El entramado empresarial de Pegasus en Luxemburgo, primer objetivo de los soberanistas espiados

Un edificio funcional frente a un hospital. A primera vista no parece que haya nada de interés en la sede en Luxemburgo –y en Europa– de NSO Group, el conglomerado empresarial israelí que vende el 'software' espía Pegasus. Pero es en el interior de estas oficinas y en lo que sus archivos esconden donde las defensas de los soberanistas infectados tienen puestas buena parte de sus esperanzas para dar con el organismo que encargó espiarlos.

La revelación de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de defensa, Margarita Robles, también fueron espiados por Pegasus ha coincidido con las primeras querellas de los soberanistas infectados ante el juzgado. A falta de saber cómo concreta la denuncia del Gobierno ante la Audiencia Nacional la sospecha de espionaje exterior deslizada por el Ejecutivo, las querellas de los miembros de Òmnium Cultural y la CUP espiados apuntan de forma directa hacia la empresa israelí, sin olvidarse de organismos estatales como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o las fuerzas de seguridad.

La defensa de los espiados de Òmnium y la CUP, que ejerce el penalista Benet Salellas, ha solicitado al juez de Barcelona que investiga el caso que curse una orden europea de investigación para que las autoridades luxemburguesas cooperen con las pesquisas. Se trata de pedir a la filial en Luxemburgo de NSO Group y a las diversas empresas vinculadas a la misma que identifiquen todas sus cuentas bancarias y copias de los extractos entre 2016 y 2022 con el objetivo de identificar “posibles pagadores españoles del 'spyware' Pegasus”. En otras palabras, hallar el dinero para seguir el rastro del espionaje.

Aunque la acuerde el juez, no será una solicitud de fácil resolución. Según informó el ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo el verano pasado tras la revelación del uso de Pegasus contra activistas y periodistas en todo el mundo, NSO Group posee en el pequeño ducado centroeuropeo un conglomerado de hasta ocho empresas. La cancillería luxemburguesa envió un requerimiento a todas las firmas del grupo israelí para recordar que el país “no tolera que las operaciones de empresas de Luxemburgo puedan contribuir a las violaciones de los derechos humanos en terceros países”.

La vía de Luxemburgo tras el silencio de Israel

La petición a Luxemburgo bebe de distintas razones. La primera, el silencio de Israel, país donde NSO Group tiene su sede principal y que no responde a la solicitud de cooperación que el juez envió a petición de la defensa de los republicanos Roger Torrent y Ernest Maragall, los primeros espiados por Pegasus. Israel no ha contestado desde hace más de año y medio a la petición de auxilio del juez de Barcelona para que NSO Group aportara la “información, datos o registros” que conservase respecto los móviles de Torrent y Maragall.

Si Israel ha cerrado una puerta, los espiados confían en que Luxemburgo abra una ventana en virtud de la cooperación mutua entre estados europeos para la investigación de delitos. También han tenido en cuenta los investigados la negativa de Fiscalía y juez instructor a investigar al CNI desde el inicio del caso de Torrent y Maragall. Así, las comisiones rogatorias al extranjero y no las peticiones a organismos estatales parecen ser la única línea de investigación que está dispuesto a tomar el juez.

Hay un tercer factor a tener en cuenta. NSO Group está investigada por la Justicia de varios países. En algunos casos, como las demandas que Apple y WhatsApp han interpuesto contra el grupo israelí en California por usar sus aplicaciones para infectar teléfonos móviles, los expedientes judiciales se pueden consultar a través de Internet. En la causa de California, uno de los alegatos de la empresa israelí para intentar archivar la causa es que no tiene “oficinas” en EEUU, lo que la convierte en inmune ante procedimientos en la Justicia estadounidense. No puede decir lo mismo en Europa.

En paralelo a la petición a Luxemburgo, las defensas de los espiados de Òmnium –el exvicepresidente Marcel Mauri; su responsable de relaciones internacionales, Elena Jiménez; y Txell Bonet, la mujer del exlíder de la entidad Jordi Cuixart– y de la CUP –el exparlamentario David Fernández y los diputados en el Parlament y el Congreso Carles Riera y Albert Botran– quieren que el juez de Barcelona cite a declarar como imputado por revelación de secretos al representante legal de NSO Group. Sería la primera imputación en el caso Pegasus después de que el juez rechazara investigar al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán el año pasado.

Las denuncias señalan que NSO podría ser cooperadora necesaria o coautora del espionaje, en función de cómo vendió y el modo en que controló el 'software' espía. En la causa californiana, el directivo de NSO Shalev Hulio defendió que la compañía cumplía con todos los estándares de protección de derechos fundamentales y que solo vendía Pegasus a condición de que el cliente aceptara usarlo solo para prevenir una acción terrorista, circunstancia que evaluaba una vez el cliente le requería renovar el programa. Ello implica, para los querellantes, que bien NSO Group vendió Pegasus a sabiendas de que iba a ser usado para espiar a ciudadanos por sus ideas políticas o bien que no tuvo suficiente diligencia en la evaluación posterior de su uso.

Aunque el juez ha rechazado por ahora investigar al CNI, los primeros denunciantes piden al magistrado que requiera a la dirección del centro si ha comprado Pegasus y que la Intervención General del Estado y del Ministerio de Defensa aclaren si se ha abonado alguna cantidad a NSO. Tal y como avanzaron el pasado viernes, los soberanistas también piden al juez que pregunte a la Guardia Civil y a la Policía Nacional si les consta que alguna de sus unidades ha “adquirido o utilizado directamente o a través de terceros el citado 'spyware' Pegasus”, así como los correos electrónicos que estos cuerpos policiales y el CNI hayan podido intercambiar con NSO.

¿Unión de causas en la Audiencia Nacional?

La estrategia legal independentista pasa por centralizar las denuncias en el juzgado de instrucción 32 de Barcelona, que desde hace casi dos años mantiene abierta una investigación por Pegasus sin apenas resultados, y los juzgados de Bélgica, Alemania, Suiza y Luxemburgo, donde residen o se produjeron las infecciones a otros dirigentes soberanistas.

Las defensas soberanistas consultadas rechazan que el caso pueda mudarse a la capital de España a la investigación que abrirá la Audiencia Nacional, instancia ante la que Sánchez y Robles han denunciado su espionaje por Pegasus. Algunos letrados, para empezar, ven dudosa la competencia de la Audiencia Nacional para asumir el caso, pero más dudosa todavía consideran la posibilidad de que la causas se puedan unir debido a la “distinta” naturaleza de los espionajes. Hasta que no se acredite que el autor del espionaje es el mismo no se podrían juntar los procedimientos, alegan. “¿Dónde está la conexidad entre Pedro Sánchez y Òmnium Cultural?”, se preguntaban retóricamente fuentes jurídicas cercanas a la entidad cultural soberanista.