Primera jornada del juicio al major de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. La Fiscalía mantiene de momento la acusación por rebelión contra el major y sus dos exjefes políticos, Cèsar Puig y Pere Soler, para los que pide once años de cárcel, pese a la sentencia del Tribunal Supremo que condenó por sedición a los líderes del procés. La mantiene ahora, pero el Ministerio Público ha dado a entender este lunes que la rebajará al final del juicio.
Las defensas han reiterado en el trámite de cuestiones previas lo que ya habían hecho antes de empezar la vista. A su juicio, no se puede acusar ya de rebelión a Trapero, Puig y Soler, habida cuenta de que, a criterio de la Fiscalía, son subordinados de los políticos condenados por un delito menos grave, la sedición. La respuesta del fiscal Miguel Ángel Carballo ha sido ambigua, pero encarada a rebajar la acusación al delito de sedición al final del juicio.
“La Fiscalía es consciente de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y en el momento oportuno se considerará la conveniencia de calibrar la calificación, pero no este no es el momento procesal oportuno”, ha indicado Carballo en respuesta a la controversia planteada por la defensa del major, que ejerce la letrada Olga Tubau; y la de Puig, representado por el abogado Fermín Morales. “Los hechos son claros, otra cosa es la calificación jurídica”, ha terciado el fiscal Pedro Rubira. A lo largo de la vista, ha mantenido, se determinará si los acusados son autores, inductores o cooperadores y de qué delito.
El resto de trámite de cuestiones previas ha sido previsible: Tubau, Morales y Cristóbal Martell, que defiende al exsecretario de la conselleria de Interior Pere Soler, han cuestionado la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los hechos (deberían, según las defensas, juzgarse en Barcelona, a lo que se opone la Fiscalía).
La letrada Olga Tubau también ha pedido al tribunal que dispense a la intendente Laplana de asistir al juicio una vez haya declarado, y ha aportado para fundamentar su petición distintos partes e informes médicos que acreditan que sufre estrés postraumático. Ha solicitado que se admita como prueba documental sendos autos de un juzgado de Lleida y de la Audiencia de Barcelona que exculparon a Mossos y a votantes del 1-O. El fiscal Rubira ha rechazado su admisión alegando que son numerosos los juzgados que han emitido resoluciones relacionadas con este procedimiento y que se acabaría creando una “macrocausa”. “¿Vamos a hacer una causa especial como el franquismo hizo con el marxismo?”, se ha preguntado.
Y el abogado Fermín Morales ha denunciado que la Fiscalía vulnera el principio de legalidad en su escrito de acusación al acusar a Puig en base a una normativa administrativa desfasada, a lo que se ha opuesto Rubira.
Sin políticos pero con la cúpula de los Mossos
El juicio en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares se diferencia en varios aspectos al del Supremo a los líderes del procés de hace un año. No solo por no celebrarse en el histórico salón de plenos del Alto Tribunal sino en un polígono a las afueras de Madrid. También por los asistentes que han acudido como público para arropar al major.
Ningún político de la actual conselleria de Interior ha acudido a la Audiencia Nacional, a diferencia de la primera jornada del juicio en el Supremo, a la que acudieron el president Quim Torra y hasta tres consellers. Por contra, el major y la intendente Laplana sí han recibido el apoyo de la actual y la antigua cúpula policial de los Mossos, empezando por el comisario jefe, Eduard Sallent, y varios comisarios, que han acudido vestidos de paisano, no uniformados. Entre ellos, los antiguos colaboradores de Trapero, Ferran López y Joan Carles Molinero, que no pueden entrar en la sala de vistas porque declararán como testigos.