Una jueza pide que el SEPRONA acredite el valor de patrimonio de Fraguas antes de desalojar el poblado

El Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara ha dictado con la firma de la magistrada María del Carmen Molina una providencia por la cual pide al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil elaborar un informe técnico sobre el patrimonio del poblado de Fraguas y su posible protección, extremo que reivindica antes de proseguir con la petición de la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno regional de avanzar en el desalojo de los pobladores y la restauración de los bienes de el entorno.

Según esta providencia, recogida por Europa Press, la magistrada pide a estos agentes de la Benemérita que recaben el informe que presentó el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC, que remitió una carta al Juzgado de lo Penal de Guadalajara defendiendo el patrimonio arqueológico y cultural del pueblo. Investigadores de varias universidades pidieron también que se estudiase el patrimonio del polémico poblado.

Reclama también una relación justificada e inventariada de bienes de interés cultural que sean objeto de protección elaborada por dicho Instituto, así como normativa aplicable y “razón por la que hasta este preciso momento no se ha dado cuenta de su existencia”.

Pide, asimismo, se recabe el informe elaborado conjunta y coordinadamente por el Instituto de Ciencias del patrimonio y la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en tanto del escrito presentado en fecha del 5 de marzo “se infiere que tiene conocimiento de la existencia de bienes de interés cultural en la zona del monte nº 277 afectado por la presente ejecutoria, en el que den cuenta a este Juzgado de la planificación prevista para ejecutar la sentencia de 7 de junio de este Juzgado sin más demora”.

Contra esta providencia, dictada el 29 de abril, cabe interposición de recurso de reforma en el plazo de tres días.

Fue el pasado mes de marzo cuando el Instituto de Ciencias del Patrimonio, organismo que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), tras conocer lo ocurrido en Fraguas por medio de un historiador de Guadalajara, remitió una carta al Juzgado de lo Penal de Guadalajara defendiendo el patrimonio arqueológico y cultural del pueblo.