La reciente sesión en la que el Parlamento Europeo mantuvo vivas las alertas sobre el deterioro de Doñana sirvió para constatar sobre todo la conexión entre PP y Vox (que votaron en contra) en esta cuestión, una alianza a la que esta vez no se unió Ciudadanos, pero también para adivinar los planes de la Junta de Andalucía en relación con la regularización de regadíos ilegales en el entorno de Doñana que se tramita en el Parlamento andaluz. Estos regadíos, se apuntó, “nunca podrían beneficiarse del derecho de aguas subterráneas”, pero sí “de aguas superficiales”. ¿Y cómo se haría? Pues aumentando el trasvase desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras, que por ley ahora está limitado a 19,99 hectómetros cúbicos y que el Gobierno andaluz propone elevar hasta 50 hectómetros cúbicos (un 250% más) para así dar cobertura a los agricultores que ahora captan de manera ilegal agua del acuífero.
La propuesta la planteó en el Parlamento Europeo el secretario general de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático, Sergio Arjona, que compareció para defender la gestión de la Junta de Andalucía en Doñana. Eso sí, y en sintonía con la carta en la que la administración andaluza daba respuesta a la preocupación de la Comisión Europea por esta iniciativa, Arjona insistió en que la proposición de ley que pretende legalizar estos regadíos “nace en el seno del Parlamento, no del Ejecutivo”, y que “se debe respetar esa separación de poderes”.
En su intervención, incluso transmitió a los europarlamentarios que “si finalmente el Parlamento andaluz se disolviese en el presente mes esa proposición de ley decaería”. No lo haría, subrayó, “la necesidad de que llegue agua superficial a Doñana”, y en este sentido conminó al Gobierno central a que “cumpla” con el desarrollo y ejecución de las infraestructuras de la ley del trasvase del Tinto, Odiel y Piedras a la cuenca del Guadalquivir.
Unos recursos ya comprometidos
En la actualidad se trasvasa una cantidad que está bastante lejos de los casi 20 hectómetros cúbicos autorizados, para lo que son necesarias unas obras que debe acometer el Ejecutivo central y cuya reclamación es uno de los motores que impulsa la proposición de ley. El problema, al margen de la lentitud en la acción del Gobierno, es que las infraestructuras necesarias tardarán años en estar disponibles y además hay serias dudas ambientales sobre algunas de ellas, como la presa de Alcolea.
Otra cuestión es que esos 20 hectómetros cúbicos ya están comprometidos básicamente para que le lleguen a agricultores que ahora tienen permiso para usar los recursos del acuífero, sustituyendo así aguas superficiales por subterráneas. Y en este contexto es en el que se enmarca la propuesta de la Junta de aumentar los trasvases, para así dar cobertura a lo que se regularice a partir de ahora.
Y es que el Gobierno andaluz recuerda que el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, todavía en fase de tramitación, incluye medidas que suponen una reducción de extracción de aguas subterráneas de 100 a 71 hectómetros cúbicos. “Si se incrementase el volumen del trasvase de 19,99 a 50 hectómetros cúbicos permitiría reducir la extracción de agua subterránea en Doñana a la mitad”, defendió Arjona, que a su vez adelantó que “la Junta de Andalucía está dispuesta a aumentar dicho volumen de trasvase”.
Se regularizarán 748 hectáreas
El secretario general, asimismo, minimizó el alcance de la proposición de ley, alegando que se trata de una modificación de un plan de ordenación del territorio y que “por lo tanto en ningún momento se otorgan derechos de agua”. Asimismo, y aunque en la propia iniciativa legislativa se dice que se regularizarán 1.600 hectáreas (cifra que los ecologistas elevan hasta 1.900), Arjona aseguró que finalmente serán 748 hectáreas que necesitan 3,3 hectómetros cúbicos al año. “Esto requeriría la aprobación de un nuevo incremento del volumen del trasvase”, insistió.
En esta línea, el secretario general de Medio Ambiente reprochó al Gobierno central que ha sido “poco ambicioso” en el nuevo Plan Hidrológico del Guadalquivir, ya que entiende que se podría haber incluido el trasvase que ahora propone la Junta de 50 hectómetros cúbicos proveniente del Tinto, Odiel y Piedras. Esta cuenca la gestiona la Junta, mientras que el Estado hace lo propio con la del Guadalquivir, y el Ejecutivo andaluz entiende que con esta ampliación del trasvase se habrían dado pasos más firmes para disminuir la explotación de los acuíferos de Doñana.
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