Entidades de derechos humanos negocian un compromiso del Parlament contra el CIE de la Zona Franca

Tanquem els CIEs, SOS Racisme Catalunya y la Fundación Migra Studium han comparecido este miércoles para exigir al Parlamento de Cataluña “un posicionamiento firme y claro, encaminado a cerrar el CIE de Barcelona”. Las entidades celebran el trabajo del Grupo de Trabajo de revisión de los modelos de los Centros de Internamiento de Extranjeros, que ha celebrado cuatro sesiones con la comparecencia de entidades y expertos, pero consideran que el paso siguiente es que el Parlament tome partido en esta cuestión.

Las entidades celebran este grupo de trabajo como una victoria de la movilización.“Hace tres o cuatro años era un tema que no salía en los medios y que la gente no conocía, y esto ha cambiado gracias al trabajo de las organizaciones sociales”, asegura Luis Muñoz de la Fundación Migra Studium. Desde SOS Racismo, Edoardo Bazzaco añade que “una vez más es la sociedad civil catalana que ha trabajado para poner en la agenda un tema de violación de derechos humanos”. Por ello aspiran a seguir marcando la línea y proponen una declaración institucional que quieren llevar del grupo de trabajo en el pleno del Parlament.

Marc Serra, de Tanquem els CIEs, explica que se están reuniendo con los diversos grupos parlamentarios y se muestra optimista. “Hay voluntad por parte de los grupos de que el Parlamento tome un posicionamiento firme en defensa de los derechos humanos”, asegura. Las entidades piden que la cámara catalana inste al gobierno del Estado a cerrar el CIE de la Zona Franca de Barcelona -el único en territorio catalán- en un máximo de seis meses.

Demandas a varios niveles

Serra explica que hay consenso entre los expertos que han comparecido en el grupo de trabajo del Parlament a favor de cerrar el centro de internamiento. Además, apunta que “los juristas explican que los CIEs se podrían cerrar ahora mismo sin tocar ni una sola coma de la ley, sólo haciendo una aplicación garantista de la misma”. El internamiento no forma parte del procedimiento ordinario de expulsión, sino del expediente “preferente”, cuya aplicación las entidades consideran desmesurada.

Más allá de lo que piden que el Parlament reclame al Ministerio, exigen medidas también al Govern. “Debe tomar todas las medidas a su alcance para actuar ante estas violaciones de derechos humanos”, dice Serra. Por ello exigen, por ejemplo, que se ponga fin a las redadas policiales basadas en el perfil étnico de las personas, que realizan la Policía Nacional, pero también los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana.

Las entidades también ponen especial énfasis en los derechos de las personas presas. Piden que se deroguen las instrucciones que hacen que los presos de nacionalidad extranjera vean denegado de forma sistemática el acceso a derechos que tienen otros presos y que hacen que después de cumplir su condena las personas presas sean entregadas a la Policía Nacional para iniciar un proceso de deportación.