El derecho a la vivienda, un pilar central del Estado del Bienestar

El derecho a la vivienda es uno de los pilares fundamentales de una sociedad justa y democrática. Aun así, en Catalunya, este derecho está en peligro constante por los efectos devastadores de un mercado inmobiliario desregulado, que prioriza el beneficio de unos pocos por encima de las necesidades de la mayoría.

El precio del alquiler ha subido un 78% en diez años, mientras la inflación y los salarios crecen el 24%. Datos que evidencian el esfuerzo económico más grande de los catalanes y catalanas para arrendar una vivienda: el 2014 representaba el 30% de los ingresos anuales, mientras que actualmente, supone casi la mitad del salario. Visto así es evidente que este mercado está totalmente descontrolado y que hay que poder aplicar criterios de regulación. 

La Ley Estatal que regula el precio de los alquileres fue un paso importante en la buena dirección, pero no podemos quedarnos aquí, tenemos que continuar avanzando. Porque a cada paso que damos para proteger el derecho a la vivienda, los especuladores acaban encontrando la manera fraudulenta de escapar.

Es por eso que la crisis de los alquileres se ha visto agraviada por el auge del alquiler de temporada. Este tipo de alquiler, pensado inicialmente para cubrir estancias cortas, se ha convertido en un mecanismo perverso para expulsar vecinos y vecinas de sus barrios y hacer los contratos de alquiler todavía más precarios. El resultado es que muchos jóvenes, familias y gente mayor se ven obligados a marchar de sus hogares, mientras los pisos se alquilan a precios desorbitados.

Catalunya necesita una regulación clara y valiente de los alquileres de temporada. No podemos permitir que este tipo de alquiler se convierta en una vía de escape para la regulación del mercado de la vivienda permanente. La regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones es clave para garantizar que estas prácticas no se escapen de las leyes.

Que la vivienda sea para las personas y no para la especulación significa que necesitamos avanzar hacia un parque público de vivienda más robusto y ampliar la protección de los inquilinos e inquilinas. Lo cual tiene que ir de la mano de una política anti-especulativa. O dicho de otro modo, que especular con la vivienda sea un mal negocio.

De entrada, hace falta que la vivienda se reconozca como un bien de uso y de primera necesidad, no como una herramienta para inversiones lucrativas. Por eso, hay que impulsar un plan de recuperación de vivienda de protección oficial que tiene la protección a punto de caducar o que ha caducado hace poco. Así como poner a cero las listas de espera de las mesas de emergencia.

Por otro lado, es fundamental que se prohíban las compras especulativas que no tengan como finalidad la vivienda habitual, tal como se está haciendo en Holanda. Estas medidas ayudan a proteger las vecinas y vecinos de las ciudades. Además, la compra por tanteo de edificios enteros por parte de las administraciones públicas permite evitar que estos edificios caigan en manos de fondos de inversión.

Apostamos, también, por contratos de alquiler indefinidos, que garanticen la estabilidad para las familias y pongan fin a la incertidumbre que sufren muchos inquilinos Y, en zonas tensionadas, es imprescindible la eliminación de las viviendas de uso turístico, que han contribuido directamente a la expulsión de vecinas.

Pero no basta con frenar la especulación: necesitamos un parque público de vivienda que garantice un acceso real a alquileres asequibles. Por eso, proponemos una apuesta por un ambicioso presupuesto que destine el 1% del PIB para políticas de vivienda. El objetivo, de mínimos, es trabajar para llegar a la media europea del 9% de vivienda pública.

Este parque público se tiene que construir tanto directamente por el Incasòl, que se tiene que convertir en una inmobiliaria pública, como a través de colaboraciones con entidades sin ánimo de lucro o de lucro limitado. También es fundamental captar viviendas del mercado privado porque sean cedidas a la Generalitat para su gestión, una medida que ha demostrado ser eficaz para ampliar rápidamente el parque de alquiler asequible.

Y por último, la medida más inmediata que puede aplicar la Generalitat, y que formaba parte del acuerdo de investidura, es aprobar de urgencia el régimen sancionador que prevé la Ley de Vivienda para poner en marcha un equipo de inspección que pueda detectar y sancionar aquellos que ofrecen alquileres por encima del índice establecido o que utilizan los alquileres de temporada de manera fraudulenta.

Es hora de construir una nueva cultura de la vivienda en Catalunya que asegure que la vivienda es un pilar central de nuestro Estado de Bienestar. No podemos seguir permitiendo que la lógica del mercado imponga sus reglas a expensas del bienestar de las personas. La Constitución y la Declaración de Derechos Humanos reconocen la vivienda como un derecho fundamental, tal como lo son la sanidad y la educación. Si no aceptamos que la sanidad o la educación funcionen exclusivamente bajo la lógica del mercado ¿porque si que se permite con la vivienda? 

Garantizar el acceso a la vivienda no es solo una cuestión de justicia social, sino también de garantizar la cohesión de nuestros barrios y ciudades. Tener una vivienda digna es una condición de posibilidad para la libertad. Y por tanto, si queremos ciudades habitables, llenas de vida y diversidad, tenemos que poner fin a las prácticas que favorecen la expulsión de sus habitantes y la transformación en parques temáticos para turistas.