El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha ordenado devolver a Aigües Ter Llobregat (ATLL) más de 304 millones de euros por la anulación del contrato de la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat.
Este jueves el tribunal ha dictado tres sentencias consultadas por Europa Press que responden a recursos de ATLL en su litigio contra la Generalitat, y la primera reconoce su derecho a obtener esta cantidad por los conceptos de canon no amortizado, inversiones realizadas no amortizadas y costes de licitación y constitución.
La segunda sentencia publicada este jueves reconoce a la empresa el derecho a ser retribuida por la prestación de servicio que hizo entre enero y febrero de 2019, y la tercera ordena que se le devuelva la garantía definitiva y resarcirla de los gastos de mantenimiento del aval desde que debió producirse la devolución hasta su definitiva cancelación.
Estas tres sentencias corresponden a recursos de ATLL tras la anulación de la adjudicación del contrato, que fue avalada por TSJC y confirmada por el Tribunal Supremo (TS).
Una vez la justicia hizo firme la anulación del contrato, la ejecutó y declaró que el contrato de abastecimiento de agua con ATLL había quedado anulado y entraba en fase de liquidación.
El origen del conflicto se remonta a finales de 2012, cuando la Generalitat encontró en la privatización de ATLL la única manera de cuadrar las cuentas. El consorcio formado por Acciona, el banco de inversión brasileño BTG Pactual y las familias Rodés y Godia-Torreblanca resultó el ganador de la mayor privatización de la historia de la Generalitat: 1.000 millones de euros, de los cuales se abonaron inicialmente cerca de 300. La privatización permitió a la Generalitat reducir 0,5 puntos el déficit de ese año y evitar que superase el límite del 2%.
Pero rápidamente Agbar, la empresa que competía con Acciona por ATLL, llevó la adjudicación al Organismo de Recursos Contractuales de la Generalitat (OARCC) alegando que la oferta de Acciona no cumplía el pliego de condiciones. En enero de 2013, el OARCC dio la razón a Agbar y decidió excluir a Acciona del procedimiento, lo que desencadenó una sucesion de medidas cautelares y recursos por parte de Acciona, Agbar y la propia Generalitat.
Acciona reclamaba que su contrato seguía vigente, mientras que Agbar consideraba que la Generalitat tenía que dejar a Acciona directamente fuera de ATLL y adjudicarle la gestión de la empresa. En junio de 2015 el TSJC anuló todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat para privatizar ATLL. La razón principal era que unas obras que figuraban en las bases del concurso primero como orientativas al final se consideraron obligatorias.