y el olvido se pone de manifiesto en primer lugar por la falta de conocimiento para poder dimensionar la realidad del problema. Los datos estadísticos más recientes y con muchas limitaciones, datan de 2022, procedentes de la encuesta de las personas sin hogar (INE) que situaba la cifra en 28.552 en todo el Estado. Si tomamos los datos de diferentes organizaciones sociales, las cifras difieren mucho, pero todas son muy elevadas. Por todo lo anterior, podemos asegurar que de esta problemática tan solo se conoce la punta del iceberg.

Las personas sin hogar son invisibles, pero al mismo tiempo se está consiguiendo hacerles culpables y responsables de sus desgracias, atemorizar y generar miedo para aumentar la distancia social y así, más pronto que tarde, propiciando que se den todos los ingredientes para conseguir el caldo de cultivo, parece que se pretenda volver a la época de la Ley de Peligrosidad Social de los años setenta.