La Cámara de Cuentas de Aragón someterá a examen la gestión de la sociedad La Nueva Romareda
El PP y Vox han propiciado que en la sociedad La Nueva Romareda, entidad de carácter público-privado impulsada para la construcción del nuevo estadio de fútbol en Zaragoza, no esté ningún grupo de la oposición. Sin embargo, eso no impedirá que la gestión de sus socios sea analizada por la Cámara de Cuentas de Aragón.
Los grupos políticos en las Cortes aprobaron el pasado día 2 la propuesta sobre las prioridades que se van a incorporar al programa de fiscalización del órgano de control autonómico y entre ellas figura la gestión económico-financiera, contable y operativa de la sociedad La Nueva Romareda S.L. También otras cuestiones como los procesos de estabilización de personal en la Comunidad Autónoma o tanto el contrato de transporte sanitario urgente como el no urgente.
Aún no se sabe cuándo ni con qué intensidad, porque la Cámara de Cuentas todavía tiene que establecer su propio calendario de trabajo, en el que se fijarán las fechas y las directrices técnicas. Fuentes de la Cámara de Cuentas apuntan que todas las propuestas aprobadas en las Cortes se incluyen automáticamente en el programa, al que sí que se puede añadir alguna otra iniciativa importante.
Con la fiscalización de La Nueva Romareda se acabarán conociendo las interioridades de la actuación de los tres socios: el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Real Zaragoza. Hay que recordar que esta entidad es la única sociedad municipal del Consistorio zaragozano sin presencia de los grupos de la oposición, ya que esto no sucede en el Consorcio de Transportes, la Comunidad de Usuarios del Canal Imperial, Mercazaragoza, Los Tranvías, Zaragoza Alta Velocidad o Zaragoza Ciudad del Conocimiento.
A finales de noviembre, el grupo municipal del PSOE presentó una moción que instaba a ello, tras el anuncio de la alcaldesa, Natalia Chueca, de que el coste para las arcas municipales del campo aumentará de 40 millones de euros a un mínimo de 76. Sin embargo, la negativa del PP y la abstención de Vox tumbaron la propuesta. La formación de extrema derecha ya hizo que fracasara el pasado mes de abril una iniciativa en el mismo sentido.
Otras prioridades
Además de esta, la Cámara de Cuentas de Aragón llevará a cabo más de una decena de iniciativas fiscalizadoras, que se concretarán cuando cierre su programa oficial, previsiblemente en enero.
Respecto al ámbito autonómico, el órgano de control analizará los procesos de estabilización del personal, el contrato de transporte sanitario no urgente y su ejecución en el actual ejercicio, lo mismo para el contrato de transporte sanitario urgente. Y evaluará el cumplimiento de los objetivos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) en materia de atención a menores en dificultad social, y en concreto los conciertos del servicio de atención a menores de 2023 y 2024, y también las subvenciones nominativas de la Comunidad Autónoma para ambos ejercicios.
En cuanto al ámbito local, estudiará el sector público local en cuanto al personal, los contratos y los convenios de 2023 y 2024, a través de una muestra de entidades con menos de 10.000 habitantes. De la Diputación Provincial de Zaragoza, la Cámara de Cuentas de Aragón fiscalizará el personal y las modificaciones presupuestarias de 2024. Y de la de Teruel, las contrataciones a medios de comunicación y publicidad institucional entre 2019 y 2023, algo que también asumirá respecto al Ayuntamiento de Calamocha.
Finalmente, en relación con el Ayuntamiento de Zaragoza el órgano de control analizará la contratación de emergencia de 2023, la concesión de tres líneas de microcréditos reintegrables para autónomos y pequeñas empresas afectados por el Covid, en primera y segunda convocatorias, y la contratación y la contabilidad de la Sociedad Ecociudad durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023, con especial mención a las siguientes cuestiones: convenios con el Ayuntamiento para las obras de reforma de las calles, el canon por el uso de la red de saneamiento e infraestructuras municipales y la prórroga de la concesión de la EDAR de la Cartuja.
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