El Gobierno de Aragón pide al juez que se cumplan “las condiciones de seguridad” en la escuela rural de Caneto

El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, a través de los Servicios Jurídicos, ha puesto este martes en conocimiento del juez el incendio que tuvo lugar el pasado viernes, 13 de diciembre, en las instalaciones de Caneto, que ha dejado inservible una de sus tres aulas, y le ha pedido que se cumplan las condiciones de seguridad en la escuela.

En su escrito, tal y como han explicado la consejera Tomasa Hernández y el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, el Ejecutivo autonómico solicita al tribunal que revise las contracautelas impuestas en su día “para proteger la seguridad de profesores, alumnos y demás personal y exija el cumplimiento riguroso de las exigencias mínimas previstas en el Código Técnico de la Edificación”, detallando qué medidas deben aplicarse y por quién.

Educación ha recordado que las instalaciones están abiertas en virtud de unas medidas cautelares, ratificadas en abril y que incluyeron la contracautela, en el caso de seguridad frente a incendios, de legalizar el sistema de calefacción --con un plazo de dos meses a subsanar desde abril-- y acreditar la resistencia al fuego de los elementos estructurales --durante el periodo no lectivo en verano--.

“No consta que se haya producido ni la legalización del sistema ni presentado informe de resistencia al fuego de elementos estructurales, teniendo como límite máximo la finalización de verano de 2024”, reza el escrito dirigido a la sección 1 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

El Departamento considera que, sobre la base de lo ocurrido y el informe del Servicio de Prevención, Extinción y Salvamento de la Diputación Provincial de Huesca, el sistema contra incendios es “insuficiente” para cumplir con las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación. A modo de ejemplo, detalla que “no se activó ninguna alarma, que el edificio no dispone de equipos para hacer posible la detección ni control del incendio, y que se desconoce si el aula disponía de medios para la evacuación de los ocupantes”.

“El exclusivo objetivo de este Departamento ha sido, es y será garantizar la seguridad física de los alumnos, obligación esencial en toda administración educativa. La actuación de las personas que ostentaron la responsabilidad previamente, asumiendo riesgos por no atenerse a las exigencias legales de seguridad, no puede vincular ni obligar a quienes la ostentan en el presente y tiene la voluntad de observar dichas exigencias legales”, recoge el documento.

Asimismo, como el procedimiento para crear un centro educativo, iniciado de oficio por el Departamento en julio, supondrá aún un periodo como mínimo de varios meses dada las condiciones de transmisión de los terrenos por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) al municipio, Educación pide al juez que se pronuncie sobre las medidas que permitan mantener las condiciones de prestación del servicio en Caneto anteriores al 7 de noviembre de 2023 --tal como se determinó en la cautelar-- ya que defienden que el incendio las ha modificado.

En este sentido, comunica que el aula afectada por el fuego no puede utilizarse para el servicio educativo y que las otras dos aulas no siniestradas tienen el mismo sistema de calefacción, por lo que los riesgos hechos realidad en el aula espacio siniestrada son extensibles al resto de espacios.

“La única opción que queda amparada en la medida cautelar es la agrupación de los alumnos en las dos aulas-espacio restantes, cuyo tamaño es notablemente inferior y cuya situación en relación con el Código Técnico de Edificación es idéntica a la siniestrada”, señala el escrito.

Por ello, se hace “necesario y urgente” que el Tribunal exija el riguroso cumplimiento de la contracautela, que “permita cumplir el objetivo perseguido: la seguridad de profesores, alumnos y demás personal”, concluye.