La causa judicial abierta en Tremp (Lleida) va camino de ser la primera en España que siente en el banquillo a responsables de un geriátrico por una mala gestión del coronavirus. Los primeros testigos que han comparecido ante el juez que investiga por homicidio imprudente a la exdirectora de la residencia Fiella y a su exresponsable de higiene sanitaria han corroborado el “descontrol total” que vivió el centro en el brote de la enfermedad que segó 64 vidas de ancianos en noviembre de 2020.
Así lo ha explicado a la salida del juzgado el abogado que representa a una de las familias afectadas, Xavier Prats. Este jueves han declarado ante el juez, como testigos, dos agentes de los Mossos d'Esquadra que se hicieron cargo de la investigación; la entonces gerente de Salud en las regiones sanitarias Lleida y el Alt Pirineu y Aran, Divina Farreny; y la directora que se encargó del centro cuando fue intervenido por la Generalitat, Elena Badia.
Los testigos han corroborado, según Prats, el relato del fiscal en su querella, donde se apunta a que las muertes se produjeron “por la falta de previsión, control y supervisión de la dirección” de la residencia. No se sectorializó la residencia para aislar a los positivos, no había comunicación con los centros médicos cercanos y no se siguieron las “mínimas y básicas medidas de higiene”. Era tal el desbarajuste que incluso constan cuadros de registro de toma de temperatura a ancianos fallecidos.
Pese a superar la primera ola sin apenas contagios, a partir del 19 de noviembre de 2020 la residencia de este municipio de menos de 6.000 habitantes en la comarca del Pallars Jussà (Lleida), se convirtió en un agujero negro donde fallecieron 64 ancianos, lo que supone el 1% de la población del Tremp. También se contagiaron 42 de los 65 trabajadores del centro. El brote fue uno de los más graves registrados en España a lo largo de las distintas fases de la pandemia.
“El plan de contingencia frente al COVID-19 era desconocido, no había listas de residentes o personal ni formación desde el mes de marzo de 2020, y eso que una trabajadora del ambulatorio se ofreció a hacerla y le dijeron que no”, ha aseverado el letrado Prats en declaraciones a los medios de comunicación. Por su lado, el letrado de la defensa, Lluís Salas, ha defendido que “la excepcionalidad de lo que pasó era incontrolable” y que tanto su clienta como “muchas otras personas intentaron evitar el desenlace”.
Las declaraciones de este jueves se enmarcan en la causa abierta contra las dos exresponsables del centro por homicidio imprudente y trato degradante. El mismo juzgado investiga en otra causa contra las mismas imputados un delito contra la seguridad en el trabajo por la falta de equipos de protección a los trabajadores de la residencia. Un total de 49 empleados comparecerán como testigos los días 4, 5, 8, 19 y 26 de abril. La jueza aún no ha citado a declarar a las investigadas.