El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), mantiene sin cambios la hoja de ruta que persigue el indulto de 1.460 hectáreas de cultivos en la Corona Norte de Doñana que a día de hoy riegan de manera ilegal esquilmando el acuífero que abastece este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad. De hecho, ha vuelto a esgrimir los dos mismos argumentos que ya utilizó hace una semana al referirse por primera vez a esta cuestión, a la que restó gravedad al asegurar que “no existe ampliación de regadíos” y que estas tierras están a 30 kilómetros de la delimitación del Parque Nacional.
Moreno Bonilla ha insistido en defender la proposición de ley presentada por PP, Cs y Vox en el Parlamento andaluz, aunque a la hora de la verdad se agarra a un tecnicismo: de aprobarse, la norma efectivamente no supone sobre el papel que se aumenten los regadíos, en primer lugar porque el Gobierno andaluz no tiene esta potestad, que corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), un organismo estatal. La norma lo que pretende es modificar la Ley Forestal y el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana aprobado en 2014, para así reconocer estas 1.460 hectáreas como suelos agrícolas regables (SAR), y a partir de ahí los agricultores tendrán que llamar a la puerta de la CHG para que les dé el permiso para regar. Y la Confederación ya ha sido rotunda al asegurar que no hay agua y que no se aumentará la superficie de regadío de ninguna de las maneras.
Otro tecnicismo es que no habrá un aumento de regadíos si se cuenta con que esta superficie ya se está regando, aunque sea de manera ilegal porque los agricultores carecen de licencia para ello. E incluso el argumento de los 30 kilómetros de distancia no deja de ser un eufemismo, porque el agua se extrae del mismo acuífero del que bebe el Parque Nacional para mantener unos cultivos que se reparten por los términos de los municipios onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
Pese a todo, Moreno Bonilla ha vuelto a defender este lunes en Cádiz, donde se ha celebrado el Consejo de Gobierno, los “derechos históricos” que asisten a estos agricultores, unos derechos que el secretario de Estado de Medioambiente, Hugo Morán, dijo la semana pasada que “sólo existen en la imaginación del presidente de la Junta de Andalucía”. Y ha insistido en la defensa del mecanismo elegido (una proposición en vez de un proyecto de ley que impulse el propio Gobierno andaluz) porque así se impulsa una “altísima participación”, aunque con esta vía no hay obligación de pedir a la CHG informes que son preceptivos.
Con todos estos argumentos, el presidente andaluz considera que se ha generado una “alarma innecesaria” y que se está actuando con “demagogia”. La iniciativa lo que persigue es no convertir al Parque Nacional en un enemigo de su entorno social y económico, y en todo caso hablamos de “un proyecto largo y permeable” con el que se pretende “dar una solución a un problema que lleva pudriéndose demasiados años”, de lo que por cierto ha responsabilizado a la Confederación Hidrográfica.
Asimismo, y tras subrayar que “hace falta debate y diálogo”, ha garantizado que estamos ante un proyecto “riguroso y sereno” que acabará por propiciar “una solución compartida, equilibrada, ponderada y ajustada al entorno”. Estas premisas, no obstante, chocan con las prisas expresadas por los grupos parlamentarios de PP, Cs y Vox, que pretenden que su proposición de ley se tramite con la mayor celeridad posible y acortando plazos.
Todos estos argumentos siguen sin convencer al Gobierno central, que este lunes ha vuelto a hablar por medio de su vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para instar al Ejecutivo andaluz a actuar con “responsabilidad institucional” y “no aliarse con fuerzas antisistema” para cubrir “situaciones ilegales” en Doñana. El proyecto, de hecho, lo considera “perjudicial y perturbador”.
Ribera ha señalado en un acto en Madrid que “finalmente” no se van a poder “permitir explotaciones a freseros sin plantaciones legalizadas” porque “no hay agua” y se trataría de “explotaciones ilegales”. “Es irreal, es imposible, no hay agua, habría que quitar derechos de los regantes legales para poder dárselo a los ilegales, por tanto no tiene sentido”.
Así, y además de recordarle a la Junta de Andalucía que la “ley vincula a todos”, ha lamentado que hay agricultores que “ven amenazada” la exportación de sus productos “precisamente porque a las grandes cadenas alimentarias y de distribución de Europa les genera pánico poder estar comprando productos ilegales, regados con aguas ilegales que están secando parques nacionales”. “Yo creo que en lugar de aliarse con las fuerzas antisistema y buscar la cobertura de situaciones ilegales que dañan todos, lo que corresponde esperar de un gobierno es que un comportamiento así no salga gratis”.
En una línea similar se pronunciaba el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que este lunes ha incidido en que hay “hechos constatables” de una “situación de sobreexplotación” en el Parque Nacional y ha recordado que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) con el mandato de preservar Doñana que el Gobierno “tiene que cumplir”, por lo que ha pedido al Ejecutivo andaluz “que sea igual de serio y de riguroso”.
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