La Oficina Antifraude critica el exceso de contratos del Govern con grandes empresas como Ferrovial durante la pandemia

“Nos lo tenemos que hacer mirar”. En estos términos se ha expresado el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Miguel Ángel Gimeno, para lamentar el exceso de la contratación de emergencia a grandes empresas por parte el Govern y ayuntamientos con excusa de la pandemia. Según Gimeno, la contratación de emergencia podía estar justificada en los primeros meses de emergencia sanitaria, pero pasados diez meses las administraciones deberían volver a los concursos públicos con criterios de libre concurrencia entre empresas.

“Se ha optado por la posición más fácil”, ha constatado Gimeno sobre los contratos de emergencia del Govern, que solo durante los dos primeros meses de la pandemia ascendieron a 65 millones de euros dedicados a camas de hospital, licencias informáticas o servicios veterinarios. Preguntado por el polémico contrato con Ferrovial para privatizar el servicio de rastreo de casos, Gimeno ha criticado que la multinacional no es “especialista” en materia sanitaria, sino que como en el caso de otros contratos de emergencia al ser una gran empresa tiene “más capacidad” para ganarlos por su conocimiento de la administración.

Gimeno ha recordado que Ferrovial no era especialista en el rastreo de contactos de COVID-19, tarea para la que se la contrató. “Se han limitado a gestionar formando a personas que no la tenían, pero sin una técnica especial sobre un tema determinado”, ha indicado, además de criticar que el Govern decidiera “suspender” el contrato con Ferrovial –que posteriormente volvió a estar en vigor. Para Gimeno la suspensión del contrato “choca con la necesidad imperiosa” de suscribirlo por cuestiones de emergencia.

A criterio de Gimeno, “no se trata de sospechar de forma generalizada de todo, sino de extremar la exigencia en la contratación”. Por ello ha abogado por una “auditoría permanente” para comprobar que las contrataciones de emergencia respondían a una política determinada y si han dado resultado o no. El director de la OAC también ha echado de menos la explicación del porqué de algunas subvenciones. “No sabemos si las políticas de favorecer a determinados sectores económicos, o que han necesitado prestaciones o subvenciones, responde a una política y si ha funcionado o no ha funcionado”, ha aseverado. Otra medida propuesta por Gimeno es que todas las direcciones generales de las conselleries las asuman técnicos en vez de políticos para garantizar que las decisiones se ejecutan “conforme al interés general”.

Antifraude publicó una guía sobre contratación pública durante la pandemia y recomendó que cada institución incorporara en su portal de Internet una pestaña donde informara de las gestiones relacionadas con la COVID-19. En este apartado, se deberían pormenorizar los detalles de un contrato, justificar su urgencia tiene y la elección de una empresa determinada. “Que lo expliquen”, ha zanjado el director de la OAC.

El 67% de catalanes cree que hay mucha o bastante corrupción

El director de la OAC ha hecho estas valoraciones durante la presentación de la encuesta bianual sobre la percepción de la corrupción en Catalunya. Los datos arrojan una mejora leve en la visión de los ciudadanos, si bien los indicadores muestran que el 67% de los catalanes cree que hay mucha o bastante corrupción –en 2014 era el 82%. “Es un porcentaje demasiado elevado y nada satisfactorio”, ha sostenido Gimeno.

El ámbito que sale peor parado es la política: el 53% de los encuestados cree que hay poca o nula honestidad de los profesionales de la política y el 76,5% cree que la corrupción está muy o bastante extendida en el terreno político, aunque baja el porcentaje de gente que cree que los partidos se financian ilegalmente (del 52% al 43%). Además, el 41,3% de los encuestados ve vínculos demasiado estrechos entre negocios y política, y el 37,2% cree que hay falta de transparencia en las decisiones públicas. También hay un 85,1% que afirma que las relaciones entre cargos públicos y los grupos de interés son poco o nada transparentes y un 59% que considera que las administraciones públicas catalanas son poco o nada transparentes.