Lo primero que hace Juan Carlos Méndez cuando se levanta por las mañanas es mirar el tiempo. Si anuncian lluvias, ya se le ha fastidiado el día. A veces no puede ni dormir. Por la noche, tiene que llamar a alguno de los camareros que trabajan en su restaurante para que le haga compañía, admite entre risas. Él es el propietario de La Tropical, un clásico restaurante situado en el centro de Los Alcázares, municipio murciano impactado por varias gotas frías en los últimos meses.
Durante la tormenta de septiembre de 2019, el agua inundó su local. Alcanzó el metro y medio de altura y arruinó mesas, vinos, la comida que había en la barra y la cocina. “Yo nunca había tomado antidepresivos. Ahora me las receta el médico”, señala en un tono más serio.
Una pesadilla recurrente para la gente del pueblo es que se vuelva a producir el episodio del pasado septiembre. A Juan Carlos, las riadas le supusieron un gasto de 37.000 euros solo en limpieza, que invirtió en sacar 154.000 litros de agua y barro del sótano y así poder abrir el restaurante en seis días. Sumando daños públicos y privados, aquella Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ocasionó pérdidas en la localidad de en torno a 200 millones de euros, según el Ayuntamiento de Los Alcázares.
Para desgracia de los vecinos, el fenómeno se repitió en diciembre de 2019, y —antes de que les diera tiempo a reponerse— sucedió de nuevo un mes más tarde, en enero de 2020, aunque el impacto fue bastante más leve.
La situación amenaza con convertirse en la nueva normalidad. Y resulta inevitable pensar en las advertencias de los científicos, cuando avisan de que el cambio climático puede agravar el impacto de fenómenos meteorológicos extremos como las lluvias torrenciales y las olas de calor, aumentando su frecuencia e intensidad.
El problema, no obstante, radica en el hecho de que se han construido urbanizaciones, carreteras y explotaciones agrícolas sobre las ramblas que bajan desde Torre Pacheco, Balsicas y Maraña, que deberían encauzar el agua para que no llegue totalmente desbordada hasta Los Alcázares, como sucede cada vez que hay precipitaciones intensas.
Así lo denuncian los vecinos miembros de la plataforma STOP inundaciones, que reivindican el deslinde de las tres ramblas para recuperar los cauces naturales. Este domingo han convocado otra manifestación para exigir medidas. En la entrada del Ayuntamiento cuelga un cartel que pide “soluciones ya”. “Nos hemos convertido en el sumidero de Murcia”, asevera Mario Cervera, alcalde de Los Alcázares, frente al monumental edificio de la administración local.
Hasta la fecha, en el pueblo hay censados 16.000 habitantes. Pero el agotamiento y la frustración han obligado a algunos de los residentes a marcharse. Otros aún están en el proceso. En las calles del pueblo abundan los carteles de “se vende” y los locales, muchos de ellos ya vacíos después de que las riadas arruinaran los negocios que albergaban, buscan nuevos inquilinos.
El turismo, esencial para la economía local sobre todo durante los meses de verano, deja cada vez peores cifras. Entre la muerte del Mar Menor —a causa del vertido continuado de nutrientes a la laguna— y las inundaciones recientes, “los hoteles están reportando cancelaciones”, afirma Cervera. “Aquí, en pleno centro de Los Alcázares, el suelo ha perdido mucho valor por culpa de las riadas”. Su mayor miedo es que haya una “desafección social que haga que el pueblo se apague, que se resienta la economía y ya nadie quiera invertir”.
También resalta que, aunque en el fondo del problema está la ordenación del territorio, la crisis climática ha hecho que las consecuencias se hayan agudizado en los últimos años. “Antes estos fenómenos ocurrían cada 20 años, pero en los últimos cuatro hemos vivido ya cinco grandes inundaciones: 2016, noviembre de 2018, septiembre de 2019, diciembre de 2019 y enero de 2020”, enumera. Y el hecho de que las últimas riadas hayan venido tan seguidas, advierte, sólo ha afianzado la sensación de inseguridad y de impotencia entre la gente. “Viven con miedo”, se lamenta.
Ferreterías Marín, el negocio de Ponziano Marín y su familia, ha sido uno de los más perjudicados por las gotas frías. La DANA de 2016 destruyó por completo el sótano donde almacenaba mercancías valoradas en cerca de 300.000 euros, según sus cálculos. El Consorcio de Compensación de Seguros le dio unos 70.000. Aunque es domingo, Ponziano está todavía trabajando en su despacho, rodeado de electrodomésticos, televisores y artículos de bricolaje. Lo hace porque no le queda otra. “Para recomponernos hemos tenido que trabajar así, también los domingos”. Cuenta que ya antes del suceso le era difícil sacar el negocio adelante, especialmente desde que Amazon —empresa a la que denomina “la ametralladora”— impuso la venta online. Pero los últimos tres años desde la pérdida de su almacén han sido especialmente difíciles. Le tiembla la voz cuando rememora lo ocurrido. “Lo que no habré llorado con mi familia…”
Con todo, dice que no se irá. “Yo soy de Los Alcázares y amo mi pueblo. Además, no es fácil trasladar esto y empezar de cero a mi edad”.
De los residentes, los primeros en abandonar han sido los alquilados, que se han mudado a territorio más seguro. Para los propietarios no ha sido tan fácil. Sólo los que tienen en el pueblo su segunda vivienda o tienen otras alternativas han podido permitirse vender sus casas a precios de chollo. El resto no puede mudarse con el dinero que les ofrecen por sus viviendas. Y la mayoría tampoco quiere.
“Aquí hemos sido muy felices. Compramos esta casa hace 8 años y hasta ahora no habíamos tenido estos disgustos’, dice Teresa Alcolea, que perdió todo su piso de abajo —su cocina, sus muebles, sus recuerdos— en las riadas del pasado septiembre. Esta madrileña llegó a Murcia movida por el trabajo de su marido, Fran, que es mago y cómico. A Fran le salían cada vez más bolos en la región y decidieron que les valía la pena mudarse. Ahora, él trabaja en una fábrica y ella se ocupa de mantener el hogar. ”¿Cómo vamos a vender nuestra casa, quién va a querer vivir aquí?“, se pregunta Teresa. ”No vamos a regalarla. Hemos trabajado mucho en ella y tampoco tenemos a dónde ir“.
Lo que no les dijeron cuando compraron la casa es que su urbanización, La Dorada, estaba en terreno inundable. Tanto, que ha sido declarada “zona cero” de las inundaciones, al estar en primera línea frente a la entrada del agua en el pueblo. “Lo peor de todo es que esta urbanización contó con la aprobación tanto del gobierno municipal como del autonómico para su construcción”, aduce Mario, el alcalde.
Las casas se vendieron entonces por 180.000 euros. Ahora, les están ofreciendo entre 60.000 y 90.000, en función del estado del inmueble. Quienes están comprando son, según los vecinos, inmigrantes y gente con pocos recursos que no pueden permitirse otra cosa.
“En sus anuncios, las casas que están en venta ya no destacan el número de habitaciones o la luz que tienen. Sólo si son inundables o no”, apunta Ponziano.
Algunas casas son directamente rechazadas por las inmobiliarias, o el precio de venta que les proponen es ridículo en comparación con el coste inicial. “A nosotros nos dijeron que se vendería por 40.000 euros”, cuenta Manuela Ortega, llena de rabia. “¿Y a dónde nos vamos a ir con ese dinero?”.
Si fuera cosa de la naturaleza, dice, no estaría tan enfadada. “Pero ahora que sabemos que es cosa de unos pocos, que han construido sobre los cauces para hacer dinero y sin importarles nada más, estamos cabreados. Si esto no era para construir, entonces que rueden cabezas”, sentencia.
Como en la casa de Fran y Teresa, en la de Manuela y su marido, así como en la de su hermana Hilaria, el agua sobrepasó el metro de altura. Arruinó los muebles y las paredes del salón, de la cocina, del patio, del baño y de un dormitorio. Para prevenir futuros desastres, todos ellos han instalado puertas blindadas y han taponado las tuberías por las que les entra el agua. Aun así, siguen pasando miedo. “Antes me encantaba la lluvia”, dice Fran. “Ahora, si veo que va a llover, estoy como un perro cuando oye petardos, inquieto toda la noche pensando en lo que puede pasar”.
A esto se refiere Mario Cervera cuando habla de los “daños psicológicos” que sufre la población de Los Alcázares. El edil, que se ha encontrado con este problema nada más incorporarse al cargo —aunque lo sufrió en su propia casa en 2016, cuando la DANA, por cierto, les pilló sin seguro—, se está movilizando junto a sus vecinos para que la Confederación Hidrográfica del Segura (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica), el delegado del Gobierno en Murcia y la Comunidad Autónoma se pongan de acuerdo respecto a cómo actuar. Estima que solucionar este asunto costaría unos 80 millones de euros en total. “Puede parecer mucho pero, si se tienen en cuenta los daños materiales que han causado las inundaciones, que sólo entre las de 2016 y las de 2019 suman más de 260 millones de euros, 80 millones no son nada”, insiste.
Asegura que el Gobierno central ya se ha comprometido a costear el 50% del arreglo, y que ahora él está intentando convencer al Gobierno autonómico (regido en coalición por PP y Ciudadanos, con el apoyo externo de Vox) para que ponga otro 25%, de modo que el Ayuntamiento sólo tenga que pagar un cuarto del total.
“Pero ahí siguen enredados en las luchas entre partidos políticos, y no se ponen de acuerdo. Yo creo que al final pasará, que invertirán en restaurar las ramblas porque nosotros no tenemos capacidad para asumir la cantidad de agua que nos llega. Lo que me preocupa es que las medidas no lleguen a tiempo”.
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