El fiscal anticorrupción, Fernando Maldonado, ha pedido nueve años y dos meses de prisión para Alfonso Grau, ex vicealcalde de València, en el juicio por la pieza A del 'caso Taula', relativa a la presunta caja B del PP de Rita Barberá.
Anticorrupción mantiene los presuntos delitos de malversación, cohecho, y agrega el de falsedad documental para Grau. A José Salinas y Juan Eduardo Santón, exresponsables de dos fundaciones municipales que presuntamente hincharon el entramado en B para abonar las campañas municipales del PP de València en 2007 y 2011, les pide cinco años y dos meses por los mismos presuntos delitos menos el de cohecho.
El Ministerio Fiscal suprime en su nuevo escrito de calificación el presunto delito de blanqueo al haber archivado la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València la causa del 'pitufeo' relativa al abono de dos billetes de 500 euros a medio centenar de exasesores y exconcejales en la campaña de 2015.
Sobre el nuevo delito de falsedad, el fiscal ha explicado que se trata de “uno de los instrumentos para cometer la malversación” vinculado a los trabajos abonados por fundaciones públicas que no se habrían realizado.
La Fiscalía Anticorrupción mantiene la pena de un año de cárcel para la exsecretaria del PP en el Ayuntamiento de València, Mari Carmen García Fuster, por un presunto delito de cohecho
Atenuante de dilaciones indebidas
El representante del Ministerio Público reconoce la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas (no se practicó ninguna diligencia durante la fase de instrucción hasta 2021, a pesar de que la causa se había incoado en 2016). “Hay dilaciones no atribuibles a las defensas”, ha afirmado el fiscal.
También ha reclamado que se deduzca testimonio por un posible de falso testimonio del testigo clave de la causa, el exasesor popular Jesús Gordillo, que exculpó a Grau en una declaración desmentida posteriormente. Gordillo declaró exactamente lo contrario de lo que dijo durante la fase de instrucción ante la Unidad central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La acusación popular, que ejerce Compromís, se ha sumado a las penas solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción mientras que las defensas han pedido la absolución de los cuatro acusados. En las últimas dos sesiones del juicio, previstas para la próxima semana, se expondrán los informes de las partes.