El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminado este lunes que el decreto que aprobó el Govern para regular la actividad de los vehículos VTC, con los que operaban hasta ahora Uber y Cabify en Barcelona, vulnera el derecho a la libertad de empresa recogido en la Constitución.
Las conclusiones del Consell, que son de carácter consultivo, establecen que el tiempo de precontratación fijado para el servicio de estos vehículos, de 15 minutos como mínimo, constituye una restricción “no razonable” de ese derecho teniendo en cuenta los principios de “adecuación, necesidad y proporcionalidad”.
En la misma línea, considera igualmente contrario al derecho a la libertad de empresa el artículo la disposición adicional primera del decreto ley, con la que la Generalitat da margen a los entes locales para ampliar el tiempo de precontratación y que Ada Colau quería aprovechar para extender hasta los 60 minutos.
El decreto, que entró en vigor el 1 de febrero, supuso la marcha de Catalunya de las dos principales empresas de transporte que operaban con VTC, Uber y Cabify, que se consideraron “expulsadas” por una normativa que les impedía funcionar con la inmediatez en la contratación que permiten sus ‘apps’. Fue entonces cuando Ciudadanos decidió llevarlo al Consell de Garanties.
En la actualidad, las principales flotas de Uber y Cabify, que pertenecen a empresas como Vector Ronda Teleport o Moove Cars, están inmersas en sendos expedientes de regulación para despedir a más de 3.000 trabajadores.
El Govern no tocará el decreto
La portavoz del Govern y consellera de Presidencia, Elsa Artadi, ha manifestado que de entrada el Ejecutivo no tiene intención de modificar el decreto. Ha argumentado en este sentido que las conclusiones del Consell de Garanties no son vinculantes.
“Seguiríamos con todo igual”, ha expresado, y ha añadido que en cualquier caso se trata de un decreto “temporal” a la espera de que aprobar una ley que regule todo el sector tanto de las VTC como de los taxis. De hecho, esta semana el decreto está previsto que sea validado en el Parlament de Catalunya.
La prohibición de la geolocalización, validada
Más allá de los dos apartados que hacen referencia al tiempo de precontratación, el Consell de Garanties Estatutàries considera que la otra medida más controvertida del decreto, como es la prohibición de la geolocalización, sí encaja en la Carta Magna. Tampoco vulnera ningún artículo de la Constitución la obligación descrita en el decreto de que estos coches tengan que permanecer aparcados en garajes privados mientras esperan entre servicio y servicio.