El Ayuntamiento de Marbella sigue sin entregar los expedientes de los contratos con Codecosol, una empresa “tapadera” para el blanqueo del dinero del narcotráfico, según cree Manuel García Castellón, juez de la Audiencia Nacional. Han transcurrido más de tres meses desde que el Consistorio recibió la petición del grupo municipal socialista, y de momento no hay nada. La inusual demora en el trámite ha generado el enésimo rifirrafe entre el PSOE y el PP relacionado con el procesamiento del marido y el hijastro de la alcaldesa Ángeles Muñoz. Los socialistas acusan al equipo de gobierno, del PP, de ocultar información y han pedido amparo a los tribunales, mientras el PP y el ayuntamiento siguen diciendo que encontrar esos expedientes es muy difícil.
Los expedientes deberían incluir toda la documentación administrativa que acompaña a los contratos de obra que el Ayuntamiento de Marbella adjudicó a Codecosol. Cinco de esos contratos son conocidos y fueron desvelados por este medio: son adjudicaciones municipales realizadas entre 2011 y 2015 por un total de 642.415,22 euros. Tres se tramitaron mediante un procedimiento negociado con publicidad, un procedimiento no ordinario de adjudicación. Los otros dos contratos tampoco se adjudicaron por concurso, al tratarse de contratos por menos de 50.000 euros.
La adjudicación de estos contratos, alguno de los cuales dio pie a una investigación por la Fiscalía en 2017 (archivada), cobró nueva relevancia cuando se conoció el procesamiento de, entre otros, el marido y el hijastro de la alcaldesa. El juez Manuel García Castellón concluía allí que Codecosol había sido usada “como tapadera para diferentes negocios inmobiliarios” por Nils Fischer, a su vez procesado por pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales del narcotráfico.
Fischer es, según el juez, el “hombre de confianza” y “testaferro” de Joakim Broberg, hijastro de la alcaldesa y presunto líder de la organización. La Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acaba de confirmar el procesamiento de Joakim. También cree que Lars Broberg, su padre y marido de la alcaldesa, participó presuntamente en al menos tres operaciones de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, pero el procedimiento ya no se dirige contra él por su estado de salud.
Una búsqueda “más compleja de lo esperado”
La demora en entregar los expedientes escama al PSOE, que el 7 de noviembre registró un escrito pidiendo acceder a todos los expedientes adjudicados a Codecosol desde 2007, año en que Muñoz se convirtió en alcaldesa. 15 días después, la jefa del servicio de contratación contestó por escrito al PSOE: desde 2007 se ha tramitado un “número ingente” de expedientes, la mayoría sin informatizar. Además, los documentos están en “diferentes archivos municipales” (en negrita en la respuesta), “por lo que su búsqueda está siendo más compleja de lo esperado”. Desde entonces, nada nuevo.
“Es tan sencillo como ir al archivo correspondiente, y localizar la habitación, el armario y la balda que corresponde, y sacar el expediente”, replica José Bernal, portavoz del grupo municipal socialista. “Hemos pedido hace poco una documentación de 2004. Es cierto que ha tardado un poco más que habitualmente: una semana”.
Ante la falta de respuesta, los socialistas acudieron a un juzgado para denunciar la vulneración de los derechos fundamentales de sus concejales, que tienen derecho a acceder a documentación municipal. Esta es una vía rápida, de modo que el juzgado ya ha pedido al Consistorio que en cinco días entregue el expediente de solicitud de información. No así los al menos cinco expedientes de contratación, que lógicamente no están en el expediente de solicitud de información.
“Vamos a tener que ir a juicio”
“Ningún juzgado nos ha pedido la entrega de documentación referente a contratos”, resaltó este miércoles Félix Romero, portavoz del PP local, que avanzó la respuesta al tribunal: el gobierno marbellí le dirá que la solicitud de acceso a la información ha sido “aceptada y aprobada” y que, “tan pronto como tengamos los medios suficientes para poder desentrañar la cantidad de documentos que tenemos en el archivo, se la haremos llegar [al PSOE]”.
Romero también introdujo una nueva variable: el Ayuntamiento va a encargar un servicio de digitalización para los contratos anteriores a 2017. No aclaró si eso afectará a los plazos de entrega de la documentación que se le está pidiendo.
“Lo sospechoso es por qué el Ayuntamiento de Marbella se niega a entregar unos expedientes ordinarios”, comenta Bernal. Una posible explicación, dice el portavoz socialista, es que dos de los contratos fueron suscritos en 2013, por lo que las potenciales responsabilidades prescribirían pronto. “A estas alturas lo que está claro es que el Partido Popular no quiere aportar la documentación. Nos tememos que vamos a tener que ir a juicio, pero tarde o temprano vamos a tener esa documentación en nuestras manos”.
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