La Generalitat ha enviado este jueves una carta a los 27 de centros educativos sobre los que pesa sentencias del 25% de castellano para informarles que, según su criterio, ya no están obligadas a aplicar este porcentaje. Tras una década acatando este tipo de resoluciones judiciales, el Departamento de Educación alega ahora que la nueva ley aprobada por el Parlament en junio hace “incompatible” la aplicación de esta medida en las aulas.
En la rueda de prensa para presentar las novedades del curso 2022-2023, celebrada también este jueves, el conseller Josep González-Cambray ha confirmado el envío de este correo a las direcciones hasta ahora afectadas por el 25%. “A partir de la semana que viene, ningún aula aplicará el porcentaje del 25% de castellano”, ha proclamado. “Es un éxito de país”, ha insistido, al recordar que la nueva normativa se aprobó con los votos de PSC, ERC, Junts y los Comuns, casi el 80% de la Cámara catalana.
“A raíz de las recientes modificaciones legislativas en materia lingüística, todos los centros educativos sostenidos con fondos públicos deben garantizar, a partir de inicio de este curso escolar, el cumplimiento de este nuevo marco normativo, y por lo tanto resultan inc0mpatibles con el citado marco normativo las medidas judiciales que se hayan determinado en aplicación del 25% de enseñanzas en lengua castellana”, insta la misiva. La firma va a cargo de la secretaria general Patrícia Gomà.
El Departamento, que se dirige tanto a los centros con sentencia firme como a los que tenían medidas cautelares, insiste en la validez de su nueva ley en contra del 25%. Después de que el pasado curso el Tribunal Supremo avalara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obligaba a la Generalitat a extender el 25% de castellano como lengua vehicular en todo el sistema educativo, el Govern contraatacó en el último momento con una nueva legislación que no daba margen para los porcentajes. Ante ello, el TSJC vio imposible ejecutar la sentencia y trasladó el caso al Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la nueva norma.
Cambray ha asegurado que este jueves han informado de esta comunicación al TSJC.