El principal acusado en el Caso Astapa pedirá ser resarcido tras quedar absuelto de los principales delitos

Antonio Barrientos, exalcalde de Estepona (PSOE) y en su día principal acusado del caso Astapa, ha pasado definitivamente al ataque. Después de recibir una condena menor en la supuesta macrocausa de corrupción, el exregidor no se conformará con eso y ya ha anunciado recurso ante el Tribunal Supremo. Quiere quedar totalmente exonerado. Además, pedirá ser resarcido por los seis meses que pasó en prisión preventiva, dado que la sentencia no le condena finalmente a ni un solo día de cárcel. Por último, ya ha pedido a la Audiencia Provincial de Málaga que aclare su fallo para que recoja que le absuelve de casi todo lo que se le acusaba.

Barrientos llegó a ser acusado de delitos de malversación, prevaricación, blanqueo de capitales, cohecho y prácticamente todos los relacionados con la corrupción política, por los que la Fiscalía pedía para él once años de prisión, multa de un millón de euros y 78 millones en concepto de responsabilidad civil. Finalmente, ha sido condenado a 40.000 euros de multa por un delito de cohecho pasivo impropio por recibir una televisión de 42 pulgadas, tres viajes a eventos públicos en Madrid y beneficiarse de unas obras en su casa. Él niega que sea culpable de esto y recurrirá.

“Mi madre estuvo imputada once años por blanqueo de capitales. Murió el año pasado con el sufrimiento de no saber lo que le iba a pasar a su hijo. Se lo debo a ella y también a mi hijo. No quiero que nadie le pueda decir mañana que su padre tuvo una mancha en el traje. Llegaremos donde haya que llegar”, ha anunciado este jueves en una comparecencia para reivindicarse.

“Cuando esto pasó salí en todos los medios a nivel nacional. Aquí hay presunción de culpabilidad. A mí se me dijo de todo. Al Capone se quedaba a tres pasos”, ha recordado: “Siempre he dado la cara, en los momentos más complicados, incluso con tirones de oreja de mis abogados. Es muy duro saber que uno ha actuado bien y tener este procedimiento”.

Convenios y plusvalías

Barrientos ha acudido ante la prensa con dossieres en los que ha extraído lo que considera más destacado de la sentencia de más de 3.000 folios cuyo fallo divulgó hace dos semanas la Audiencia Provincial.

La resolución terminó de desinflar el caso Astapa, en su día equiparado a Malaya, después de una instrucción eterna (la denuncia data de noviembre de 2006) y un juicio sobre el que planearon las dudas acerca del origen de la investigación, su desarrollo y sus motivos. La sombra del comisario retirado José Manuel Villarejo (con intereses en la zona e influencia en los investigadores y los nuevos responsables del urbanismo esteponero) se hizo tan espesa que a veces pareció que el acusado era él. Finalmente, sólo dos de los 50 acusados fueron condenados a penas menores de cárcel. 31 fueron absueltos y los demás recibieron escasas condenas de multa.

Barrientos simboliza el bluf, porque se le situó a la cabeza de la supuesta trama (como alcalde que además tenía las competencias urbanísticas) y porque siempre defendió con vehemencia que era inocente. “Antonio Barrientos fue un alcalde honesto, íntegro y decente. Pude meter la pata, pero jamás metí la mano”, ha insistido hoy, tirando de una frase que ha repetido hasta la saciedad todos estos años.

Entiende que la sentencia le da la razón. No sólo porque le haya eximido de casi todo lo que se le achacaba, sino porque contiene un puñado de frases que avalan su gestión. En particular, en relación a los convenios de planeamiento y de enajenación de aprovechamientos urbanísticos, cuya supuesta infravaloración servía (según la acusación) para alimentar una Caja B y C con la que enriquecer a técnicos y políticos y nutrir las arcas de partidos políticos. 18 años después, los magistrados han concluido que, al contrario, el ayuntamiento ingresó más de lo previsto con esos convenios y que todos tenían sus informes exigibles, y alguno más. “En la tramitación de todos los convenios, cuya legalidad no se cuestiona, se cumplieron de forma escrupulosa todas las exigencias procedimentales, habiéndose además establecido por parte del Sr. Barrientos, como trámites adicionales, algunos que no resultaban legalmente exigibles”, recoge la sentencia.

Barrientos ha subrayado que, con esos convenios, Estepona obtuvo plusvalías millonarias, de más de 100 millones. Es la cifra que se obtiene de restar la cifra recogida por la ponencia de valores (el documento de referencia en aquel momento) y lo que realmente se ingresó. Sólo con los que se llevaron a juicio serían 12,2 millones de euros por convenios de aprovechamiento y 65 por los de aprovechamiento. En cambio, el documento sobre el que pivotó el inicio de la investigación, el llamado Informe Codelsa, fue desacreditado por los magistrados durante el juicio al no tener firma, sello ni autor conocido. No se sabe muy bien cómo llegó a la investigación.

“Ha habido gente que se ha quedado en el camino”

A pesar de sacar pecho, lo cierto es que Barrientos ha sido condenado, y dice que por eso no está contento y recurrirá. La Audiencia Provincial cree que es culpable de un delito de cohecho pasivo impropio. Es decir, recibir un regalo no como agradecimiento por una actuación concreta, sino por razón de su posición. También eso lo niega. Asegura que la televisión nunca la recibió y que los supuestos regalos de cumpleaños, como unas corbatas Loewe, no fueron para él porque esa fecha quedaba lejos. También que los viajes que le pagó un patrocinador fueron de trabajo y a eventos públicos de los que hay nota de prensa. “Es de risa. Yo no fui a tocar las palmas. Es un dinero que se ahorró el ayuntamiento”. Respecto a las obras de su casa, asegura que ha entregado facturas y certificados.

“La condena es un acto de fe. Algo me tenían que buscar, después de 18 años de esta aberración, de este sufrimiento: ha habido gente que se ha quedado en el camino, que se ha suicidado, ruinas, gente que ha tenido infartos por esta infamia…”.

De momento, ha anunciado recurso ante el Tribunal Supremo y pedido a la Audiencia Provincial que aclare su sentencia, para que esta recoja en su fallo no solo su condena por el cohecho, sino su exoneración de todos los demás delitos de los que se le acusaba.