El Govern está dispuesto a negociar una reforma del delito de sedición para rebajar las penas de los presos

El Govern de la Generalitat ya no rechaza entrar en una negociación sobre la reforma del delito de sedición, que podría servir para rebajar las penas de los líderes independentistas condenados y en prisión. La consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha asegurado que esta será una materia a tratar en la próximo encuentro entre los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra, y en la posterior mesa de negociación entre gobiernos que ambas partes tienen previsto formalizar después de verse.  

Preguntada por la posibilidad de que Sánchez proponga una modificación del Código Penal, Budó ha asegurado que están dispuestos a estudiarlo, porque una opción así formaría parte de su petición sobre el “fin de la represión”. “En estos momentos no me consta que se haya profundizado tanto”, ha asegurado la consellera, que sin embargo ha asegurado que “cuando se trabaje y aborde la cuestión, quizás una de las partes sea la modificación del código penal y del delito de sedición”.

La portavoz del Govern respondía así a la postura mostrada el lunes por el presidente Sánchez en su entrevista en RTVE, cuando no descartó una posible modificación del delito de sedición. Este martes además la portavoz del Gobierno, la ministra María Jesús Montero, ha asegurado que el Ejecutivo central tiene previsto abrir “un periodo de revisión y reforma del Código Penal”, en materias relativas a  “el consentimiento de las mujeres, agresiones medioambientales o los acontecimientos ocurridos en Catalunya”.

La importancia de una eventual modificación del delito de sedición es que podría cambiar la situación de los presos independentistas. El artículo 2.2 del Código Penal dispone que las modificaciones penales que favorezcan al reo tengan “efecto retroactivo”, incluso aunque entren en vigor después que se dictara sentencia firme y cuando el condenado estuviese ya cumpliendo la condena. Así pues, una modificación del delito de sedición podría reducir la pena de los independentistas condenados e, incluso, dependiendo de cómo fuera la reforma, podría dejarles en libertad.

Esta vía es la que siempre ha defendido En Comú Podem, formación que llevó esta reforma en su programa electoral bajo el argumento de que era una forma perfectamente legal y factible para liberar a los presos. Los 'comuns' afirmaban además que la tipificación de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal español se habían quedado fuera del actual consenso social y proponían otras modificaciones en el mismo sentido, como los artículos de injurias al rey o de enaltecimiento del terrorismo.

Por parte del independentismo, en cambio, siempre se ha evitado entrar en la cuestión de la reforma del Código Penal o en la vía de la petición de indultos, entre otras razones porque los presos siempre se han mostrado en público contrarios a que haya peticiones en este sentido. El consenso que sostienen JxCat, ERC, la CUP y las entidades Òmnium Cultural y la ANC en materia de presos es la petición de la amnistía, que a su juicio debe ser declarada mediante una ley.

La portavoz del Govern, sin embargo, este martes no ha rechazado la opción de negociar modificaciones del Código Penal, aunque ha preferido no entrar a valorar las posibles modalidades, considerando que eso debe hacerse en la mesa de negociación entre gobiernos. 

Los independentistas trataron de pactar su posición común en la negociación bilateral en una reunión mantenida la semana pasada. Sin embargo, en ella los partidos discreparon del enfoque que debía darse desde el Govern a las conversaciones, hasta el punto que la CUP acabó descolgándose y no dando apoyo ni siquiera al inicio de los contactos. Los cinco actores en cambio sí mostraron consonancia en que las reivindicaciones de mínimos debían ser la defensa de la autodeterminación y la amnistía.