El coronavirus entiende de casas

Fue la cadena de televisión alemana Deutsche Welle la que lo puso encima de la mesa en prime time: las altas cifras de contagios en España se deben a la precariedad como modo de vida. Salarios bajos, empleo precario, explotación laboral, trabajadores sin asegurar, imposibilidad de teletrabajo y elevado precio de la vivienda que nos obliga a compartir pisos y, en muchos casos, a vivir amontonados.

Esta pandemia ha alterado el planeta tal y como lo conocíamos. Lo ha sacudido todo y nos ha puesto delante del espejo para que veamos cómo emergen las carencias del mundo en el que habitamos, donde el dónde vivimos, el cómo vivimos y el en qué condiciones vivimos, son factores determinantes para la salud y para las vidas de las personas.

En el caso de la Covid19, es patente que las malas condiciones económicas son un factor predisponente para tener más probabilidades de ser contagiado o de transmitir la enfermedad, por las condiciones que conlleva el trabajo o los hacinamientos en pisos. Este es un hecho que a nivel de todo el país se ha demostrado en las ciudades más grandes, donde se puede ver que los brotes o la incidencia es mayor en los barrios más humildes, con casas más pequeñas y hacinadas que en los barrios de renta más alta, donde es más sencillo hacer confinamientos dentro de las propias casas y existen mayores posibilidades y facilidades de teletrabajar.

Hay múltiples estudios que demuestran la importancia del lugar de residencia en relación con la calidad de vida y los determinantes de salud. Uno publicado en Estados Unidos hace poco más de un año señalaba que, en varias ciudades de Estados Unidos, la esperanza de vida promedio en ciertas comunidades es de 20 a 30 años menor que las que se encuentran a sólo unos kilómetros de distancia. En general, las disparidades de salud se basan en una interacción de factores raciales, económicos, educativos y sociales.

Por si esto fuera poco, el coronavirus ha sacado a relucir que no sólo es determinante el código postal, el pueblo, el barrio o la ciudad en la que vivimos, sino también un espacio tan íntimo como la vivienda en la que habitamos. Y es que para mantener la distancia social se necesitan metros cuadrados y para poder ventilar se necesitan ventanas al exterior. No es lo mismo vivir en un apartamento que en una unifamiliar. No es lo mismo disponer de una habitación para cada persona que compartir dormitorio. No es lo mismo tener espacios al aire libre, terrazas o jardines, que no tenerlos. No es lo mismo habitar una vivienda con ventanas al exterior que con ventanas a un patio interior o, en el peor de los casos, sin ventilación.

En este mismo sentido, se expresaba un estudio realizado este verano en Barcelona; “La covid-19 no entiende de fronteras, pero se ceba con los entornos desfavorecidos”, rezaba dicho informe. Es cierto que los que tienen un nivel de vida superior también pueden contagiarse, pero no es menos cierto que las probabilidades de contagio son menores. Esto es, cuanto peor sea el nivel de vida, cuanto más precario sea, más probabilidades de contagio.

Estas conclusiones vienen a reforzar la idea de que el nivel de vida, educativo, económico y social determina el nivel de salud, y hasta la esperanza de vida de las personas. Nunca debería ser así, pero en estos tiempos que corren, en los que la vivienda es sinónimo de protección, nadie puede quedarse en la calle, ni nadie debería vivir en infraviviendas.

Con la que está cayendo, no es admisible que familias sufran desahucios sin alternativa habitacional. Es cierto que hay mecanismos como la ley aragonesa 10/2016 de medidas de emergencia social que ya prohíben los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables, pero es imprescindible acabar con la burocracia que complica el cumplimiento de este derecho. Al mismo tiempo, será necesario ampliar los parques públicos de vivienda, fundamentales para poder garantizar alternativas habitacionales. También es un avance el Real Decreto-ley que prohíbe los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad mientras el estado de alarma permanezca vigente. Pero una vez se supere esta situación, ¿qué hacemos? Es necesario avanzar hacia la prohibición de los desahucios más allá de la duración del estado de alarma. Es una cuestión de salud, de justicia y de dignidad.

De aquellos polvos, estos lodos. Las políticas austericidas derivadas de la crisis del 2008, se convierten en importantes desigualdades sociales que tienen su traslado, no sólo en términos de precariedad laboral, dificultad de acceso a una vivienda, debilitamiento de los servicios públicos o mayor pobreza infantil, sino que indirectamente estos factores redundan en una peor calidad de vida y una peor salud de determinados sectores de la población. El canal de televisión alemán sacaba a relucir a los datos de Eurostat para trasladar que “los salarios anuales netos de una familia española con dos hijos son, de media, 20.000 euros más bajos que en Alemania. Sin embargo, un estudio de Wohn-Magazin Magazyne muestra que un apartamento es solo un poco más barato en promedio”.

Por lo tanto, es imprescindible acabar con las desigualdades sociales y económicas entre los barrios de una misma ciudad, para así mejorar de una forma global y completa la calidad de vida de toda la ciudadanía. Porque no solo hablamos de trabajo, acceso a la vivienda, proyectos de futuro, familia u ocio. Sino que todos los estudios que llevan casi una década saliendo nos muestran una clara relación entre desempleo y pobreza con una menor esperanza de vida.

La vacuna ha sido la mejor noticia en lo que llevamos de año. Un balón de oxígeno que nos permite ver más cerca la luz al final del túnel. Pero no podemos engañarnos. La vacuna es el remedio al mal de la covid, a sabiendas que esta vacuna no será la solución a todas las pandemias. Y es que, científicos de todo el mundo alertan de que estas crisis sanitarias se repetirán con mayor frecuencia. Aprendamos de ésta para minimizar los impactos de la próxima. Así, salvar vidas no dependerá únicamente de una vacuna que tarda un año en desarrollarse. Seamos valientes y ataquemos lo estructural para garantizar derechos y protección a toda la población. Trabajemos con mirada larga para no seguir siendo un país vulnerable ante la coyuntura.

Estos hechos hablan, muy claramente, de la necesidad de liderar políticas sociales y progresistas para que no sólo disminuyan las desigualdades sociales, se brinden mejores oportunidades laborales y, a la vez, que se garantiza el acceso a una vivienda digna, si no que Pero también nos piden una reflexión para que los determinantes de salud mejoren, de forma indirecta, con los innegables beneficios que ello conlleva. Queda claro que son necesarias dichas acciones políticas, sobre todo, en estos tiempos de pandemia, para asegurar en definitiva, el bienestar y la salud de toda la sociedad, sin importar su renta, su código postal, o barrio de residencia.